La huelga feminista organizada en torno al pasado 8 de marzo ha servido, entre otros aspectos, para introducir y divulgar conceptos hasta entonces ajenos a la mayoría social. La huelga no sólo laboral y estudiantil, sino también de cuidados y de consumo, consolidó una forma de entender el trabajo femenino que se extendía a todas las esferas. La necesidad de una visión feminista en todos los ámbitos ha empezado a calar con mayor intensidad, también en lo que respecta a la economía. El concepto de economía feminista se empieza a desarrollar en la década de los noventa, de modo que su visión sobre el sistema económico actual y su reflexión respecto a alternativas más respetuosas y menos agresivas cuenta con un recorrido importante.
Economistas sin Fronteras analiza esto en su informe Economía feminista: visibilizar lo invisible, que la organización presenta en Madrid este jueves. El documento está elaborado por mujeres que trabajan desde una perspectiva de género en diversos campos –desde el activismo hasta el terreno académico–. Una de las firmas es la de Justa Montero, activista feminista y vocera de la Comisión 8M. Montero explica, en su análisis, el modo en que el 8M contribuyó a una resignificación del concepto de huelga. "La huelga feminista supone todo un desafío porque a partir del 8M nunca más una huelga podrá denominarse general si no contempla la del ámbito del trabajo de cuidados", explica.
Es precisamente ahí, en el terreno de los cuidados y el trabajo doméstico, donde la economía feminista encuentra uno de sus principales ejes de funcionamiento. Pero ¿qué es la economía feminista? ¿En qué basa su crítica respecto al sistema actual y qué otros modelos propone?
¿Qué es la economía feminista?
La definición conceptual se encargan de dibujarla las economistas Amaia Pérez y Astrid Agenjo, quienes en primer lugar aclaran que no se trata de "un cuerpo único de ideas, sino una diversidad de planteamientos que van más allá de hablar de la situación específica de las mujeres o de su diferente posición respecto a los hombres". La economía planteada desde una perspectiva feminista supone, en primera instancia, "un cuestionamiento fundamental de la disciplina".
En ese sentido, son tres los principales objetivos que persigue. En primer lugar, "busca identificar los sesgos androcéntricos de las teorías económicas" y a partir de ahí "pretende obtener herramientas conceptuales y metodológicas para revertir dichos sesgos y aplicar una perspectiva feminista" para, finalmente, "reflexionar sobre los procesos y políticas económicas actuales, recuperando las esferas invisibilizadas de la economía".
La forma de llevar a cabo esta tarea es, principalmente, desplazando "el eje analítico de los mercados a los procesos que sostienen la vida". Es decir, denunciando que el objeto de estudio de la economía, tal y como la entendemos hoy, queda reducido a los aspectos mercantiles y, por contra, relega a la invisibilidad "la naturaleza, las necesidades del cuerpo y las relaciones humanas".
Las evidentes desigualdades determinadas por el género en el terreno de la economía, afirman las economistas, no podrán ser entendidas ni eliminadas sin la incorporación de los trabajos no remunerados. "La economía feminista afirma que economía sí es más que mercados, que el género sí importa y que el conocimiento sí es político". Entiende, de hecho, que "economía son todos los procesos de generación y distribución de recursos que permiten satisfacer las necesidades de las personas y generar bienestar, pasen o no por los mercados", de modo que entiende como trabajo "todas las actividades humanas que sostienen la vida, no sólo aquéllas que se realizan a cambio de unos ingresos".
En este sentido se torna imprescindible reparar en los cuidados para sacar a la luz que "la vida es vulnerable –si no se cuida, no hay vida– e interdependiente –la única forma de cuidarnos es junto al resto–". Al poner en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida, la economía feminista "identifica la tensión fundamental del capitalismo: la contradicción entre el proceso de acumulación de capital y los procesos de reproducción de la vida". Por ello, la economía feminista, escriben las autoras, "confluye con el marxismo, que denuncia el conflicto entre el capital y el trabajo asalariado, asegurando que el beneficio se hace explotando la mano de obra", pero también con el ecologismo, al argumentar que "el capitalismo explota y agota los ecosistemas, poniendo en riesgo todo lo vivo".
