El 'dumping' fiscal de Ayuso atrapa a los barones del PP entre la lealtad al partido y su rechazo a la competencia desleal entre comunidades

El anuncio que hizo esta semana Esquerra Republicana de un acuerdo con el Gobierno para acabar con la competencia desleal que Madrid práctica desde hace años en materia fiscal puso este jueves a los barones territoriales del PP con responsabilidades de Gobierno en el brete de tener que elegir entre defender los intereses de sus comunidades o cerrar filas con Pablo Casado y su compromiso con el derecho de Isabel Díaz Ayuso a seguir practicando una política que claramente les perjudica, tal y como algunos de ellos han admitido en el pasado.

Para salir del embrollo, los dirigentes territoriales del PP no tuvieron más remedio que aceptar la propuesta del Gobierno. eso sí, poniendo una condición: que la armonización fiscal para evitar la competencia desleal se haga rebajando los impuestos.

Como telón de fondo está el problema pendiente de la revisión del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas del régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra, a las que la Constitución reserva un sistema propio—. Y es precisamente en ese contexto donde el Gobierno de Pedro Sánchez ya puso encima de la mesa en los primeros meses del año el problema de la competencia fiscal desleal —dumping en inglés— entre comunidades autónomas, que el Ministerio de Hacienda planea incluir en el orden del día de la negociación de la nueva financiación autonómica que debe discutirse y aprobarse en esta legislatura y que tiene por delante la difícil área de poner remedio a los agravios económicos entre unos territorios y otros.

El problema no es exclusivo de España. Bruselas lleva tiempo intentando encontrar una fórmula para hacer a escala de la Unión lo que el gobierno de Pedro Sánchez se propone llevar a cabo aquí. La armonización fiscal de los países de la Unión Europea se ha convertido en uno de lo los grandes debates en el seno de Europa, una discusión que ha puesto la lupa sobre países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo o Malta, que se benefician de esas prácticas en perjuicio del resto de países miembros.

El líder del PP, Pablo Casado, volcado en su campaña contra la reforma educativa, se vio obligado a cambiar sobre la marcha de guion. En un vídeo difundido por el partido, el líder conservador cerró filas con la política fiscal de Madrid y con su presidenta y se comprometió a dar la batalla contra una armonización que considera “lesiva” y que, aseguró, persigue incrementar los impuestos cedidos a las comunidades.

En una defensa inédita del Estado autonómico —la segunda en una semana en la que también ha anunciado su intención de boicotear la reforma educativa en las comunidades donde gobierna el PP—, Casado declaró: “Vamos a dar esta batalla, vamos a seguir bajando impuestos y no vamos a tolerar que Sánchez intente obligarnos a subirlos allí donde gobernamos”, anticipó. “Vamos a dejar muy claro que es la política económica que funciona”.

Casado obvió el efecto que la capital tiene en favor de Madrid y que le permite compensar sus reducciones fiscales y mantuvo que bajar impuestos permite en todos los casos crear más empleo, recaudar más, tener mejores colegios y hospitales y “más servicios sociales”. “Es el círculo virtuoso de la economía que siempre ha puesto en marcha el PP”, resumió.

Sus barones defendieron esa bajada de impuestos, pero evitaron cuidadosamente rechazar el plan del Gobierno de llevar a cabo una armonización fiscal. Su posición es complicada, porque ellos mismos o sus partidos se han quejado en el pasado del efecto negativo que tiene para sus comunidades la política fiscal de otros territorios. Aceptan, de hecho, una armonización fiscal si es para bajar impuestos. En ese caso, paradójicamente, no lo considerarían una imposición a las comunidades que no son partidarias de prescindir de ingresos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo defendió que él no se opone a la armonización fiscal y, de hecho, esgrimió que le parece "bien" que haya "una horquilla de mínimos y máximos". Eso sí, matizó que dicha armonización debería ser "a la baja".

“No hay autonomía política sin autonomía financiera”, recordó, —algo que en paridad sólo tiene en la actualidad el País Vasco y Navarra— y reclamó el establecimiento de “determinados grados de autonomía fiscal” en función de si las comunidades cumplen con sus objetivos el déficit público y el resto de las reglas de gasto. “No tiene sentido impedir” que las autonomías “más austeras” bajen los impuestos.

Feijóo está entre los barones del PP que en el pasado han defendido la necesidad de una armonización fiscal. Así que para mantener ese principio sin desairar a Casado ni a Ayuso, defendió que “si se quiere hablar de armonización fiscal” se haga “una armonización a la baja”. Porque “una armonización al alza es una subida de impuestos”.

