Durante 2021, 1,25 millones de consumidores eléctricos optaron por pasarse al mercado libre: con un precio pactado con la comercializadora y no tan dependiente del resultado de la subasta diaria como en la tarifa regulada. El trasvase duplica lo registrado en años anteriores: 575.000 clientes abandonaron el PVPC en 2020 y 660.000 lo hicieron en 2019. Los datos son de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pone cifras a una tendencia evidente: las principales comercializadoras de electricidad, sobre todo las más grandes, llevan meses ofertando modalidades "estables", que permiten no estar pendientes de la evolución del mercado. Sin embargo, esas tarifas no son tan planas como parece: las eléctricas se reservan el derecho a subir los precios en la letra pequeña si la regulación del Gobierno les afecta, aunque las medidas no tengan como objetivo final el consumidor.
El lector puede comprobarlo rápidamente entrando en cualquier página web comercial de una gran empresa eléctrica: la estabilidad, el pagar lo mismo por cada kWh, es el principal reclamo, dada la coyuntura y las noticias prácticamente diarias sobre el mercado mayorista. "Paga lo mismo cada mes, sin tramos horarios", promociona Endesa. "Olvídate de las subidas del precio de la luz", promete Naturgy. "Paga lo mismo a cualquier hora, sin preocuparte del cambio de tarifas", asegura Iberdrola. Efectivamente, es cierto que estas modalidades son mucho menos variables que la tarifa regulada, al menos en base al diseño actual.
Además, pueden ofrecer precios más bajos que los que se registran en el pool. No solo porque no tienen que interiorizar el vaivén diario, sino porque las grandes empresas son a la vez generadoras (propietarias de las centrales) y comercializadoras, por lo que pueden establecer contratos bilaterales intragrupo y fijar el precio que quieran por lo generado, sin que el gas marque el coste. Pero no es oro todo lo que reduce.
Iberdrola y Naturgy hacen referencia directa a sus condiciones a una de las reformas que está tramitando el Congreso a iniciativa del Consejo de Ministros. Se trata de la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, abreviado por sus siglas: FNSSE. El Ejecutivo pretende, en esencia, que sean las eléctricas las que paguen por el desarrollo de renovables, en concreto de las acogidas al régimen de financiación especial conocido como RECORE, con 0,84€ por megavatio/hora. Y lo considera una de las patas de su reforma energética, para capear el escenario de altos precios. "El nuevo marco establece un reparto equitativo entre los diferentes vectores energéticos de los costes fijos vinculados a la transición energética", defendía el Gobierno en la exposición de motivos.
Sin embargo, ambas empresas son claras en su letra pequeña. Quieren que sean los consumidores los que lo paguen. También los que suscriben un "plan estable", como el de Iberdrola. "¿Quieres disfrutar de la tranquilidad de tener 5 años sin subidas de precio? Contrata el Plan Estable y despreocúpate de tu factura", promete la empresa en su propaganda. Sin embargo, en las condiciones aseguran que subirán los costes si el FNSSE sale adelante. "En el momento en que se realicen aportaciones al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) por las unidades de energía suministradas al Cliente, se repercutirán los costes indirectos correspondientes", se puede leer.
Naturgy también lo pone negro sobre blanco; en este caso, en las condiciones generales del contrato, que afectan tanto a su tarifa por uso (el mismo precio del KWh a cualquier hora) como a su tarifa plana (lo mismo cada mes independientemente del consumo, en base a un estudio de los hábitos del cliente). "Olvídate de las subidas del precio de la luz", aseguran: salvo si el Gobierno aprueba la reforma, porque entonces sí podrán cambiarlas. Unilateralmente y sin avisar, aumentando el coste de manera "automática", ya que no se consideran "modificaciones contractuales", como se puede comprobar aquí.
Endesa no hace referencia explícita al FNSEE, pero deja abierta la puerta, en las condiciones generales del contrato aplicables a sus ofertas de precios "estables", a modificar el precio de manera unilateral y sin avisar si hay cambios regulatorios. Es decir, "cualquier tipo de variación del precio aplicable al suministro o cualquier modificación de los demás conceptos, actividades o componentes regulados que pudieran aprobarse por la Administración durante la vigencia del presente contrato". No especifica qué modificaciones son las sujetas en este punto y la empresa no ha contestado a las preguntas de infoLibre al respecto.
