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El sostén que Vox viene proporcionando a los tres gobiernos autonómicos comandados por PP y Ciudadanos (Cs) en Madrid, Andalucía y Murcia ha derivado en un giro gradual pero constante en asuntos que parecían haber quedado fuera del debate institucional. O, al menos, situados en un segundo o tercer plano. El freno soterrado a las políticas que afectan a las mujeres, la defensa de estrictas medidas de seguridad pero no de integración en capítulos como el de los menores inmigrantes sin familia en España o la censura paterna a actividades escolares complementarias están tomando posiciones en un tablero que, por su dimensión institucional, blanquea y fortalece la imagen del partido ultraderechista.
Un episodio sucedido hace poco más de un mes en Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, aparece como uno de los máximos representantes del ala moderada del PP, ilustra lo enunciado en el párrafo anterior. El 19 de noviembre, la antigua diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez, ahora parlamentaria no adscrita pero con un discurso idéntico al del partido que la expulsó tras una de sus broncas internas en Andalucía, preguntó al consejero de Salud y Familias si el Gobierno PP-Ciudadanos tiene previsto renovar el concierto con clínicas privadas "para que el aborto siga financiado con dinero público". Dos semanas más tarde, el responsable de la sanidad andaluza, Jesús Aguirre, recalcó en su respuesta del 3 de diciembre que él mismo es antiabortista, que el Ejecutivo que preside el líder regional del PP, Juanma Moreno, está implementando un plan de ayuda a las gestantes con dificultades y que nunca antes se había hecho tanto a favor de la vida en Andalucía. Pero no dijo ni una palabra que permita aclarar si se renovará o no en 2021 el contrato suscrito en 2017 con distintas clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
El 18 de noviembre, un día antes de la pregunta de Luz Belinda Rodríguez y en réplica a un tuitero que se quejaba de los 188,8 millones asignados al referido concierto económico andaluz, Vox había escrito desde su cuenta oficial que tales partidas "no aparecen incluidas en los presupuestos del nuevo gobierno de la Junta (PP+C's)". Pero lo cierto es que el acuerdo ha permanecido en vigor aunque sin alharacas, y así lo ha confirmado una experta ajena por completo al Gobierno andaluz y a quien infoLibre pidió ayuda técnica. ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Guardó silencio el consejero de Salud porque la Junta de Andalucía cederá ante Vox tras el pacto alcanzado para las cuentas de 2021 y cortará de un tajo esa línea presupuestaria? ¿O dribló la pregunta porque, simplemente, el PP y Ciudadanos persiguen contentar con gestos simbólicos a la formación que dirige Santiago Abascal? Es decir, a la organización a la que Canal Sur, donde más de un tercio de los trabajadores (540 de 1.400) ha pedido pr escrito el cese del jefe de informativos, elude añadir el adjetivo "ultraderechista". En mayo de 2019, el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, definió en mayo de 2019 como "un partido serio con el que se puede hablar".
Tuit de Vox sobre el concierto económico en Andalucía con clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo
Rubricado justamente el 18 de noviembre, nada indica que el acuerdo tripartito con que PP y Cs se garantizan la aprobación del presupuesto andaluz convierta a Vox en un Eduardo Manostijeras lanzado a podar cientos de millones e imponer recortes sustanciales más allá de los que habrían aplicado los dos socios de gobierno si sumaran mayoría absoluta. Pero que Vox no influya a gran escala en los números no le convierte en un aliado meramente testimonial. Redactado con lo que podría calificarse como habilidad diplomática, el documento [puedes consultarlo aquí] ofrece un versión suave del llamado pin parental -locución que no se nombra– al dejar en manos de los progenitores la "autorización expresa" para que sus hijos participen o no en actividades complementarias. Promete asimismo "auditorías" de determinados programas: pero no de cualquier signo sino solo aquellos que tengan como fin "fomentar la política de género". Y dedica un apartado a los menores inmigrantes no acompañados, los ya conocidos como Menas: pero sin una palabra tampoco aquí sobre fórmulas de integración. Tan solo se habla de "seguridad" en los centros de acogida.
