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El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso continúa desembolsando dinero público para que uno de los grupos residenciales con peor ratio de fallecimientos durante la primera ola de la pandemia siga llevando las riendas de un geriátrico por el que fue multado hace poco más de un año. Aralia Servicios Sociosanitarios, compañía ligada al empresario salpicado por la Gürtel José Luis Ulibarri, se ha embolsado casi dos millones de euros por continuar gestionando el centro de Ensanche de Vallecas, una residencia cuyo contrato concluyó el pasado verano y cuyo control trató de arrebatarle sin éxito la Consejería de Políticas Sociales durante los primeros compases de la crisis sanitaria, cuando estaba dirigida por Alberto Reyero. Las prórrogas se producen a la espera de la resolución de una nueva licitación. Es una situación idéntica a la que también se está viviendo en el caso de Parque de Los Frailes, otro geriátrico de Leganés que también estuvo en el punto de mira de la administración regional y cuyas continuas extensiones de los trabajos han permitido a la firma ingresar 3,16 millones de euros extra.
Aralia se hizo con la gestión de este centro sociosanitario ubicado en una de las zonas obreras de la capital a mediados de 2014. En un primer momento, estaba previsto que los trabajos se prolongasen durante tres años, hasta finales de junio de 2017. Sin embargo, el Gobierno madrileño, llegado el momento, decidió ampliar los servicios por otro periodo similar. Al final, seis años que le permitieron embolsarse 16 millones de euros. A finales del pasado mes de junio, la prórroga concluyó. Y el Ejecutivo regional sacó a concurso la gestión. Un proceso de licitación con un presupuesto base de 11,2 millones al que se ha vuelto a presentar Aralia y que ocho meses después, según consta en el Portal de la Contratación Pública, todavía está a la espera de resolución. Un limbo que ha permitido a la compañía seguir recibiendo pagos de la administración por continuar con sus trabajos mientras se desarrolla el procedimiento.
A mediados de marzo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a un gasto de 851.949 euros por la gestión durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 de este geriátrico. A esto hay que sumarle otro 1,13 millones de euros por el periodo comprendido entre los meses de julio y octubre de 2020. "La cantidad abonada por la Comunidad de Madrid para el período comprendido entre los meses de julio y octubre ha sido de 1.092.242,62 euros, más el IVA correspondiente del 4%", según explican a este diario fuentes de la empresa. En total, la administración lleva pagados 1,98 millones de euros extra por este geriátrico.
Un centro que la administración intentó arrebatar a la compañía hace pocos meses. En febrero, la Consejería de Políticas Sociales decidió, en lo que se interpretó como el inicio de una etapa dura de mayor control en los centros residenciales, abrir un expediente a Aralia para retirarle la concesión de tres geriátricos de la región por incumplimiento de los pliegos. Uno de ellos fue el de Ensanche de Vallecas. Sin embargo, en el procedimiento relativo a este centro no llegó a dictaminarse nada. El coronavirus paralizó en seco los plazos administrativos. Y para cuando se fue a retomar el asunto tras la primera ola de la pandemia, el contrato relativo a este geriátrico ya había concluido.
Eso no impidió a la Administración, no obstante, sancionar a la compañía controlada por Ulibarri. A finales de julio, con el contrato ya cumplido, Políticas Sociales emitió una orden en la que imponía a Aralia una penalidad –como se conocen a las multas en el argot– de 24.361,55 euros tras detectar que durante los primeros días de enero –del 2 al 8 de ese mes– el ratio de personal en la residencia relativo a gerocultores o diplomados en enfermería no se ajustaba a lo que se establecía en los pliegos. Así, por ejemplo, la resolución señalaba que frente a los 16,5 que debía haber el día de Reyes en el turno de mañana en atención a los pliegos, sólo había 11,1 en función de la información de fichajes remitido por el geriátrico. Una situación similar se detectó, según el departamento dirigido entonces por Alberto Reyero, en el turno de tarde y de noche.
"La misma ha sido recurrida, estando pendiente de resolución. Discrepamos, dicho con el mayor de los respetos, de la decisión del ya dimitido consejero", confirman desde Aralia.
3,16 millones extra por Parque de los Frailes
El caso de Ensanche de Vallecas no es único. Una situación similar se vive también con Parque de los Frailes, ubicado en el municipio de Leganés. La gestión de esta residencia fue adjudicada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en agosto de 2017. Al procedimiento abierto, con un presupuesto base de licitación de 14,2 millones de euros, concurrieron una decena de empresas, entre las que se encontraban auténticos gigantes del sector, desde Quavitae Servicios Asistenciales –una de las sociedades ahora intergradas en el grupo DomusVi– hasta Vitalia Home. Por aquel entonces, Aralia ya había sido sancionada en alguna ocasión. Sin embargo, la oferta económica que puso sobre la mesa para el servicio demandado era la más ventajosa de todas: 12,1 millones de euros, una media de 346.189 euros al mes. El contrato fijaba una duración de tres años, que concluyó el pasado 27 de agosto.
