Los casos de víctimas de residencias que no estén en manos de la justicia prescribirán en 2025
El tiempo se detuvo para muchas personas aquellos meses de marzo y abril de 2020. 7291 residentes en geriátricos de la Comunidad de Madrid fallecieron sin recibir atención médica. Ni en el centro ni fuera de él. El Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre impidió que fueran trasladados a los hospitales públicos, pero es que tampoco se dispuso de los recursos entonces disponibles. Detrás hubo decisiones políticas. Medidas sin las cuales se podrían haber salvado hasta 4.000 personas. Lo dijo así el único tribunal que ha juzgado lo que pasó, uno informal, compuesto por expertos que quisieron suplir la falta de justicia ordinaria. Una que además está a punto de empezar una cuenta atrás: la de la prescripción de los posibles delitos que pudieron cometerse hace ahora casi cinco años.
Los familiares siempre llevan tres palabras en su boca: verdad, justicia y reparación. Funcionan como fichas de dominó porque si una no cae el resto tampoco lo hace. Era 11 de mayo de 2020 cuando empezaron a trabajar en ello. Marea de Residencias, una plataforma ya antes operativa pero casi desconocida, presentaba en los Juzgados de Plaza de Castilla una querella criminal colectiva con 26 familiares de personas fallecidas o mal atendidas en los geriátricos de la región. Ponían sobre la diana a la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a su entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a diez directores de residencias privadas, concertadas, de gestión indirecta y públicas. Sobre la mesa, cuatro posibles delitos: homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Tras ella llegaron muchas más. Todas por los mismos delitos; todas contra las mismas personas. Llegaron a ser hasta 400 las querellas presentadas, según el cómputo de la plataforma. Pero muchas ni siquiera pasaron los primeros filtros. La mayoría se archivaron y gran parte lo hizo, además, en procesos en los que ni siquiera se escuchó a las víctimas. Un hecho, además, sobre el que hasta la Fiscalía General del Estado alertó a los fiscales provinciales. "Resulta de especial importancia proporcional a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar. Para ello, se ha de velar para que sean oídos", señaló la institución en un oficio del 6 de octubre de 2022.
Mucho ha llovido desde aquel día. Y poco escuchadas se han sentido desde entonces. Pero muchas siguieron aun así su búsqueda de esas tres palabras. Y, así, ahora mismo hay judicializadas cuatro querellas en la Audiencia Provincial, 98 en Juzgados de Instrucción y 77 en el Tribunal Constitucional, estas en forma de recurso de amparo, como explica desde el otro lado del teléfono Carmen López, de Marea de Residencias. El resto o bien se quedaron por el camino o siguen esperando en una mesa su admisión o no por parte de los jueces. El problema es que si no lo hacen antes de que las muertes denunciadas en cada una de ellas cumplan cinco años, esas causas pasarán al olvido.
Llevan más de dos meses alertando de ello. Porque su última baza se encuentra en esta situación.
Una macrodenuncia despedazada
La presentaron el pasado 10 de octubre ante la Fiscalía de Madrid. Fuera, familiares cantaban su advertencia: "Ayuso, escucha, estamos en la lucha". Dentro, López y María Jesús Valero, de la organización 7291: Verdad y Justicia, dejaban sobre la mesa de Almudena Lastra una macrodenuncia de 109 familias que representan a 115 mayores —de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020— que no recibieron asistencia sanitaria en plena crisis sanitaria. Y que entienden que ese hecho es constitutivo del delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios".
Apuntan en este caso a mucha más gente. En concreto, a 29 personas, entre las que se encuentran los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de los dos Protocolos de la Vergüenza que impidieron la derivación a los hospitales; Pablo Busca, director del Summa 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, director del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
Entregaron la denuncia con nervios. Y no con demasiadas esperanzas. Pero darle un giro de 180 grados a las querellas que hasta entonces se habían presentado —y de las cuales demasiadas habían encallado— era su última opción. Iban con el tiempo justo, reconoce ahora Carmen López. Pero era el suficiente para que el plazo nos les cerrara para siempre la puerta de la justicia. Sin embargo, denuncian, Lastra tardó un mes en empezar a trabajar. Y eso dilató todavía más el proceso. "Fue un horror para nosotros", lamenta Valero.
Pasado ese tiempo se remitió la denuncia a distintas fiscalías para que fueran éstas las que considerasen los distintos casos. Porque hay más de un centenar. Desde entonces algunos se han judicializado ya, pero otros siguen esperando. "Confiamos en que todos lleguen a tiempo antes de que el delito prescriba", señala López.
Cuidarse de hacerlo "con antelación suficiente"
No sirve con que esté en manos del fiscal, un juez debe admitir el caso. Si no lo hace, en el momento en el que se cumplen cinco años del delito denunciado éste no puede ser judicializado. Lo explica Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional, con una circular de la Fiscalía General del Estado en la mano. Es la 4/2013 y en ella el organismo alertaba expresamente a los fiscales de que deben tener "muy en cuenta" el "transcurso del tiempo a los efectos del cómputo de los plazos de prescripción". Los fiscales deben, añadía cuidarse "de presentar las denuncias y querellas con antelación suficiente para permitir que la resolución judicial sobre su admisión recaiga antes del cumplimiento del plazo de prescripción".
El 4 de diciembre los familiares insistieron en ello. Y lo hicieron además ante los autores de esa circular. En concreto, y durante una reunión con la fiscal jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana Isabel García León, instaron a actuar "de manera ágil", una petición que fue acogida, percibieron, de manera "receptiva".
Una imposible investigación política
7291: miles de personas exhiben el número que persigue a Ayuso por su gestión en las residencias
Ver más
Más allá de la judicial, los familiares también pidieron en su momento que lo sucedido en las residencias de mayores de la región tuviera consecuencias políticas. Porque lo que sucedió en Madrid no ocurrió en ningún sitio, a pesar de que Ayuso ha defendido lo contrario en reiteradas ocasiones. Su comunidad aprobó el protocolo más restrictivo, tuvo el mayor porcentaje de fallecidos en el propio geriátrico, construyó un "hospital milagro" al que no derivó a ancianos de las residencias, sólo los trasladó a hospitales privados si tenían un seguro e ignoró las resoluciones judiciales que la obligaban a medicalizar los centros. Sin embargo, ha defendido su gestión sin matices. No hubo errores.
La comisión de investigación que se creó en la Asamblea de Madrid fue suspendida al poco de arrancar por el adelanto electoral y los conservadores nunca más han permitido reactivarla. La oposición lo ha intentado, pero la herramienta de Ayuso ha sido defenderse mediante el ataque. El último ejemplo de ello es la carta que supuestamente recibió por parte del hijo de un fallecido en una residencia que pedía específicamente que se borre a su padre del listado de las víctimas. No está dispuesto, argumentaba, a que la "secta" de Más Madrid le utilice con pretensiones "espúreas y meramente electorales". "No se puede ser más vil y miserable, porque no quiero que el recuerdo de un buen hombre y mejor padre, esposo y abuelo, justo y entrañable, sea mancillado por una secta carente de moralidad ética", prosiguió en el texto, que finalizó indicando no tener "problema alguno" para hacer pública su identidad.
Sin embargo, y tras la petición de la diputada socialista Lorena Morales, la Mesa de la Cámara, controlada por el PP, ha impedido dar cualquier información sobre el escrito supuestamente enviado por Raúl. En concreto, porque la fecha en la que se recibió la carta y la residencia donde vivó la víctima es un "objeto singularizado" y facilitar la copia del escrito "no es control del Gobierno".