Más aún desde que Alejandro Hernández ocupó la portavocía del grupo tras la salida escopetada del exjuez Francisco Serrano por el escándalo del fraude en ayudas públicas destapado por infoLibre, el panorama andaluz y sus consecuencias para Vox se asemeja de este modo a una lluvia fina que sin inundaciones se infiltra en el terreno del poder. Otro ejemplo lo constituye el ya mencionado pin parental. En el acuerdo presupuestario, no aparece como tal. Pero, engalanado con una frase que promete un solemne cumplimiento de la Carta Magna, el documento apunta exactamente en la dirección de autorizar el veto de los padres a determinados contenidos. "Se procederá –dice el texto– a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución Española".
La batalla de Madrid
El escenario donde Vox actúa como actor secundario pero indispensable para los gobernantes cambia una vez se cruza Despeñaperros y se alcanza Madrid: más que lluvia fina, el discurso de Vox cae sobre el terreno como un verdadero aguacero en una comunidad donde en la escala ideológica el PP ya se situaba a la derecha de la dirección nacional durante la etapa de Mariano Rajoy. En la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, diversos factores indican que, lejos de potenciarse como partido de centro, el PP busca competir con Vox por el sector conservador más escorado del universo electoral. Y esa competición se deja ver en campos como el del enfrentamiento casi diario del PP con el Gobierno central por la gestión de la pandemia. O en las campañas mediáticas que periódicamente ponen el acento en remarcar que, por definición, los menores no acompañados o Menas constituyen una fuente de peligro sin solución de continuidad. La pelea por la caza del voto de la derecha más derechizada se visualiza también en la guerra abierta contra la nueva ley de educación y el apoyo férreo a los colegios concertados.
La batalla por el ascenso protagonizada por la ultraderecha madrileña, donde asoman desde el ataque continuo a la "invasión" migratoria a su perseverancia en pro de un retroceso en las políticas contra la violencia de género pasando por una negativa indisimulada al afianzamiento de derechos para el colectivo LGTBI, todos esos hitos han adquirido tal magnitud que incluso eclipsan el hecho de que, a diferencia de Andalucía y también de Murcia, Madrid no aprobó los presupuestos de 2020 y no ha presentado aún el proyecto para los de 2021: el PP pretende acordarlos con Vox antes de llevarlos a la Asamblea; Ciudadanos, que busca ensanchar visualmente sus diferencias con el partido de Ayuso, quiere que se abra el abanico. Pero lo cierto es que de momento han sido prorrogados de nuevo los presupuestos de 2019 y el Gobierno madrileño sigue sin presentar su propuesta para las cuentas de 2021, cuyo contenido puede marcar el tono de diapasón de hasta dónde llega la cercanía entre el PP y Vox en esta comunidad. Y mientras tanto, el partido de Abascal ejecuta una estrategia que le permite copar titulares con acciones de fuerte poder simbólico como erigirse en el único grupo que hace un mes impidió que la Asamblea de Madrid aprobase una declaración contra la violencia machista. Y ello sin que los dos socios de gobierno encuentren motivos para romper la alianza.
Con una portavoz, Rocío Monasterio, considerada una de las dirigentes más cercanas al extremo de su propio partido, Vox ha conseguido que el sello de lacre de la derecha aparezca más que visible en una comunidad cuya lideresa durante una década, Esperanza Aguirre, fue quien apadrinó el despegue político de Santiago Abascal. No obstante y al igual que en Andalucía, también aquí el PP surfea en determinadas áreas para distanciarse de Vox pero no solo sin infligirle golpes innecesarios o irreversibles sino adaptándose a una atmósfera donde la ultraderecha consolida su fuerza.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, acusó a Vox de "dinamitar el pacto regional sobre Menores No Acompañados (Menas) bloqueando la mesa de trabajo que debería abordar una solución consensuada"."Le pido –agregó en el mismo mensaje –difundido a través de Twitter– que rectifique y abandone su estrategia de confrontación para poder llegar a un acuerdo". Hoy por hoy, Vox sigue siendo el único partido que se opone al pacto. Conclusión: un año después de que Aguado le acusara de dinamitarlo, el grupo que capitanea Monasterio ve cómo sus 12 diputados han logrado inmovilizar un acuerdo de relevancia en una Cámara compuesta por 132 diputados. Distintas encuestas pronostican que la formación de extrema derecha crecería si hoy se celebrasen elecciones.