Políticas públicas
La doctora en Economía Carmen Castro plantea en el informe las posibilidades de la sociedad civil organizada y de las instituciones para transformar realidades. "Considerar a las personas y a la naturaleza como fines en sí mismas y no como meros instrumentos para alcanzar otros objetivos es un cambio estructural" que precisa "replantearnos qué producimos, en qué condiciones, a cambio de qué y, sobre todo, qué necesitamos realmente para vivir y para el bienestar global", analiza la economista.
Para ello, conviene "ir desmontando el sistema de privilegios patriarcales otorgados a los hombres y el monopolio del poder masculino que todavía persisten", además de "avanzar en un doble movimiento tendente a la desnaturalización de los cuidados, con la consecuente redistribución equitativa de los mismos, y a la desmercantilización de la vida". ¿Qué papel tienen las instituciones en esta tarea? Las políticas públicas pueden ser, a juicio de Castro, "un instrumento potenciador de la transformación de la realidad y de la superación de las desigualdades estructurales".
La precariedad social, económica, la situación de emergencia social y de género actual, estima la economista, llama a reformas urgentes de políticas públicas que sean capaces de atender a necesidades inmediatas, pero también de orientar un cambio de modelo. En este sentido, Castro entiende "de gran relevancia" las políticas orientadas a la redistribución, "tanto de recursos como de oportunidades y responsabilidades", además de las políticas de reconocimiento, "favorecedoras de la valoración de la reproducción social", y finalmente aquellas de representación, que posibilitan "la democracia paritaria en toda su dimensión".
La economista pone ejemplos prácticos de políticas en este sentido y recuerda que, algunos de ellos, forman parte ya de la realidad de muchos territorios. Propone, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral máxima, lo que permitiría "desplazar la centralidad del trabajo mercantilizado en nuestras vidas y también una redistribución de los empleos existentes". En Suecia, relata la autora, se ha desarrollado la experiencia de 30 horas con paridad de salarios, mientras que la New Economic Foundation propone una jornada máxima de 21 horas semanales.
Otro de los ejemplos prácticos que desarrolla la economista es el de la adaptación de las condiciones de trabajo del empleo del hogar y la equiparación del mismo con otros sectores profesionales, o la equiparación de los permisos por nacimiento para que sean iguales, intransferibles y plenamente remunerados para cada progenitor.
Para llevar a cabo políticas públicas que pongan la vida en el centro, dice Maite Ezquerro –miembro de Mugarik Gabe y de la Red Decrecimiento y Buen Vivir–, conviene tener presentes determinados factores. "Hemos traspasado los límites físicos del planeta, lo que obliga al inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía", explica la autora, quien añade que, además, la interdependencia supone "aceptar que somos radicalmente dependientes de los cuidados y del tiempo que nos dedican otras personas desde el momento del nacimiento hasta la muerte". El siguiente pilar de la transición, agrega, "es la necesaria distribución de la riqueza en un planeta con recursos limitados" y finalmente "la necesidad de tomar medidas urgentemente".
También Ezquerro introduce propuestas políticas que van desde el reparto equitativo de todos los trabajos de cuidados entre hombres y mujeres hasta la cesión de espacios públicos donde "autogestionar colectiva, democrática y comunitariamente las necesidades de sostener la vida, tales como el cuidado de personas o comedores comunitarios". Apuesta asimismo por una sanidad y educación pública, universal y gratuita, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, reducir la brecha salarial o equiparar los derechos de las empleadas del hogar al Estatuto de los Trabajadores.
