Este martes fue presentada la Plataforma Contra los Fondos Buitre, una iniciativa que parte de diversos colectivos sociales con una vocación clara: poner coto a la especulación y crear una ley estatal que impida operar a estos fondos "que se enriquecen destrozando los derechos básicos de la población". Mercedes Revuelta (PAH) y Vicente Losada (Audita Sanidad) han recordado los efectos de los fondos buitre en sectores como la vivienda, la sanidad o los servicios de atención a la dependencia y han subrayado que el país ya está sufriendo las consecuencias de los inversores especulativos.
"El Estado español no se ha visto afectado, hasta el momento, por la acción de los fondos buitre sobre su cuantiosa deuda pública", ya que "el paraguas que le ofrece el Banco Central Europeo ha servido hasta la fecha como protección, aunque nada impide que en el futuro la situación pueda empeorar", señala la plataforma. Servicios de primera necesidad como la sanidad o la vivienda, no obstante, sí se han visto salpicados por los efectos de estos fondos, que "han desembarcado en el país" con el objetivo de situar a dichos sectores en el punto de mira y degradando la calidad de los mismos.
Vivienda
"Los fondos están atacando a la vivienda" y lo hacen "comprando miles de viviendas" que hasta ahora pertenecían a los bancos, ha explicado Revuelta. Tras el rescate bancario "los bancos han estado deshaciéndose de sus hipotecas e inmuebles" y buena parte de ellas han pasado "a manos de la Sareb, el llamado banco malo". El problema es que, en lugar de "ser el gran parque de vivienda social", el banco malo se ha dedicado "a repartir en grandes paquetes los activos inmobiliarios entre fondos buitre". El resultado, ha denunciado Revuelta, es que un fondo buitre puede poseer miles de viviendas en un barrio concreto y por tanto controlar el mercado de vivienda de esa zona.
"Ahora mismo hay una burbuja en torno al alquiler absolutamente bestial, por los precios disparatados y por las condiciones" de arrendamiento y todo ello tiene parte de su origen en "movimientos especulativos de un fondo de inversión para ganar a corto plazo". ¿De qué manera ganan estos fondos? A juicio de Revuelta, "los políticos se lo han puesto en bandeja". "Todo esto está siendo preparado, por eso ha habido una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos absolutamente vergonzosa". También ha sido cambiada las forma en que las Socimis, "empresas dedicadas por lo menos en su 80% al mercado del alquiler", pagan impuestos en el país.
Como resultado, "más de tres millones de viviendas" se encuentran vacías y "más de medio millón de familias desahuciadas, con todos los problemas que acarrea". Las expulsiones han sido en gran medida arbitradas por los fondos buitre "a través del desalojo por usurpación" o mediante "la no renovación de contrato", lo que se conoce como "desahucio invisible".
1. En el año 2013, bajo la gestión de Ana Botella, la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone por 128,6 millones de euros y el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) hizo lo propio con 2.935 viviendas sociales al fondo buitre Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros.
2. Tan sólo un año después, en 2014, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordó la venta al fondo buitre Blackstone de la cartera de hipotecas tóxicas de Catalunya Caixa por 3.615 millones de euros, "aproximadamente un tercio de su valor nominal", dentro del proceso de rescate de la entidad. Sus restos, finalmente, fueron adquiridos por el BBVA.
3. Desde el año 2016, la banca "ha vendido un número creciente de carteras hipotecarias e inmobiliarias a fondos buitres". Ejemplo de ello es la cartera de viviendas del Deutsche Bank al fondo estadounidense Oaktree, el paquete de créditos hipotecarios del Banco Santander al fondo noruego Axactor o la cartera de viviendas de Caixa Bank a la Socimi Testa, controlada por el fondo Merlín.
Sanidad
Algo similar ocurre en el ámbito sanitario. Así lo ha explicado Vicente Losada, quien ha constatado la "creciente presencia" de fondos de inversión en este terreno. Ocurre que las consejerías de sanidad "conceden un contrato de adjudicación para la construcción de un hospital a empresas constructoras concretas" que llevan la gestión no sanitaria del hospital. A continuación, dichas empresas "venden parte del accionariado a fondos buitre" con la consecuencia de una "precarización" del servicio, "la disminución de las plantillas", una "pérdida de calidad" y la derivación a "hospitales privados o semiprivados propiedad de los fondos buitre".
4. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Sacyr vendió en 2013 el 49% de su participación en el Hospital de Henares (Coslada) al fondo LBEIP BV, cuyo único accionista es Lloyd's Bank European Infrastructure Partners LP.