Iberdrola, por su parte, también se reserva el derecho a subir los precios o, incluso, a cancelar el contrato con su cliente si se ponen en marcha las subastas de energía a largo plazo, anunciadas por el Gobierno en septiembre pero sin fecha. Mediante esta medida, el Ejecutivo pretende asegurar que las comercializadoras de electricidad (más de 100 empresas, al margen de lo que se conoce como oligopolio, donde se incluyen pequeñas compañías y cooperativas) puedan adquirir la materia prima a las generadoras (Naturgy, Endesa, Iberdrola, Acciona, EDP, Repsol, u otras especializadas en renovables) a un precio asequible. Las compañías se defendieron argumentando que mucha de esa energía que les obligaban a subastar estaba ya vendida.
"En el caso de que esa "participación obligatoria" incremente "el coste de aprovisionamiento de energía" de la empresa, Iberdrola podrá "incrementar el precio de este contrato en la misma proporción en la que se incremente el coste medio de aprovisionamiento como consecuencia de esas medidas regulatorias". Y si no puede encontrar una fuente de "aprovisionamiento alternativa", Iberdrola podrá romper lo firmado con el preaviso de un mes, pero sin indemnización; lo que puede poner en problemas a buena parte de la industria electrointensiva o a negocios que no tengan tan fácil cambiar de suministrador.
Más letra pequeña: permanencia, cambio de precios y electrodependientes
Cada vez son más los clientes que desembarcan en el mercado libre huyendo de los precios y la volatilidad de la tarifa regulada. Pero hay que tener cuidado y no confiarse por la "estabilidad" que prometen las eléctricas, aseguran las organizaciones de consumidores. Los contratos suelen tener un año de duración y para subir el precio, el preaviso puede ser solo de un mes, en el caso de Endesa y de Naturgy. Por eso es importante revisar siempre el recibo y tener presente cuándo se firmó el contrato y cuándo caduca, puesto que lo probable es que se produzcan aumentos debido a la situación del pool.
Muchas de estas ofertas especifican que no tienen permanencia; otras no. Iberdrola, en las condiciones particulares del "plan estable", asegura que si el usuario de más de 10 kw de potencia contratada (generalmente, negocios) quiere abandonar antes del primer año, se deberá abonar "una penalización por importe equivalente al 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro".
El Gobierno garantiza que bajará la luz, el gas y la gasolina el 29 de marzo, con o sin consenso en Europa
Endesa, que fue señalada en 2019 por cortar el suministro por una avería al periodista aquejado de ELA Carlos Matallanas (fallecido el pasado año), que dependía de la electricidad para sobrevivir, incluye unas líneas en sus condiciones para especificar que es responsabilidad de los enfermos el mandar toda la documentación que demuestre que, en base a la ley del sector eléctrico de 2013, no les pueden cortar la luz así como así.
"Un esfuerzo adicional"
Este martes se reunieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los directivos de las principales compañías eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona y EDP. No ha salido del encuentro ningún compromiso concreto. El Ejecutivo coincide con las empresas en la necesidad de acelerar la implantación renovable. Las compañías insistieron, explicaron fuentes presentes en la reunión, en que cualquier tipo de detracción de "beneficios extraordinarios" o "caídos del cielo" no tiene sentido porque no se perciben, dado que los contratos bilaterales, que en teoría no indexan el precio del pool, son el 80%.
En rueda de prensa, la ministra ha vuelto a insistir en que es necesario que las grandes empresas hagan "un esfuerzo adicional" ante la crisis, un mensaje que repitió el jueves en París: "En una situación tan complicada, no puede haber solo un esfuerzo del consumidor, del contribuyente. Debe haber también un esfuerzo por parte de aquellas empresas que están en posición de hacerlo". Sin embargo, las compañías no parecen muy dispuestas a que el golpe no lo asuman los consumidores, a juzgar por las condiciones de sus tarifas.
Durante 2021, 1,25 millones de consumidores eléctricos optaron por pasarse al mercado libre: con un precio pactado con la comercializadora y no tan dependiente del resultado de la subasta diaria como en la tarifa regulada. El trasvase duplica lo registrado en años anteriores: 575.000 clientes abandonaron el PVPC en 2020 y 660.000 lo hicieron en 2019. Los datos son de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pone cifras a una tendencia evidente: las principales comercializadoras de electricidad, sobre todo las más grandes, llevan meses ofertando modalidades "estables", que permiten no estar pendientes de la evolución del mercado. Sin embargo, esas tarifas no son tan planas como parece: las eléctricas se reservan el derecho a subir los precios en la letra pequeña si la regulación del Gobierno les afecta, aunque las medidas no tengan como objetivo final el consumidor.