La tasa de delincuencia sexual en España es baja. O eso, al menos, es lo que parecen indicar de un primer vistazo las estadísticas oficiales sobre criminalidad. A nivel europeo, nos encontramos por debajo de la media. Y a mucha distancia de los modélicos países nórdicos. Pero no, no es la dureza del Código Penal contra este tipo de delitos, uno de los más severos del Viejo Continente, lo que explica esta dinámica. Según los expertos, el punitivismo, que se ha vuelto a colocar en el centro del debate a raíz de la contrarreforma de la ley del solo sí es sí, no previene, no protege. La explicación de estos datos hay que buscarla más allá. En concreto, en la baja predisposición a denunciar, algo en lo que influye el miedo al agresor, el temor a no ser creída o la normalización de conductas.
El Código Penal español siempre se ha considerado uno de los más duros a nivel europeo. En 2020 estábamos, de hecho, entre los Estados miembro con medias de estancia en prisión más largas: 22 meses, solo por detrás de República Checa, Grecia, Rumanía y Portugal. Una severidad que también se ve en los delitos sexuales. En España, en estos momentos, las penas más altas para una violación pueden alcanzar los quince años. El mismo máximo que para un homicidio. "No puedes dar el mismo valor a la vida de una mujer que a la libertad sexual, por muy grave que sea el atentado. Entre otras cosas, porque supone que pueda valer la pena matar a la única persona que te pueda denunciar", explicaba a Público Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
En otros países de nuestro entorno, las penas son menores. En Alemania, Grecia y Portugal, se contemplan máximos de diez años para este tipo de delitos. Hasta una década de cárcel pueden caer por una violación en Suecia, con un marco jurídico para este tipo de delitos semejante al solo sí es sí español. En Italia, por su parte, se contempla un máximo de doce años, si bien el Codice Penale también recoge la posibilidad de incrementar el castigo que se imponga en un tercio cuando concurran determinadas agravantes –parentesco, relación afectiva o uso de armas o sustancias para anular la voluntad, entre otras–. Quizá, por dureza, Francia sea la que más se parece a nuestro país. En suelo galo, una violación puede penarse con hasta quince años, que se incrementa a veinte en función de agravantes o a treinta si entraña el fallecimiento de la víctima.
Pero la severidad de los castigos no garantiza, ni mucho menos, una mayor protección de las mujeres. No hay evidencia empírica sólida hasta la fecha que confirme una correlación directa entre la dureza y la disminución de los delitos. El ejemplo perfecto está en la pena de muerte. Tal y como recordaba el penalista Enrique Gimbart en un artículo publicado en El Mundo en pleno debate sobre la prisión permanente revisable, la abolición de este castigo en Canadá para los casos de violación no solo no provocó un incremento de los mismos, sino que se redujeron. "La gravedad de la pena, probablemente, no es un gran factor de prevención", señala al otro lado del teléfono Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universitat de Barcelona y director del Grupo de Estudios Avanzados del mismo centro.
También Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco especializada en violencia sexual, insiste en esta idea: "Jamás se ha demostrado el efecto preventivo de las penas más graves, esa idea de a mayor castigo mayor protección que han acabado creyéndose también algunos sectores de la izquierda". Todo eso vale también para los delitos contra la libertad sexual. "Las personas que delinquen no van con una idea en la cabeza de cuántos años le pueden caer", resalta Miguel Lorente, médico forense y ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Por tanto, da igual que sean diez o sean quince. Esa diferencia no determinará, en su opinión, que una persona pueda o no violar.
¿Poca delincuencia sexual?
Los últimos datos de criminalidad de Eurostat datan del año 2020. Y ofrecen algunos detalles en relación a la violencia sexual. En España, la policía registró en ese ejercicio 23,48 delitos de este tipo por cada 100.000 habitantes, frente a una media de los Veintisiete situada en los 35,5. En Portugal fueron 23,68. En Alemania, 49,39. En Bélgica, 74,46. En Francia, 87,18. Mientras, en los países nórdicos esas mismas cifras treparon hasta los 91,93 de Dinamarca o los 204,73 de Suecia, si bien en este último caso es necesario tomar los datos con cautela puesto que en el país escandinavo contabilizan de forma individualizada cada violación –si una misma mujer es agredida sexualmente varias veces, cada una de ellas se suma a la estadística–.
Pero esas cifras, consideran los expertos, ni demuestran que la dureza de las penas sea un elemento disuasorio ni tampoco evidencian que en nuestro país se produzcan muchos menos delitos sexuales que en nuestro entorno. Lo único que indican es que se denuncia menos. Una falta de denuncias que impide conocer el volumen real del problema al que nos enfrentamos. Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer, elaborada en 2019 por el Ministerio de Igualdad y una de las principales radiografías de la violencia machista, sólo un 8% de las mujeres que sufrieron violencia sexual fuera de la pareja denunciaron lo sucedido ante la Policía, Guardia Civil o un juzgado. Es decir, nueve de cada diez casos quedaron ocultos.
Y eso solo en el ámbito ajeno a la pareja. Porque aquel sondeo, en el caso de las relaciones de pareja, hacía referencia a la tasa de denuncia pero combinando violencia física y la sexual, sin diferenciar. No obstante, los datos y estimaciones recogidas permiten trazar una fotografía aproximada general. La Macroencuesta estimaba que en los últimos doce meses habrían sufrido este tipo de violencia en nuestro país unas 359.095 mujeres, tanto por sus parejas como por personas con las que no ha existido un vínculo. Sin embargo, en 2019 las autoridades, según datos del Ministerio del Interior, solo registraron 15.319 denuncias por delitos contra la libertad sexual. Suponiendo que todas ellas hubieran sido interpuestas por mujeres –aunque representan la inmensa mayoría, también hay varones víctimas–, eso indicaría que casi un 96% de casos habrían quedado ocultos.
