El Ministerio de Economía ha ordenado dejar en suspenso el expediente sancionador que en marzo abrió la CNMV al BFA –matriz de Bankia- y a una de sus entidades fundadoras, Bancaja, por vender participaciones preferentes a clientes que carecían de conocimientos financieros, lo que, a priori, constituye una infracción muy grave castigada con sanciones astronómicas -hasta el 5% de los recursos propios de la entidad infractora- por la Ley del Mercado de Valores en su artículo 102.
Fechada el 21 de julio, el contenido de la orden ministerial trascendió este miércoles, horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenase incorporar al caso de las preferentes parte de los correos secretos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y uno de los principales imputados.
El expediente, que afecta también a otras entidades que finalmente quedaron bajo el paraguas de Bankia, así como al propio banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, seguirá en marcha para BFA y Bancaja solo en su segundo apartado: el relativo al llamado case de preferentes y a las pérdidas que ese cruce desfasado de precios de compra y venta acarreó a quienes adquirieron el producto.
La CNMV sostiene que el BFA, entonces presidido por Rodrigo Rato, y Bancaja, bajo la batuta de José Luis Olivas, perpetraron una infracción muy grave en cuanto al cruce de preferentes al "no gestionar adecuadamente los conflictos de interés generados por la realización de cases entre sus clientes a precios significativamente alejados de su valor razonable".
Pero es la comercialización indiscriminada de preferentes el verdadero foco del escándalo. Y esa no regresará a la mesa de los inspectores de la CNMV hasta que la Audiencia Nacional archive o juzgue y sentencia el caso de las preferentes. ¿Por qué? Porque tanto el organismo de control del mercado de valores como el departamento que dirige Luis de Guindos aducen que la Audiencia ya está investigando por la vía penal la comercialización de esos títulos. Y que no puede acometerse una doble instrucción simultánea, la administrativa y la penal.
Economía dice que "siempre" se paraliza la sanción si hay caso penal
Suscrita por el secretario de Estado Fernando Jiménez Latorre en representación del ministro, la orden de Economía dice lo siguiente a ese respecto: “En lo que hace a la comercialización de participaciones preferentes por entidades pertenecientes a Bankia SA, puede decirse que coincide plenamente con los hechos que son objeto de investigación penal en el marco de las diligencias (…) que se siguen en el juzgado central de instrucción número 4”. Es decir, en el de Fernando Andreu.
Anoche, tres fuentes jurídicas directamente relacionadas con el caso Bankia expresaron su sorpresa por el entrecomillado anterior. “La Audiencia –remarcó un letrado- no está investigando la comercialización sino solo la planificación de las preferentes como producto por parte de los responsables de las entidades que las vendieron”. Y añadió algo más: “Hay decenas de escritos de la Fiscalía que recuerdan que la comercialización no forma parte de la investigación y precisamente por eso se ha rechazado la personación de afectados".
Tras conseguir una copia de la orden ministerial, infoLibre intentó sin éxito la noche del miércoles recabar de los portavoces de Economía una explicación para el controvertido párrafo. Esta mañana, una portavoz del Ministerio ha recalcado en declaraciones a este diario la idea de que el expediente queda en suspenso en espera de lo que ocurra en la Audiencia Nacional. "Siempre que hay un procedimiento penal, la vía administrativa se paraliza hasta tanto no se resuelva el primero", señaló la citada fuente. Pero no hay aún respuesta a la pregunta de por qué la orden ministerial cita como marco de actuación el auto donde la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunció en diciembre sobre la querella de UPyD en relación a las preferentes y, sin embargo, da por bueno que se investiga justamente aquello en lo que la Audiencia declinó involucrarse: la “concreta comercialización” de las participaciones preferentes.
Otra de las fuentes jurídicas consultadas por este diario aventuró que “quizás” Economía esté tomando “comercialización” como sinónimo de “planificación” general para el lanzamiento del producto, que es exactamente la materia sobre la que indaga el juez Andreu.
Comercialización "general"
Un auto de Andreu también conocido ayer y por el que rechaza la personación de varias personas que pretendían adherirse a uno de los querellantes que querían adherirse a la querella del 15MpaRato parece apuntar en esa dirección.
Porque Andreu impide esas nuevas personaciones invocando las resoluciones que se han ido sucediendo y que sitúan como eje de la investigación "la ideación y comercialización general que de estos productos financieros se realizó desde la cúpula directiva de las entidades emisoras" pero no " la comercialización individualizada de las participaciones preferentes al inversor minorista por los empleados de las sucursales de las distintas entidades querellados".
Así las cosas, ni la Audiencia investigará la "comercialización individualizada" de las preferentes, tarea que corresponde "a los órganos que territorialmente resulten competentes" -o sea, a una miríada de juzgados ordinarios y dispersos- ni lo hará la CNMV en la vía administrativa.
El Ministerio de Economía ha ordenado dejar en suspenso el expediente sancionador que en marzo abrió la CNMV al BFA –matriz de Bankia- y a una de sus entidades fundadoras, Bancaja, por vender participaciones preferentes a clientes que carecían de conocimientos financieros, lo que, a priori, constituye una infracción muy grave castigada con sanciones astronómicas -hasta el 5% de los recursos propios de la entidad infractora- por la Ley del Mercado de Valores en su artículo 102.