La Declaración de Pedralbes es el primer y único paso adelante dado por los gobiernos de España y de Cataluña tras una década de desencuentros en materia territorial. Esa singularidad es precisamente lo que ha hecho que ambas partes, especialmente del lado de Esquerra, la hayan señalado como un lugar de encuentro desde el que retomar el diálogo que Pedro Sánchez inició con el president de la Generalitat, Quim Torra, nada más tomar posesión como presidente tras la moción de censura de junio de 2018.
Normalizar ese diálogo institucional, completamente inexistente durante el mandato de Mariano Rajoy, fue el primer objetivo de Sánchez. En los meses que van de la moción de censura a la disolución de las Cortes, en marzo de 2019, se sucedieron decenas de reuniones entre diferentes ministerios y departamentos del Govern, se reactivaron los órganos bilaterales previstos en el Estatuto de Autonomía que llevaban años condenados al olvido y se materializaron algunos acuerdos significativos en materia financiera y legislativa.
En la primera bilateral, la Generalitat intentó subir un escalón en el diálogo proponiendo al Gobierno de Sánchez la creación de un “grupo de trabajo”, sin capacidad de decisión, integrado por representantes institucionales y expertos en Derecho Constitucional y dirigido a explorar la búsqueda de soluciones políticas que hiciesen posible el ejercicio del derecho a decidir.
Moncloa rechazó desde el principio la propuesta. Dejaron claro al Govern de Torra que no aceptarían un grupo de trabajo en esos términos ni en el seno de la comisión bilateral ni en ningún otro ámbito. El camino para plantear las demandas de la Generalitat, explicó la entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en rueda de prensa al término de aquella reunión, celebrada en agosto de 2o18, es una reforma del Estatut, que exige una mayoría de dos tercios del Parlament y eventualmente el apoyo de los ciudadanos catalanes a través de un referéndum.
Durante meses, el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo independentista de Cataluña no fueron capaces de avanzar más allá de la normalización institucional. Hasta el 20 de diciembre de 2018. Ese día, al término de una reunión celebrada en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, la víspera de un Consejo de Ministros en la capital catalana, Pedro Sánchez y Quim Torra dieron su visto bueno al documento al que Esquerra Republicana quiere volver para retomar el diálogo y que el PSOE también considera un buen punto de partida para reabrir los contactos.
La Declaración de Pedralbes es un escrito que sintentiza el mínimo común denominador para iniciar un “diálogo político efectivo” entre los gobiernos de España y Cataluña.
De esa declaración no forma parte ni ha formado parte nunca una propuesta que Torra trasladó a Sánchez aquel día y que el presidente no sólo no aceptó sino que no llegó siquiera a considerar, pero que la derecha —política y mediática— cita frecuentemente como si hubiese sido asumida por el jefe del Ejecutivo. Y no es verdad.
El punto de partida de la declaración, que sigue en vigor en la medida en que ni Sánchez ni Torra han denunciado su contenido, es la coincidencia a la hora de afirmar “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña”. A partir de ahí, ambas partes apostaron por “un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”.
Para resolver ese “conflicto”, las dos partes aseguran que “deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad" y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, pero “en el marco de la seguridad jurídica” —a esta referencia se aferró siempre el Gobierno de Sánchez para sostener que la declaración situaba cualquier solución en los límites del actual ordenamiento constitucional—.
Gobierno y Generalitat proclamaron ese día, además, “que la vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía”.
En las semanas que siguieron a la Declaración de Pedralbes, Gobierno y Generalitat trabajaron contra reloj para tratar de concretar los “espacios de diálogo”, presionados por la votación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales que Sánchez había enviado al Congreso en busca de una mayoría que esperaba conseguir con ayuda de los diputados republicanos.
En el marco de aquella negociación, Sánchez llegó a proponer una fórmula de desarrollo de la Declaración de PedralbesdesarrolloDeclaración de Pedralbes —que todavía se puede consultar en la página web de La Moncloa— por la que ambas partes se comprometerían “a trabajar para hacer posible” el diálogo enunciando objetivos y fijando sus bases.
La propuesta del Ejecutivo socialista pasaba por fijar cuatro objetivos “en el marco de un Estado democrático de Derecho que garantiza el pluralismo político, a cuya defensa todos estamos obligados”. Se trataría de poner en marcha un “diálogo efectivo” en el que intercambiar “respuestas políticas” a la “relación que se propone entre Cataluña y el resto de España” buscando las que alcanzasen “un amplio apoyo de la sociedad catalana” y pensando en articularlas “mediante las oportunas y posibles modificaciones legislativas”.
Aquella iniciativa, que la Generalitat no aceptó porque quería que la propuesta de celebración de un referéndum de autodeterminación pactado y reconocido internacionalmente figurase expresamente en el temario de asuntos a tratar —algo que Sánchez rechazó—, proponía vehiculizar el “diálogo efectivo” mediante la convocatoria de la comisión bilateral“ y de una “mesa de partidos”. De esta forma se ampliarían “los espacios de diálogo ya existentes en el Congreso de los Diputados y en el Parlament” y se haría “efectivo el objetivo de analizar las propuestas que se sometan a debate y aprobación”.
