La adjudicación del campo de golf de Chamberí, realizada por el Canal de Isabel II que presidía Ignacio González, permitió a una empresa controlada por la familia del entonces vicepresidente madrileño quedarse con una comisión de 600.000 euros, según datos de la investigación abierta en la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso infoLibre. De acuerdo con la investigación llevaba a cabo desde 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González lideraba presuntamente una "organización criminal" que obtuvo millonarias comisiones gracias a la adjudicación de obras públicas. El político madrileño fue detenido junto a otras 11 personas el pasado miércoles, en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2006 construir unas instalaciones deportivas sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid, que presidía Ignacio González. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo de golf. Pero el Ejecutivo del PP hizo caso omiso a las protestas y, en diciembre de 2006, el Canal adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS y encargada de construir las instalaciones; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.
Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que era socio de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente madrileño. Los investigadores de la UCO y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco están convencidos de que se trataba de una empresa controlada por tanto por Ignacio González, a través de sus dos familiares directos, ambos también detenidos este miércoles en la denominada operación Lezo. Como ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, los investigadores del caso han descubierto que Dragados pagó tres millones de euros a Tecnoconcret, supuestamente para que instalase el césped del campo de golf. Dragados es una de las principales constructoras del grupo ACS, liderado por Florentino Pérez.
Pero Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal ni experiencia para instalar el césped del campo de golf. Así que subcontrató a su vez los trabajos con la compañía Only Golf Planning and Design, pero lo hizo por importe de 2,4 millones de euros. Es decir, por el camino Tecnoconcret se quedó con una comisión de 600.000 euros, siempre según los datos que constan en la investigación que dirige el juez Velasco.
La historia de Tecnoconcret
Tecnoconcret fue fundada en mayo de 2003 por José Antonio Clemente y su esposa, con un capital de 3.010 euros. La sede social se fijó en el domicilio del matrimonio y el objeto de la compañía era “la ejecución de trabajos de ingeniería”. En sus tres primeros años de vida, Tecnoconcret tuvo una reducida facturación y no contaba con grandes clientes.
Pero la suerte cambió de forma radical para la empresa fundada por Clemente, un ingeniero civil español de padre venezolano, a partir del año 2006. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Pues que el 21 de junio de 2006, Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Esperanza Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada curiosamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.
Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.
Esa relación entre Tecnoconcret y el vicepresidente fue desvelada en abril de 2007 por la revista Tiempo. Pero la denuncia periodística no tuvo consecuencias. En mayo de ese año, Esperanza Aguirre amplió su mayoría absoluta y González vio reforzado su poder en el Gobierno regional.
A la vista de la inmunidad, la familia del vicepresidente decidió que podía aparecer directamente como propietaria de Tecnoconcret. Así que en noviembre de 2008, Pablo González y José Juan Caballero suscribieron una ampliación de capital y cada uno se hizo con algo más del 30% de la sociedad. Cuando Público reveló estos datos en febrero de 2009, la portavoz de Ignacio González aseguró que Tecnoconcret había vendido meses antes sus acciones en el consorcio Green Canal Golf. Y que las había adquirido otra de las firmas del consorcio: Iridium, la empresa del grupo de Florentino Pérez.
Lo que no se sabía entonces es lo que ahora han descubierto los investigadores de la UCO: que Tecnoconcret se había embolsado tres millones de euros, abonados por la constructora Dragados, en teoría para realizar un trabajo para el que no estaba capacitada: la instalación del césped de los nueve hoyos del campo de golf. Así que actuó como mera intermediaria, subcontratando a Only Golf Planning and Desing, pero se quedó con 600.000 euros.
El papel de Only Golf
Only Golf Planning and Design era una compañía fundada en 2003 y dedicada al "diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones deportivas”. Como promotores del proyecto de las instalaciones deportivas del Canal nombró precisamente a José Juan Caballero y a José Antonio Clemente; es decir, el propio cuñado de González y a su socio en Tecnoconcret.
Las ocho preguntas que Moix no responde sobre su decisión de archivar el 'caso González' en 2009
Pero la colaboración no se quedó ahí. Only Golf y Tecnoconcret también se convirtieron en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto social de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.
El 28 de marzo de 2007, Esperanza Aguirre e Ignacio González asistieron sonrientes a la inauguración del campo de golf en el barrio de Chamberí. La resistencia de los vecinos de Chamberí había sido ninguneada por los gobernantes. Pero una asociación vecinal decidió dar la batalla en los tribunales. En 2012, el Supremo declaró que la instalación deportiva era ilegal. El Gobierno regional del PP intentó entonces regularizar la instalación deportiva a través de un proyecto urbanístico, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo de pleno derecho en 2016.
Las sonrisas que exhibían aquel 28 de marzo de 2007 los dos protagonistas del acto de inauguración del campo de golf se han evaporado. Ignacio González lleva dos noches durmiendo en un calabozo y Esperanza Aguirre protagonizó este jueves una escena lacrimógena cuando le preguntaron por su hombre de confianza. La política madrileña acompañó las lágrimas con unas palabras entrecortadas sobre lo “conmocionada” que está. Hace justo diez años, desde abril de 2007, que Aguirre sabe que la explotación del campo de golf se adjudicó a un socio de la familia de su número dos. Desde entonces, González se ha visto envuelto en numerosos escándalos de presunta corrupción. Aguirre siempre respaldó su conducta “intachable” y lo nombró a dedo como su sucesor en la Presidencia de Madrid.
La adjudicación del campo de golf de Chamberí, realizada por el Canal de Isabel II que presidía Ignacio González, permitió a una empresa controlada por la familia del entonces vicepresidente madrileño quedarse con una comisión de 600.000 euros, según datos de la investigación abierta en la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso infoLibre. De acuerdo con la investigación llevaba a cabo desde 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González lideraba presuntamente una "organización criminal" que obtuvo millonarias comisiones gracias a la adjudicación de obras públicas. El político madrileño fue detenido junto a otras 11 personas el pasado miércoles, en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.