Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, se sienta este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Baleares como cooperadora necesaria del fraude presuntamente cometido por su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nòos, según el auto de apertura de juicio oral del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.
Pero la defensa letrada de la mediana de los Borbón y Grecia, que encabeza el expolítico de Convergència Democàtica de Catalunya (CDC) Miquel Roca i Junyent, recurrirá en las cuestiones previas a la vista oral a la denominada doctrina Botín, en un último intento de desligar a la infanta de los delitos fiscales cometidos en 2007 y 2008 por su marido, y evitar así la incómoda presencia de la infanta en un juicio al que se han acreditado 590 periodistas de 84 medios de comunicación de todo el mundo.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Roca confirmó que tratará de esgrimir "la falta de legitimación activa por parte del sindicato Manos Limpias como acusación popular" en virtud de la mencionada doctrina Botín, que tiene su sustento en una interpretación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Procesal.
Este precepto impide, en determinadas ocasiones, juzgar a una persona si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso el sindicato Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.
Dos días en el banquillo
Hasta que las tres magistradas que componen el tribunal del caso Nóos decidan esta y el resto de cuestiones previas, la hermana del rey deberá sentarse al menos dos días en el banquillo. Fuentes de la Audiencia Provincial de Baleares han asegurado a infoLibre que la decisión será tomada de forma más o menos rápida, habida cuenta de que no se prevé ninguna novedad importante en las cuestiones previas o en las alegaciones que planteen las partes.
En virtud de la interpretación de este precepto legal, el Tribunal Supremo obligó a un juez a que archivara en diciembre de 2007 el caso por evasión fiscal contra el expresidente del banco Santander fallecido, Emilio Botín Sanz de Sautuola.
En opinión del fiscal Pedro Horrach, el encargado de investigar el caso Nòos, esta jurisprudencia obligaría al juez Castro a sobreseer la causa contra Cristina de Borbón, habida cuenta de que la instrucción solo viene avalada por la acusación popular del sindicato Manos Limpias, que reclama 8 años de cárcel para la hija mediana del rey emérito Juan Carlos de Borbón.
Y por ello el Ministerio Público considera, según el escrito de acusación, que Cristina de Borbón solo deber ser acusada en el juicio como partícipe a título lucrativo, por lo que ya no estaría obligada a sentarse en el banquillo de los acusados.
Doctrina Atutxa
Pero en sentido contrario, el instructor de la causa, el juez José Castro, alude en el auto de apertura de juicio oral a la denominada doctrina Atuxadoctrina Atuxa, en relación a la condena dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 8 de abril de 2008 contra el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa.
El auto del juez Castro sostiene que la segunda sentencia del Tribunal Supremo, que apuntala la doctrina Atutxa, permite a un instructor procesar a una persona a petición de la acusación popular, cuando la Fiscalía no lo reclama. "La nueva doctrina emanada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo avalaba que en tales supuestos la acción popular estaba facultada para solicitar la apertura del juicio oral", especifica la resolución judicial.
Castro interpreta, en este sentido, que la doctrina Botín solo debe aplicarse en los casos particularesdoctrina Botín, sin que se atente contra el interés general. Y por eso el magistrado decidió procesar a la infanta, habida cuenta de que asegura que el delito contra la Hacienda pública es un atentado contra un bien jurídico de interés general.
"Absolutamente legitimada"
"Así pues, la conclusión de este debate no puede ser otra que la representación procesal del sindicato Manos Limpias [...] está en el presente caso absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura del juicio oral frente a las personas en que lo han hecho con independencia de que de ello se hayan abstenido el Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears", completa el juez Castro.
Pero la decisión de Castro vino precedida por una agria polémica entre el magistrado y el fiscal que se ocupó del caso, Pedro Horrach, que en todo momento ha considerado que la infanta no tenía que ser procesada en el Caso Nòos, en el que su marido tiene que afrontar una petición de cárcel por parte del Ministerio Público de 19 años.
Según el magistrado, Urdangarin creó una estructura fiduciaria que desviaba los fondos públicos captados en Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid a compañías mercantiles de su propiedad a través de facturas ficticias. Y para captar los fondos públicos, Urdangarin creó el Instituto Nóos, de cuya junta directiva forma parte la infanta.
Convenios públicos
Tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres se hicieron de forma presuntamente ilegal con 1,2 millones. Este fue el montante del convenio firmado para la celebración de la primera edición del conocido como Illes Balears Forum (2005). Y también con los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Instituto de Turismo de Baleares (Ibatur) por la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Asimismo, los procesados percibieron 1.044.000 euros de dinero público por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y 382.000 por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, la entidad considerada sucesora de Nóos cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.
Cuestiones previas
El juicio se celebrará en una sala especial habilitada en el edificio de la Escuela Balear de Administración Pública, en el Polígono Son Rossinyol de Palma, enfrente de la cárcel local, y está previsto que los dos primeros días de la vista se dediquen a resolver cuestiones previas.
De acuerdo al calendario establecido, el primero de los acusados en declarar, el 9 de febrero, será el exdirector general de Deportes del gobierno balear José Luis Pepote Ballester -uno de los arrepentidos en este proceso-, a quien seguirán el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet y el expresidente del Govern Jaume Matas.
El palacete de Matas
Precisamente este viernes se ha conocido que Matas ha puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Baleares el palacete que posee en el casco antiguo de Palma de Mallorca a fin de reparar el daño causado a raíz de un presunto desvío de 2,3 millones de dinero público.
Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, se trata de un primer paso de cara al reconocimiento de los hechos en los que Matas habría intervenido dentro de esta causa, al auspiciar el supuesto desvío de 2,3 millones en dos foros sobre turismo y deporte organizados en Palma por el Instituto Nóos
Tras ellos, está previsto que comparezcan entre otros el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, el también exdirector José Manuel Aguilar, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres, que también declarará, y el propio Urdangarin.
La Audiencia rechaza resolver antes del juicio si aplica la doctrina Botín sobre la infanta
Rato y Gallardón
Finalmente, y a propuesta de Manos Limpias, la lista la componen, por orden, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet. La infanta será la última en declarar, siempre que el tribunal descarte aplicarle la doctrina Botín, reclamada por su defensa, y sea finalmente juzgada.
Asimismo, hasta 363 testigos serán interrogados a lo largo de la vista, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exalcalde, exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, su homólogo en la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y exaltos cargos de la Casa Real como Carlos García Revenga y Alberto Aza.
Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, se sienta este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Baleares como cooperadora necesaria del fraude presuntamente cometido por su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nòos, según el auto de apertura de juicio oral del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.