Lo que no explicó el presidente de la Xunta es cómo piensa compensar la pérdida de ingresos que supondría para Galicia una armonización fiscal a la baja. Y ese es, según el Ministerio de Hacienda, el verdadero debate: no tiene sentido que una comunidad reduzca impuestos y, a renglón seguido, pide más dinero al Estado para financiar los servicios públicos que tiene la obligación de prestar.

“Armonizar no tiene por qué ser subir”, insistió Feijóo. “Armonizar con una horquilla de impuestos para bajar, a nosotros nos interesa”, defendió obviando el hecho de que, si quiere reducir impuestos, ya puede hacerlo. “Pero si armonizar consiste en no poder mantener rebajas fiscales y hacerlo como diga ERC, mi posicionamiento es claramente contrario”, remarcó.

Su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue por la misma línea. Hasta “mil veces”, dijo, ha defendido a título personal y ahora como máximo responsable del Gobierno regional su apuesta por una armonización fiscal pero “a la baja”.

Las ventajas de la capitalidad

Lo cierto es que su antecesor en el cargo, el expresidente Juan Vicente Herrera, también del PP, era mucho más claro al respecto. Herrera denunció repetidamente la repercusión que tiene sobre los servicios públicos la falta de armonización fiscal entre autonomías. “Entre los vecinos de arriba y los de abajo”, señaló en su día en referencia tanto al País Vasco como a Madrid, dejan a Castilla y León “sin recursos”.

En su día Herrera elogió que Madrid tenga unas “haciendas saneadas”, pero dejó claro que eso no es producto de su política fiscal sino del efecto capitalidad. En concreto, de la ubicación allí de sedes sociales de empresas que producen en otros puntos del país, como Castilla y León. Eso y no otra cosa, decía el antecesor de Mañueco, lo que permite a Madrid disponer de recursos que le sirven para “eliminar prácticamente” impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones.

En contra de los planes del Gobierno también se pronunció el presidente andaluz, Juanma Moreno, para quien es un “disparate colosal” la posibilidad de que el Gobierno quiera “subir los impuestos a los andaluces”. “Si se quiere equiparar, que se equipare por abajo, que bajen los impuestos en Cataluña, reclamó, admitiendo que lo que le preocupa no es la armonización, sino que suponga un aumento de la presión fiscal en su comunidad.

De lo que Moreno no habló es de lo que defendía cuando estaba en la oposición. Hace apenas dos años se sumó a PSOE, Podemos e IU cuando el Parlamento de Andalucía votó un dictamen sobre la financiación autonómica andaluza que defiende “la necesaria armonización fiscal de impuestos”, lo que implica “fijar unos patrones mínimos de regulación que eliminen la posibilidad de dumping fiscal”. dumpingUna armonización, puntualizaba aquel documento que entonces, estando en la oposición, Moreno no tuvo inconveniente en respaldar, que “no significa en modo alguno una limitación de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas”.

En una línea parecida se manifestó el presidente de Murcia, Fernando López Miras, cuya comunidad la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llegado a poner como ejemplo de territorio perjudicado por la política fiscal madrileña. En una entrevista concedida a Tele 5, López Miras también defendió que, de haber una armonización, debería ser para bajar impuestos.

Los planes del Gobierno, que el acuerdo con ERC han vuelto a poner de actualidad, también ponen en una situación incomoda a Ciudadanos, que comparte responsabilidades en cuatro de las cinco comunidades con presidente del PP. No en vano los naranjas siempre han defendido la igualdad de todos los españoles con independencia del territorio en el que estén domiciliados, también en el terreno fiscal. De hecho, es la base de las críticas que siempre han dirigido al régimen foral de Navarra y Euskadi y el origen de todos sus reproches al cupo vasco.

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En línea con ese planteamiento, el programa de Ciudadanos incluye promover una reforma en la Unión Europea que armonice las bases imponibles del impuesto de sociedades para “evitar que la regulación laxa de algunos países sirva para erosionar el Estado del Bienestar del resto”.

De hecho, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, que forma parte de la dirección de Inés Arrimadas, apoyó este jueves la idea de la armonización fiscal “si fuera acompañada de una reforma de la financiación autonómica también, porque, si no, lo que está creando es mucha más desigualdad entre las 17 comunidades autónomas de ese país”.

“Si al final todos pagamos lo mismo, pero todos no ingresamos lo mismo, en este caso Andalucía se vería seriamente perjudicada”, argumentó Marín. “No existe una armonización fiscal real si no hay un sistema de financiación que también sea igual para todos los españoles”.