Esta referencia alude a dos foros institucionales en los que ha sido imposible construir diálogo alguno. El primero es la mesa sobre la situación en Cataluña creada por Torra en otoño de 2018 —a petición del PSC pero por iniciativa de Sánchez— para que sirviese de marco de diálogo entre los partidos catalanes, independentistas y no independentistas, pero que apenas ha tenido recorrido, entre otras cosas porque Ciudadanos, PP y la CUP se han negado a participar.
El segundo es la comisión para la evaluación del Estado autonómico creada en el Congreso en octubre de 2017, también a petición socialista, para tratar de reconducir dentro de la Cámara Baja la crisis política que acabó desembocando en la declaración unilateral de independencia. Una comisión que terminó también naufragando: sólo PSOE y PP —este último de mala gana— acudían a las reuniones, boicoteadas por el resto de los grupos, de Unidas Podemos a Ciudadanos, pasando por el PNV y los independentistas catalanes.
La propuesta del Gobierno que desarrollaba la Declaración de Pedralbes proponía “un doble foro de diálogo; por un lado, un espacio institucional entre el Gobierno central y el Gobierno catalán a través de la Comisión bilateral Estado-Generalitat y, por otro lado, una mesa de partidos” para “consensuar una propuesta política democrática para resolver el conflicto sobre el futuro de Cataluña”.
El ámbito de la mesa de partidos
La mesa de partidos se convirtió en un motivo serio de discrepancia entre Sánchez y Torra: los independentistas catalanes querían constituirla en el conjunto de España, para dar así participación a Unidas Podemos y al PNV, dos fuerzas que defienden el derecho a decidir. El Gobierno, en cambio, quería que estuviese compuesta exclusivamente por fuerzas catalanas, en línea con la tesis del presidente de que la prioridad es abrir un diálogo entre catalanes, independentistas y no independentistas.
En la mesa de partidos, afirmaba la propuesta del Gobierno, “cada uno de los participantes” plantearía “sus propuestas de resolución y proyecto político, con total libertad, sobre el futuro de Cataluña con el fin de consensuar una propuesta política y democrática”. De ella firmarían parte “dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán), de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y, en su caso, de las formaciones vinculadas a los mismos”.
A su frente estaría lo que la vicepresidenta Carmen Calvo bautizó como “relator”bautizó y que acabó desencadenando una ofensiva de la derecha política y mediática —respaldada también por sectores del PSOE e incluso miembros del Gobierno— en contra del diálogo con el independentismo que culminó con la célebre foto de Colón, en la que por primera vez PP y Cs se manifestaron con Vox en contra de Sánchez.
La propuesta, que finalmente no prosperó, consistía en que “al frente de esta mesa de partidos” estuviese “una persona” elegida “de común acuerdo” que “facilite la coordinación de los trabajos, las convocatorias y fije el orden del día. Asimismo, ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dará fe de los acuerdos alcanzados y determinará el seguimiento de su aplicación”.
Esta persona tendría además la misión de garantizar la transparencia y la comunicación: “Las partes implicadas, con el apoyo de la persona encargada de facilitar el diálogo, establecerán cauces de comunicación para garantizar la transparencia de los acuerdos alcanzados, en su caso, y el mantenimiento del diálogo efectivo para la consecución de los acuerdos políticos”.
La idea entonces era que “antes de finalizar el mes de febrero [de 2019]”, se definiría “la fecha de constitución de la mesa de partidos, el programa y el calendario de trabajo”. Y se eligiría “a la persona encargada de facilitar los trabajos de la mesa”.
Nada de eso ocurrió. En plena tormenta política a cuenta de la figura del llamado “relator”, que la derecha inmediatamente identificó con un “mediador” y convirtió en una “cesión” inaceptable al independentismo, el Gobierno de Sánchez dio por roto el diálogo con el argumento de que la Generalitat insistía en que la convocatoria de un referéndum de autodeterminación fuese incluido en las conversaciones.
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El diálogo entre el Gobierno socialista y Ejecutivo catalán se estancó y con él los contactos institucionales entre ambas administraciones, a través de los cuales Sánchez se proponía hacer “un diagnóstico de la evolución del conflicto en Cataluña”, consolidar “los espacios de diálogo institucional existentes” y hacer “propuestas sobre el futuro de las relaciones institucionales” entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.
Aquella vía de diálogo naufragó con la legislatura. Los independentistas se sumaron a PP y Cs para rechazar el proyecto de Presupuestos del Estado que Sánchez había presentado de común acuerdo con Unidas Podemos. El presidente decidió disolver las Cortes y convocar las elecciones del 28 de abril que, a su vez, desembocaron en las del 10 de noviembre.
Igual que hace un año, la estabilidad de la legislatura —incluso su inicio— depende ahora del diálogo sobre la crisis política catalana.
La Declaración de Pedralbes es el primer y único paso adelante dado por los gobiernos de España y de Cataluña tras una década de desencuentros en materia territorial. Esa singularidad es precisamente lo que ha hecho que ambas partes, especialmente del lado de Esquerra, la hayan señalado como un lugar de encuentro desde el que retomar el diálogo que Pedro Sánchez inició con el president de la Generalitat, Quim Torra, nada más tomar posesión como presidente tras la moción de censura de junio de 2018.