Visibilizar lo invisible
Si bien la economía feminista aspira a situar los cuidados en el centro del tablero y a impulsar políticas públicas en ese sentido, no será posible si el trabajo no remunerado continúa, como hasta ahora, siendo invisible. Para ello las profesoras en la Universidad del País Vasco Matxalen Legarreta y Marina Sagastizábal ponen el foco en las cifras y datos estadísticos. "Hoy día la Encuesta de Población Activa (EPA) sigue considerando inactivas a las personas que lo llevan a cabo [el trabajo doméstico] a tiempo completo", denuncian en el informe. De esta forma, "no se ha hecho más que reproducir su condición de no trabajo, ocultando su aportación a la economía".
Tras advertir de sus limitaciones, las profesoras estudian las Encuestas de Usos de Tiempo para analizar la organización temporal de hombres y mujeres. "Ellas invierten más tiempo en el doméstico-familiar que ellos, y ellos más que ellas en el productivo-mercantil", una distribución que "se mantiene entre 1993 y 2013". En relación al trabajo doméstico, la evolución es clara: "En 1993 las mujeres dedicaban a este ámbito cuatro veces más tiempo que los hombres y en 2013, el doble", pero en relación al cuidado "el avance hacia la igualdad no es tan claro ni gradual como lo es en el trabajo doméstico", ya que "en 1993 las mujeres dedicaban 2,3 veces más tiempo que los hombres a esta ocupación y veinte años más tarde, 1,7 veces más".
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La también profesora universitaria Mertxe Larrañaga habla del peso del trabajo no remunerado para el PIB. Según la información de las cuentas satélite de producción no mercantil elaboradas por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), "el valor monetario de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados es muy importante", y asciende al "32% del PIB en 2013". Además, pese a una primera tendencia decreciente, a lo largo de los últimos cinco años ha habido un aumento de dicho valor de casi cuatro puntos que Eustat explica en base al "carácter contra cíclico de la producción doméstica, que aumenta en épocas de crisis, por efecto de una transferencia de recursos desde la economía de mercado a la doméstica no remunerada". Finalmente, la profesora observa que "la mayor parte de esta producción –concretamente el 67%– corresponde a las mujeres, y esto evidencia que la división sexual del trabajo sigue siendo una realidad".
La profesora Yolanda Jubeto, por su parte, se inclina por centrar la mirada feminista en los presupuestos. "Las administraciones públicas, cuando dan los primeros pasos para avanzar en la integración de los presupuestos, muestran un gran desconocimiento sobre las bases conceptuales de la transversalización de género". Además, lamenta, tras más de una década desde la aprobación de la Ley de Igualdad a nivel estatal, "algunos de sus artículos tampoco parecen conocerse ni implementarse, a pesar de ser en principio una ley de obligado cumplimiento".
Un presupuesto con perspectiva de género, relata Jubeto, es "un compromiso que adopta una administración pública para examinar los procesos y resultados de las asignaciones presupuestarias en función de su impacto sobre las oportunidades socio-económicas de las mujeres y los hombres" e implica, además, "la reestructuración de aquellas partidas de ingresos y gastos que afecten negativamente al avance hacia la consecución de la igualdad de género". Todo ello depende, zanja, de un elemento tan básico como clave: la voluntad política.
La huelga feminista organizada en torno al pasado 8 de marzo ha servido, entre otros aspectos, para introducir y divulgar conceptos hasta entonces ajenos a la mayoría social. La huelga no sólo laboral y estudiantil, sino también de cuidados y de consumo, consolidó una forma de entender el trabajo femenino que se extendía a todas las esferas. La necesidad de una visión feminista en todos los ámbitos ha empezado a calar con mayor intensidad, también en lo que respecta a la economía. El concepto de economía feminista se empieza a desarrollar en la década de los noventa, de modo que su visión sobre el sistema económico actual y su reflexión respecto a alternativas más respetuosas y menos agresivas cuenta con un recorrido importante.