Que el Ejecutivo madrileño esquiva dar pasos que enojen a Vox se observa también en lo relativo al aborto. Por ejemplo, el 3 de octubre de 2019, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, afirmó esto en la Asamblea Regional: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha la pasada legislatura un plan específico sobre embarazos no deseados que contiene unas líneas de actuación muy concretas" [puedes leer aquí su intervención]. Y entre esas líneas se encontraba la de los protocolos para que las mujeres decididas a interrumpir de forma voluntaria el embarazo optasen por el aborto precoz, con mucho menor riesgo que el tardío.
Varios meses más tarde, el 13 de marzo de 2020, y en respuesta a una pregunta del PSOE sobre cuándo se había reunido el comité de seguimientos de ese plan integral, el Gobierno al que pertenece Ruiz Escudero respondió así por escrito: "Se informa de que nunca llegó a aprobarse formalmente como tal, de modo que los mecanismos de seguimiento contemplados inicialmente no han llegado a constituirse". A renglón seguido, añadía lo siguiente: "Sin embargo, ello no ha sido inconveniente para llevar a cabo las actividades recogidas en el plan". ¿Pero resulta factible fiscalizar cómo se están llevando a cabo esas "actividades"? Difícilmente, dado que no existe ningún comité de seguimiento de un plan radicalmente opuesto a los postulados de Vox y cuyo borrador había sido lanzado bajo el mandato de Cristina Cifuentes.
Lo más parecido al 'pin parental'
En este slalom donde el PP zigzaguea para no contrariar a Vox en puntos sustanciales sin aparecer como su valedor, la ultraderecha ha visto cómo las ideas que subyacen tras el concepto de pin parental acababan ondeando en Madrid, aunque de forma difusa y sin alusión expresa al nombre acuñado para el veto a contenidos educativos, lo que evita encontronazos judiciales. Tal como lo plantea Vox, el pin parental consiste en que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres para dar a los niños “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. Con esta medida se permite por ejemplo a los padres vetar la educación sexual.
Lo que hizo la Consejería de Educación de Madrid fue enviar en febrero a colegios e institutos instrucciones de obligado cumplimiento durante el periodo de matriculación de nuevos alumnos, que se abría en el mes de abril. En dicho documento, y así lo explicó el diario El Mundo, se indicaba a los centros que deberían hacer público a través de sus páginas web el proyecto educativo, el reglamento de régimen interno y las normas de convivencia. Y que había de ser preceptivo poner a disposición de las familias que desearan consultarlos "los programas educativos, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, señalando las que tengan carácter habitual, los recursos y los servicios complementarios, que figuren en la programación general del curso actual, así como la información relativa a las actividades que conste en la memoria del curso anterior".
Fue en Murcia donde saltó la primera alarma sobre cómo PP y Ciudadanos habían abierto el portillo al discurso de la ultraderecha a cambio de su apoyo. Y lo que activó algunas alertas fue precisamente el pin parental, que hace apenas dos décadas habría parecido una iniciativa casi tan peregrina como secundar a algunos territorios de EEUU en la prohibición de que en los colegios se enseñara la Teoría de la Evolución de Darwin. Incluido por exigencia de Vox en el pacto de investidura que en 2019 aupó a la presidencia regional a Fernando López Miras, del PP, el pin parental sufrió su primer revés en marzo de este año: tras el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, el Tribunal Superior de Murcia (TSJMU) lo suspendió cautelarmente.
41 zonas básicas de salud y 14 localidades de Madrid estarán cerradas perimetralmente a partir del lunes
En una decisión que le evitaba entrar en el fondo del asunto, el mismo tribunal archivó en julio el recurso del Ministerio con el argumento de que el curso había terminado y, por tanto, la impugnación de la norma autonómica carecía ya de sentido. Vox celebró sin tapujos el archivo de las actuaciones, como constata el tuit que aparece aquí debajo.
Tuit donde Vox celebra el archivo del recurso del Ministerio de Educación
Este curso, Murcia no ha dado instrucciones a los colegios para que apliquen de nuevo la más que polémica norma. Pero lo sucedido en Madrid y en Andalucía indica dos cosas: que ni Vox ha tirado la toalla en un área clave –la educación– ni el PP y Ciudadanos han colocado diques para frenar en seco su influencia en las políticas públicas.
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