5. También en Madrid, el Hospital Infanta Cristina, ubicado en Parla, fue escenario de la venta por parte de Sacyr del 49% de su participación en la sociedad responsable de la gestión no sanitaria del citado fondo LBEIP.
6. En el año 2014, Iridium (filial de ACS) vendió sus acciones del Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, al fondo de inversión holandés DIF. En 2016 Sacyr repitió el mismo gesto vendiendo a este fondo su participación en dicho hospital.
7. De nuevo en 2016, las constructoras FCC y OHL vendieron su participación del Hospital del Sureste, en Arganda, al fondo de inversión británico Aberdeen Infrastructure (LBEIP) cuyo principal inversor es Lloyd's. Un año más tarde Globalvia, integrada por Bankia y FCC, vendió sus acciones también a Aberdeen, que controla así el 100% de las acciones del hospital.
8. La dinámica se reprodujo en territorios como la Comunitat Valenciana con el Hospital de La Ribera, gestionado hasta el pasado 31 de marzo por Ribera Salud y cuyos accionistas principales son Centene Corporation (50%) y el Banco Sabadell (también 50% pero además gestionado por el fondo de inversión Bansabadell Inversió Desonvolupament SA). Del Consejo de Administración de Ribera Salud forma parte también el fondo de capital de riesgo Aurica XXII SA. Desde el 1 de abril, la gestión del Hospital de La Ribera se ha recuperado para la sanidad pública valenciana.
9. En Galicia, el Hospital Domínguez de Pontevedra fue vendido en 2016 al fondo de capital de riesgo CVC Capital Partners. "Tenía concertados servicios para atender a pacientes de la sanidad pública, por lo que su venta a un fondo buitre supone un riesgo para la asistencia de éstos", señala la plataforma.
10. Las acciones de los fondos buitre se extienden también a la sanidad privada con "un claro ejemplo de pelotazo". La empresa Capio, titular de hospitales y clínicas privadas, "se hizo tristemente famosa gracias a las luchas de la Marea Blanca". En el año 2005 el fondo de capital de riesgo CVC vendió la empresa Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC) a Capio, multinacional sueca. Ya en el año 2010, CVC volvió a entrar en el accionariado y la empresa pasó a llamarse IDC Salud. Por otro lado, en 2012 el fondo Doughty Hanson promovió la fusión del grupo USP Hospitales con el Grupo Hospitalario Quirón. En 2014, IDC Salud y el Grupo Hospitalario Quirón se fusionaron en Quirónsalud, con CVC Capital Partners como principal accionista. Con estas operaciones, el fondo CVC Capital Partners obtuvo unas ganancias de 2.600 millones de euros.
La respuesta a la pregunta sobre la procedencia de dichos beneficios se explica a través de "los recursos que les llegan de las arcas públicas, que les derivan pacientes y dinero". En definitiva, denuncia la plataforma, "es la ciudadanía la que paga con sus impuestos la fiesta de estos especuladores que, además, contribuyen a deteriorar la sanidad pública".
Dependencia
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La acción de los fondos buitre en el ámbito de la dependencia se refleja a través de las residencias para personas mayores, un sector que según la plataforma factura anualmente cerca de 4.000 millones de euros en el país.
11. Los ejemplos en dicha esfera son menores pero la dinámica adopta expresiones similares. DomusVi Groups es una empresa que posee 135 residencias de ancianos en España. Este conglomerado, a su vez, está controlado por el fondo PAI Partners, que ahora está a punto de venderlo. "Sólo dos años separan el proceso de compra y el de venta", relata la plataforma. En 2015, PAI Partners compró SARquavitae al fondo británico Palamon por 440 millones y Geriatros, al fondo Magnum Capital, por 300 millones. En 2017 mantuvo negociaciones con Intermediate Capital Group (ICG) para vender la mayoría del capital de DomusVi.
12. Finalmente, las residencias Amma, empresa de centros geriátricos y de atención a dependientes, controlada hoy por CaixaBank, fueron adquiridas en 2016 por la familia Mulliez, que tiene participaciones mayoritarias en Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin, Norauto y Kiabi entre otras y que ha sido sometido a control por fraude fiscal en Francia en 2016.
Este martes fue presentada la Plataforma Contra los Fondos Buitre, una iniciativa que parte de diversos colectivos sociales con una vocación clara: poner coto a la especulación y crear una ley estatal que impida operar a estos fondos "que se enriquecen destrozando los derechos básicos de la población". Mercedes Revuelta (PAH) y Vicente Losada (Audita Sanidad) han recordado los efectos de los fondos buitre en sectores como la vivienda, la sanidad o los servicios de atención a la dependencia y han subrayado que el país ya está sufriendo las consecuencias de los inversores especulativos.