Los ayuntamientos también se están sumando al creciente debate sobre la transición energética. En su caso, exigiendo a las comercializadoras que les suministran la energía para sus edificios municipales que se comprometan a adquirir electricidad de origen renovable (eólica, solar, hidráulica, aerotérmica…) a través del sistema de garantía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que está en vigor desde hace poco más de una década.
En España no existe un mercado único de energía verde y todo va al llamado pool en el que no se puede diferenciar la que sale de una central de carbón, una nuclear o un parque eólico. Así que lo que garantiza el sistema de la CNMC es que una cantidad determinada de energía eléctrica producida en una central, medida en megavatios-hora (MWh), se ha obtenido a partir de fuentes renovables en un periodo determinado. Lo que hacen las comercializadoras es adquirir esos certificados para ofrecerlos como garantía a sus clientes.
En las últimas semanas ha tenido repercusión la licitación del acuerdo marco de suministro de energía para el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, que incorporó como criterio de solvencia técnica para las empresas que se presentaran la obligación de contar con la certificación más exigente de la CNMC, la etiqueta A, que garantiza que por cada kilovatio vendido se ha generado otro en una planta de energía limpia.
Ese contrato, que contó con el aval del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid tras los recursos presentados por Gas Natural, Endesa e Iberdrola, deja fuera de facto a las grandes comercializadoras, que al tener unas altas cuotas de mercado no pueden acreditar certificados de origen 100% renovable para toda la energía que suministran. Holaluz y Nexus resultaron finalmente las adjudicatarias del concurso, dividido en lotes y que partía de más de 82 millones de euros, tal y como adelantó El Confidencial. Estas compañías serán las encargadas de prestar el servicio durante los próximos dos años.
Mientras portavoces de las grandes eléctricas aseguran a infoLibre que recurrirán a la vía judicial al considerar "discriminatoria" la inclusión del requisito de contar con la etiqueta A de la CNMC como criterio técnico, ya que les impide siquiera acudir a las licitaciones, otros ayuntamientos ya han anunciado que seguirán los pasos de Madrid. Es el caso del de Valencia, capitaneado por Compromis, el PSPV y València en Comú, donde ahora suministra la energía Gas Natural Fenosa a través de un contrato puente que también ofrece garantías de origen renovable.
En conversación con este diario, el edil Sergi Campillo asegura que la etiqueta A se incluirá como requisito en el contrato que se prepara para el próximo año después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales –en la Comunitat Valenciana no hay autonómico– tumbara el anterior pliego por contemplar la obligación para la adjudicataria de notificar al consistorio los cortes de luz por impago para comprobar que no afectan a familias vulnerables o en situación de pobreza energética. "Estamos en plena sintonía con el objetivo de apostar por la energía verde y estamos trabajando ya en el próximo pliego para conseguirlo", asevera.
Aunque con criterios no tan exigentes, la mayoría de grandes ayuntamientos ya valoran en sus contratos el compromiso de las comercializadoras con la energía verde. Por ejemplo, en Zaragoza, donde gobiernan Zaragoza en Común y CHA, la adjudicataria, que es Gas Natural Fenosa, está obligada por contrato a aportar garantías de origen por todos los MWh ofertados. Algo similar ocurre en Bilbao, donde el contrato está en manos de Iberdrola; Alicante, donde el suministro de energía a los edificios municipales es tarea deNexus; o Córdoba, A Coruña y Vitoria, todas ellas en manos de Endesa.
Fórmulas variadas
Otros consistorios, como el de Sevilla, en manos del PSOE, se limitan a premiar a las compañías que se comprometen a aportar más certificados de origen verde. Por ejemplo, la que los aporte por el 100% de la energía suministrada, tendrá los diez puntos de criterios medioambientales, si bien el criterio económico sigue primando al contar con los 90 puntos restantes. Ese contrato, que se encuentra ahora mismo en fase de licitación, ha sido criticado por grupos de la oposición como IU que han reclamado al alcalde Juan Espadas que "siga el ejemplo" de Madrid y adopte medidas para garantizar que todos los suministros eléctricos del consistorio hispalense sean cuanto antes 100% renovables.
El mismo modelo, consistente en otorgar en los criterios de adjudicación diez puntos sobre 100 a la compañía que acredite el 100% del origen renovable, también fue utilizado en la licitación del suministro energético municipal del Ayuntamiento de Málaga (PP). En este caso, las adjudicatarias resultaron ser dos comercializadoras pequeñas: Nexus y Watium.
Una fórmula similar se va a utilizar en el próximo contrato que se redacte en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE-Nueva Canarias-Las Palmas de Gran Canaria Puede), según confirma el concejal de Alumbrado Público y Aguas, Roberto Santana. "En el expediente actual, que se empezó a preparar antes de que llegara el actual equipo y que está en manos de Endesa, no se incluyó ninguna cláusula pro energía verde. Pero sí lo vamos a incluir en el próximo concurso dentro de los criterios de valoración", señala. Tampoco lo contemplaba el pliego del contrato que está actualmente vigente en Palma de Mallorca, gestionado por Endesa. El actual equipo (PSB-PSOE, MÉS y Som Palma) sí quiere incluir requisitos de garantías de origen renovable en los próximos pliegos aunque no ha determinado todavía con qué nivel de exigencia.
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Por otro lado está el caso del Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona en Comú), que está preparando para el próximo julio la puesta en marcha de su propia comercializadora municipal, que gestionará de manera integrada la generación de energía eléctrica de fuentes renovables y la comercialización de excedentes de consumo. Además, la previsión del consistorio barcelonés es que esa comercializadora, a partir de 2019, pueda abastecer de energía a 20.000 hogares de la ciudad.
Actualmente, el suministro lo están prestando Endesa y Nexus a través de un contrato puente, pues el año pasado Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público suspendió primero y anuló después el pliego del nuevo contrato que el Ayuntamiento preveía que estuviera vigente hasta que la comercializadora pública comenzara a funcionar. El motivo de anulación fue similar al esgrimido en el caso de la Comunitat Valenciana: la inclusión de ciertas obligaciones para las adjudicatarias en materia de pobreza energética. En este caso, que pagaran el 50% de las facturas de las familias vulnerables.
El Ayuntamiento de Murcia, que está entre los diez grandes consistorios por volumen de población a los que infoLibre se dirigió para obtener detalles sobre su contrato de suministro eléctrico municipal, no respondió a las preguntas de este diario.
Los ayuntamientos también se están sumando al creciente debate sobre la transición energética. En su caso, exigiendo a las comercializadoras que les suministran la energía para sus edificios municipales que se comprometan a adquirir electricidad de origen renovable (eólica, solar, hidráulica, aerotérmica…) a través del sistema de garantía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que está en vigor desde hace poco más de una década.