La enseñanza concertada ha sufrido de manera menos pronunciada los estragos de la crisis. Aunque sus fondos se redujeron durante los años centrales de la recesión, lo hicieron a un ritmo menor que el total del gasto educativo público. Y cuando se empezaron a revertir los recortes, la inversión en estos centros también se recuperó mejor. Así lo recoge la Estadística del Gasto Público en Educación correspondiente al ejercicio de 2015 [consultar, aquí] hecha pública recientemente por el Ministerio de Educación.
Los datos oficiales evidencian que la inversión pública en la concertada ya ha recuperado los niveles precrisis. En 2015, las Administraciones Públicas destinaron a la financiación en forma de conciertos económicos y subvenciones a la enseñanza privada sostenida con fondos públicos un total de 5.873 millones de euros, 3,5 millones de euros más que en 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de inversión educativa antes de la recesión. En porcentaje la subida es del 0,1%.
No ha ocurrido lo mismo en el total del gasto destinado a educación, independientemente de si se ejecuta en centros públicos o privados. Sí es cierto que tras cinco años de descenso continuado –España comenzó a recortar en educación en 2010 por primera vez en 30 años–, 2015 fue el primer año en el que se empezó a revertir la tendencia a la baja en los presupuestos. Las comunidades autónomas invirtieron entonces 39.134 millones. Sin embargo, esa cifra sigue estando un 11,5% por debajo respecto a lo consignado en 2009, cuando la inversión fue de 44.222 millones.
Diferencias por autonomías
El País Vasco es la autonomía que, en porcentaje, más fondos destina a los centros concertados. Estos colegios reciben uno de cada cuatro euros que se dedican a la enseñanza no universitaria (637,7 millones de euros de un total de 2.605,8) en esa comunidad. Le siguen Navarra, donde en 2015 el Ejecutivo regional destinó a conciertos y subvenciones 127 millones de euros, lo que representa un 21,2% del total dedicado a la enseñanza no universitaria; Baleares, donde los concertados captaron ese año el 21,2% de los fondos públicos (174,4 millones de euros); y Madrid, con una inversión en los centros privados sostenidos con fondos públicos del 19,9% del total (956,2 millones).
La media estatal de financiación de la enseñanza privada concertada fue en 2015 del 12,7%. Por encima de este porcentaje, además de las cuatro autonomías citadas, están Cataluña (18,5%), La Rioja (17,3%), Murcia (16%), la Comunitat Valenciana (16%), Cantabria (15%) y Castilla y León (13,6%). En el otro extremo, las comunidades que menos porcentaje de dinero público dedican a la enseñanza concertada son Extremadura (8,1%), Canarias (8,3%), Castilla-La Mancha (9,5%), Andalucía (9,9%), Galicia (10,4%), Asturias (11,3%) y Aragón (11,7%).
Por comunidades, la red concertada escolariza a más de la mitad de los estudiantes de enseñanzas obligatorias en el País Vasco, en concreto al 50,4% del total. Se trata de un caso único en España, donde la red pública sigue siendo preponderante. De hecho, sólo Navarra y Madrid, con un 38,3% y un 37% respectivamente de alumnos en los colegios privados sostenidos con fondos públicos, se acercan a las cotas de Euskadi, aunque todavía a cierta distancia. En Madrid, sin embargo, resulta llamativo el peso de la enseñanza totalmente privada, a la que acuden el 10,3% de los escolares matriculados en primaria y secundaria.
En contraposición, las comunidades con mayor porcentaje de alumnos escolarizados en centros públicos durante las etapas obligatorias son Castilla-La Mancha (80,65%), Extremadura (77,35%), Andalucía (76,05%), Canarias (75,05%), Galicia (70,15%), Murcia (69,7%), Asturias (67,8%) y Aragón (67,3%). Todas ellas están por encima de la media del porcentaje de alumnos matriculados en colegios e institutos públicos, que se sitúa en el 66,8%.
Reducción progresiva
Un colegio concertado de Madrid proyecta un vídeo con mensajes clasistas: "Los pobres son personas mediocres"
Los Gobiernos de izquierda que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 defienden que el sistema público es el que garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades, pues está disponible para todo tipo de alumnado y "no solo adonde hay oportunidad de negocio", y creen que la red privada subvencionada con fondos públicos debe ser subsidiaria. De ahí que algunos de ellos (Andalucía, Asturias, Aragón y la Comunitat Valenciana) hayan intentado reducir progresivamente las unidades concertadas, lo que ha provocado las movilizaciones de los centros, las familias, la Iglesia católica y el centro derecha político.
En cualquier caso, esta pretensión está encontrando obstáculos en la justicia. De forma reciente, los tribunales superiores de Aragón y de la Comunitat Valenciana han aceptado las suspensiones provisionales solicitadas por algunos de los centros educativos afectados, que demandaron que su exclusión del sistema de conciertos quedara sin efecto para este curso, a la espera de que se resolvieran los recursos impulsados por la vía contencioso administrativa.
Lo cierto es que esta intención choca con la reforma educativa impulsada en 2013 por el exministro José Ignacio Wert, que supuso un espaldarazo para la enseñanza privada subvencionada. La Lomce rebaja la preeminencia legal de la escuela pública sobre la concertada e incluye conceptos como el de la "demanda social" a la hora de planificar la oferta de plazas, lo que se ha interpretado como una vía para favorecer la creación de nuevos conciertos. También establece para las administraciones educativas la obligación de garantizar "la existencia de plazas suficientes", sin especificar –como se había hecho desde 1985– que debería utilizarse para ello de forma preferente la red pública.
La enseñanza concertada ha sufrido de manera menos pronunciada los estragos de la crisis. Aunque sus fondos se redujeron durante los años centrales de la recesión, lo hicieron a un ritmo menor que el total del gasto educativo público. Y cuando se empezaron a revertir los recortes, la inversión en estos centros también se recuperó mejor. Así lo recoge la Estadística del Gasto Público en Educación correspondiente al ejercicio de 2015 [consultar, aquí] hecha pública recientemente por el Ministerio de Educación.