Cifuentes deja a medias su plan para revertir los recortes de la 'era Aguirre'

Cristina Cifuentes dimitió este miércoles 36 días después de que estallara la crisis de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y cuando apenas habían pasado unas horas desde que saliera a la luz un vídeo datado en 2011 en el que aparece supuestamente robando cremas en un supermercado. La ya expresidenta regional, que llevaba casi cinco semanas en la cuerda floja, llegó a la sede de la Puerta del Sol en junio de 2015 tras cerrar con Ciudadanos un acuerdo que está cumplido ya al 52%, según la formación naranja. Los conservadores, sin embargo, aumentan ese porcentaje al 72% y aseguran que ya se han puesto en marcha 55 de los 76 compromisos pactados.  

La reducción de altos cargos o la supresión del Consejo Consultivo fueron algunas de sus medidas en sus primeros meses de Gobierno, así como la creación de una tarifa de transporte de 20 euros para menores de 26 años. Pronto tuvo que empezar a hacer frente a la onda expansiva de los sucesivos escándalos de corrupción que han salpicado al PP madrileño en los últimos tres años –casos Gürtel, Púnica y Lezo, Canal de Isabel II, la Ciudad de la Justicia...–, si bien ella intentó siempre mostrar que eran cosa del pasado. De hecho, en la comparecencia en la que anunció su dimisión, aseguró que era su política de "tolerancia cero" contra la corrupción la que le había hecho pagar ese "precio".

En todo caso, con Cifuentes ya fuera del Gobierno regional toca hacer balance de cómo ha sido su gestión. Especialmente en las áreas que copan las tres cuartas partes del presupuesto: sanidad, educación y servicios sociales. Precisamente el día de su dimisión Cifuentes se enfrentaba a la segunda jornada de huelga de un total de seis convocadas por el profesorado de la Comunidad de Madrid contra las pruebas externas que la Lomce prevé realizar en 3º de Primaria y 4º de ESO y que los sindicatos cuestionan por no tener en cuenta "la diversidad del alumnado, su contexto, su evolución y sus características" y porque "solo sirven para acentuar la competitividad entre centros". 

Aunque durante su mandato se recuperó el diálogo tras años de guerra abierta entre la mayor parte de la comunidad educativa y el Gobierno regional, lo cierto es que en el sector se siguen cuestionando muchos aspectos de la gestión de los conservadores, entre ellos, la tendencia hacia la inequidad del sistema educativo a pesar de los buenos resultados que obtiene en el informe PISA. Un trabajo reciente de dos profesores de la Autónoma situó a Madrid entre Hungría y Rumanía, los dos países con los sistemas más fragmentados según los recursos y el entorno de las familias. 

Entre otras cuestiones, los autores atribuían esta situación a la apuesta "decidida" de los sucesivos Gobiernos regionales por fomentar la educación concertada. De hecho, según la última Estadística del Gasto Público en Educación, Madrid es la cuarta comunidad en la que más se incrementaron los fondos consignados a la concertada entre 2009 y 2016. En concreto, un 11%. En contraposición, el gasto educativo total sigue estando un 10,8% por debajo del registrado en 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de inversión educativa antes de la crisis.

Durante su mandato, bajó el precio de las matrículas de las carreras universitarias y los másteres un 10% y un 19%, respectivamente. Sin embargo, como habían experimentado subidas tan espectaculares en los años precedentes, todavía sigue siendo mucho más caro estudiar en la universidad madrileña que antes del tasazo de 2011. En concreto, el precio de los grados se ha incrementado en un 35% y el de los posgrados en un 61% desde entonces. 

Sanidad

En el ámbito sanitario, Cifuentes ha vivido una época relativamente más tranquila tras las fuertes protestas que ocasionó el plan privatizador que pretendía entregar a manos privadas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos y que fue anulado finalmente en enero de 2014 por su predecesor, Ignacio González. No obstante, el pasado septiembre, decidió relevar al consejero de Sanidad que había nombrado en su primer gabinete, Jesús Sánchez Martos, cuyo perfil locuaz –antes había sido tertuliano en Telemadrid– le jugó algunas malas pasadas.

En sus años como presidenta sí ha tenido que bregar con otros asuntos como los recurrentes colapsos en las urgencias o el mal estado de las infraestructuras sanitarias, motivo por el que se comprometió a invertir 100 millones de euros al año para mejorar los hospitales. También las listas de espera para operarse, a la que estaban apuntados 77.916 pacientes el pasado marzo, apenas un 3,2% menos que en enero de 2016, cuando el Ejecutivo regional puso en marcha un plan de choque que no acaba de dar sus frutos. Además, el número de personas que esperan más de tres meses para operarse casi se ha duplicado en ese período: de 4.081 a 8.007.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, sólo tras Andalucía, la Comunidad de Madrid es la segunda con un menor gasto sanitario per cápita: 1.224 euros, una cifra que está muy debajo de las que más invierten por habitante y año, que son el País Vasco, con 1.669 euros; y Asturias, con 1.577. Esta es una cuestión que le afean tanto los profesionales del sector como los colectivos de usuarios, que han denunciado en muchas ocasiones que la baja inversión puede tener efectos sobre la atención a los pacientes. Los trabajadores también reclaman la prometida reactivación de la carrera y promoción profesional.

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En el ámbito de la política social, el Ejecutivo regional ha presumido en los últimos meses de su impulso a la promoción de la vivienda pública a través de la entrega de 1.908 inmuebles, entre los que se incluyen seis promociones de obra nueva; o de haber reducido hasta un 30% el precio de las escuelas infantiles públicas respecto a las tasas que pagaban en el curso 2015/2016. Pero, al igual que ocurre con las matrículas universitarias, sus precios se habían disparado un 175% con el Gobierno de González. 

Por otro lado, el número de personas residentes en la Comunidad de Madrid con derecho reconocido que permanecen a la espera de un servicio o prestación en virtud de la ley de dependencia se ha reducido un 19% durante la gestión de Cifuentes: de 39.224 usuarios a 31.771. Además, los datos oficiales muestran que actualmente hay 31.887 personas más atendidas que en el inicio de su mandato. Actualmente son 120.469. 

Cifuentes se presentó a las elecciones de 2015 prometiendo que iba a bajar los impuestos y lo cierto es que, durante sus casi tres años años de gestión, la Comunidad de Madrid ha vuelto a sobresalir por su escasa presión fiscal, lo que ha supuesto las críticas de otros dirigentes regionales, que la han acusado de hacer dumping fiscal con sus bonificaciones. Es la autonomía que tiene un tipo máximo de IRPF más bajo, el 43,5%, frente al 48% de Andalucía, Cataluña o Asturias. Además, tiene bonificaciones de hasta el 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y entre parejas, del 15% si la transmisión es entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos carnales. Y el impuesto de patrimonio está bonificado en su totalidad.