La falta de denuncias no es, ni mucho menos, un problema exclusivamente español. Vayamos a Dinamarca. En el país nórdico, las estimaciones de violación o intentos de cometerla en 2017 se movieron entre las 5.100, según el Ministerio de Justicia, y las 24.000, según el estudio del Instituto Estatal de Salud Pública Violencia y violaciones sexuales. Sin embargo, en aquel ejercicio, Amnistía Internacional resalta que solo se denunciaron a la policía unas 890, de las cuales 535 dieron lugar a procesamiento y sólo 94 a sentencia condenatoria. Si tomamos como referencia las cifras del departamento de Justicia danés, sólo el 17,4% de los casos se pusieron en conocimiento de las autoridades. Si lo hacemos con las del estudio, ese porcentaje sería del 3,7%.
Desconfianza en el sistema y normalización de actitudes
La Macroencuesta de Igualdad reflejaba también los motivos que llevan a muchas chicas a no poner los hechos en conocimiento de las autoridades. En el caso de la violación destaca la vergüenza, seguida de la minoría de edad, el temor a que no la creyeran o el miedo al agresor. Factores que coinciden, en buena medida, con los que reflejó esta misma semana el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre violencia sexual. "Hasta hace poco ir a la Policía suponía otro maltrato", apunta Ortubay. "Hay una desconfianza en la respuesta del sistema. Hay miedo a una revictimización", coincide el ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, quien insiste en lo traumáticos que pueden llegar a ser este tipo de procesos.
A todo esto se añade la normalización de determinadas actitudes. La "muy poca importancia" o el no ser "lo suficientemente grave" es el segundo motivo principal para no denunciar que alegan las mujeres que han sufrido, fuera de la pareja, situaciones de violencia sexual que no implicaban una violación. De nuevo, no es un problema exclusivo de nuestro país. Hace casi una década, un estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya reflejaba que en Dinamarca, Finlandia, Grecia, Francia, Suecia, Alemania, Países Bajos y Eslovaquia más de un 30% de las mujeres que decidieron no acudir a la policía tras sufrir violencia física o sexual fuera de la pareja lo hicieron al no considerar que lo sufrido fuera lo suficientemente serio.
Un 40% de las jóvenes españolas reconoce haber sufrido violencia sexual
"Hace falta conciencia sobre lo que es denunciable", resalta Miguel Lorente. "Falta cultura sobre los propios derechos que permita a la gente normalizar que determinadas conductas pueden ser denunciadas", coincide la penalista, que cree que en otros países de nuestro entorno puede haber una mayor "conciencia social". Para ambos, el ejemplo perfecto lo planteó el crítico, escritor y colaborador de la Cadena Ser Bob Pop a finales de enero, pocas horas después de la detención del productor de cine Javier Pérez Santana por las presuntas agresiones sexuales cometidas durante la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz. "Yo estaba hablando con gente y él vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso. Yo en ningún momento pensé que eso se podía denunciar. Pensé, bueno, pues me ha tocado mi cuota de borracho baboso".
¿Cada vez una mayor conciencia?
La ley del solo sí es sí, más allá de las horquillas penalógicas, se alumbró pensando en todas estas cuestiones. La norma establece medidas judiciales de protección y acompañamiento reforzado para las víctimas, así como prevé mejoras relativas a la calidad de la atención de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el proceso de denuncia y una asistencia integral y accesible a las mujeres que sufren esta violencia sexual a través de los centros de crisis. Pero no solo eso. También se pone el foco en los grupos vulnerables, por ejemplo introduciendo cambios en la Ley de Extranjería que impidan incoar expediente sancionador contra cualquier mujer en situación irregular que haya sido víctima de violencia sexual. Todo ello, puede ayudar a que afloren las agresiones ocultas.
Y luego, la norma tiene también un componente penal y pedagógico, al mismo tiempo, al dejar claro que una agresión sexual es cualquier acto en el que una de las partes no haya expresado "de manera clara" su voluntad. Y eso vale tanto para un beso como para que te toquen el culo sin consentimiento. A pesar de todo lo expuesto, Lorente cree que cada vez hay una mayor concienciación. Y eso, desde su punto de vista, lo refleja el progresivo aumento de denuncias por hechos de este tipo, que ha crecido en el último lustro un 56%. No obstante, algunas encuestas aún siguen arrojando datos preocupantes. Un 20% de los españoles todavía creen que obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales no debería estar castigado legalmente. Y casi un 30% piensa lo mismo sobre besar a una mujer en contra de su voluntad.
La tasa de delincuencia sexual en España es baja. O eso, al menos, es lo que parecen indicar de un primer vistazo las estadísticas oficiales sobre criminalidad. A nivel europeo, nos encontramos por debajo de la media. Y a mucha distancia de los modélicos países nórdicos. Pero no, no es la dureza del Código Penal contra este tipo de delitos, uno de los más severos del Viejo Continente, lo que explica esta dinámica. Según los expertos, el punitivismo, que se ha vuelto a colocar en el centro del debate a raíz de la contrarreforma de la ley del solo sí es sí, no previene, no protege. La explicación de estos datos hay que buscarla más allá. En concreto, en la baja predisposición a denunciar, algo en lo que influye el miedo al agresor, el temor a no ser creída o la normalización de conductas.