El Ejecutivo regional tenía la posibilidad de prorrogar por un periodo de tiempo similar. Sin embargo, tras la primera ola de la pandemia prefirió no hacerlo y sacó a concurso una nueva adjudicación para el centro. Por aquel entonces, también había abierto un expediente para retirarle la concesión de este centro, otro que tampoco llegó a buen puerto después de que la Abogacía de la Comunidad de Madrid, en un informe vinculante, dictaminase que la irregularidad que se había detectado suponía un "incumplimiento menor" que no justificaba la resolución del contrato con la firma. Sin embargo, la nueva licitación se está alargando más de lo esperado. Y esto está provocando que la firma continúe llevando las riendas del geriátrico y cobrando por ello. Por el momento, el Ejecutivo regional ya ha dado luz verde a tres prorrogas de los trabajos que han permitido a Aralia embolsarse otros 3,16 millones de euros.
Otra sanción recurrida
La tercera extensión, conocida a mediados de febrero, llegó justo un año después de que la Comunidad de Madrid sancionase a la firma [consultar aquí en PDF] tras detectar que había cometido una infracción "grave" de los pliegos contractuales. En concreto, por "la ocultación o falta de comunicación" a Políticas Sociales de "hechos relevantes que afecten a los usuarios o a la prestación del servicio", según consta en la documentación adjunta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. La multa, que ascendió a 20.046 euros, se impuso después de que el departamento dirigido entonces por Alberto Reyero concluyese que desde el centro se había ocultado a las autoridades, a pesar de estar obligada a informar de ello, la existencia de un brote de gastroenteritis que "se mantuvo activo" durante más de dos semanas. "No es posible atender los argumentos de la entidad ya que estos se basan en minimizar la importancia del hecho causante, para justificar la ausencia de comunicación a la consejería", sentenciaba Políticas Sociales.
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Desde la empresa criticaron, en su momento, la publicación de la sanción. "Desconocemos el motivo por el cual la Comunidad de Madrid publicita la existencia de dicha penalidad, dado que según la normativa de transparencia de la Comunidad de Madrid (Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid) solo se han de publicar las sanciones firmes. No es el caso presente, puesto que se trata de un expediente de penalidades y el mismo se encuentra recurrido y en la actualidad pendiente de resolución en la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no reconociendo esta empresa en modo alguno los 'incumplimientos contractuales' que la Administración alega. Dejemos que la Justicia haga su trabajo, y a ella nos encomendamos para tratar de evitar esta caza de brujas que, por desgracia, venimos padeciendo", sostenía la compañía en respuesta a este diario.
En relación con esta cuestión, Aralia señaló que "a juicio de los profesionales del servicio médico" de la residencia "nunca se consideró, conforme al criterio objetivo establecido, que la situación referida pudiera considerarse como un hecho relevante, dada la levedad de las molestias, escaso porcentaje de afectados y la innecesariedad de aplicación de tratamiento médico; siempre, insistimos, conforme a protocolos y criterios sanitarios preestablecidos por la Comunidad de Madrid". "Se trata del mismo equipo médico profesional que ha sido expresamente felicitado por el exconsejero Reyero por sus esfuerzos realizados durante la pandemia y cuya labor ha sido satisfactoriamente reconocida por la Comunidad de Madrid", explicaba la compañía, que reiteraba que "tales hechos" recogidos en la sanción "en ningún momento afectaron a la calidad del servicio" y que la penalidad recurrida "únicamente" se basa "en una interpretación jurídica de un posible incumplimiento contractual" que la firma "ni acepta ni reconoce como tal".
Durante los meses más duros de la pandemia –marzo y abril– fallecieron en las residencias madrileñas un total de 9.470 personas, de las que 1.118 tenían coronavirus, 4.677 mostraban síntomas compatibles con la enfermedad y 3.675 perdieron la vida por otras causas, según los datos revelados por infoLibre. De los doce principales grupos privados del sector, Vitalia Home fue uno de los que tuvo peor ratio de muertos respecto al número de plazas ofertadas: un 16,4% –136 decesos y 827 camas gestionadas–, solo por detrás de Mensajeros de la Paz (17,6%), Casablanca (17%) y Aralia (16,8%).
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