La entrada en escena de una empresa cuya nacionalidad, capital y composición societaria resulta imposible de verificar a día de hoy en los registros mercantiles españoles ha venido a añadir leña al fuego de la sospecha en plena investigación judicial sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, protagonista en 1998 del mayor desastre ecológico que recuerda Andalucía. La investigación arrancó tras la denuncia de una empresa rival por presuntos graves delitos de corrupción, desde soborno a tráfico de influencias.
De la existencia de esa empresa, denominada AMC Mining Iberia SL, ha quedado un solo rastro: el que la presenta como accionista única de Minera Los Frailes SL, que fue la empresa que el 11 de mayo aceptó formalmente de manos de la Junta, gobernada por el PSOE, la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, otorgada 59 días antes en el mismo concurso internacional que, según la juez que investiga el caso, estuvo plagado de irregularidades de principio a fin.
El problema radica en que, en teoría, donde el Registro dice que AMC Mining Iberia SL es el accionista único de Minera Los Frailes SL, debería leerse “Minorbis SL” y “Grupo México” o alguna de sus filiales reconocibles. Porque esas dos sociedades, y no la opaca AMC Mining Iberia SL, fueron las que dos meses antes habían ganado el concurso.
El porqué de semejante operativa resulta todavía una incógnita. Pero lo cierto es que la existencia de AMC Mining Iberia impide conocer de manera fehaciente y pública cómo se han repartido las cuotas del negocio de Aznalcóllar las dos empresas beneficiarias de la licitación: la que formalmente se presentó al concurso, Minorbis, una pequeña mercantil cordobesa ajena a la minería y vinculada a una constelación de sociedades limitadas para las que ha trabajado un antiguo alto cargo de la Junta -exdelegado de Industria en Córdoba-, y su aliado tecnológico, el gigante minero Grupo México.
Ni los portavoces de Minorbis ni los de Grupo México ni el bufete donde aparece domiciliada Minera Los Frailes SL, a los que se dirigió infoLibre, han desvelado datos sobre AMC Mining Iberia SL salvo -en el caso de los dos gabinetes de comunicación que representan a Minorbis y Grupo México respectivamente- la confirmación de que se trata de "una filial" de Grupo México sin precisión de nacionalidad.
En la banda opuesta, la empresa que con su denuncia desencadenó la investigación judicial, Emerita Resources España SL, de nacionalidad española y capital canadiense, ha tirado por su cuenta del hilo de AMC Mining Iberia SL: tampoco ha podido localizar la sociedad "más allá de su CIF". Según su abogado, ese CIF se corresponde realmente con el de una compañía instrumental española constituida en noviembre en Madrid y que habría sido rebautizada con ese nuevo nombre, extremo que este diario no ha podido comprobar por sus propios medios.
En un escrito que llegó este lunes a la juez que instruye este caso, el letrado de Emerita le pide que averigüe qué funcionario de la Junta autorizó “y en base a qué” que una compañía ajena a las ganadoras del concurso aceptara en su nombre la adjudicación. El abogado de Emerita adjunta a ese escrito notas actualizadas "del Registro Mercantil Central y del Registro Mercantil de Madrid" para acreditar sus afirmaciones.
¿Cabe la posibilidad de que el Registro Mercantil no haya tenido tiempo de que todo se reduzca a que el cambio de nombre sea tan reciente que sus inscripción esté aún pendiente? Teóricamente, sí. Pero, a falta de explicaciones, lo que no se comprende entonces es por qué sí tuvo tiempo para inscribirla con su nueva denominación como socio único de Minera Los Frailes SL. Sobre todo, se comprende con dificultad que eso siga ocurriendo tres meses después de que la Junta anunciase quién había ganado el concurso.
¿Y por qué la empresa cordobesa?
La Junta de Andalucía, cuyos portavoces consultados por infoLibre siguen asegurando que el procedimiento ha sido impecable, sostiene que todo marchó en regla el 11 de mayo durante el trámite de aceptación de la adjudicación: aunque el Registro Mercantil señale que Minera Los Frailes tiene un solo socio, la empresa AMC Mining Iberia SL, del que nada es posible saber, los portavoces del Gobierno andaluz dicen que en realidad tiene dos: Minorbis, “que se ha quedado con un 2%”, y el mexicano Grupo México, que coparía así el 98% restante.
El representante de la Junta que este martes atendió a infoLibre lo hizo con prisa en el breve receso de una reunión a la que dijo estar asistiendo, por lo que quedó en el aire una pregunta, amén de la relativa a la nacionalidad de AMC Mining Iberia SL: la de por qué, en un concurso internacional como este, lideró la oferta una empresa cordobesa sin tradición ni conocimientos mineros, Minorbis, y cuya participación se limitará a un exiguo 2% si el peso tecnológico, económico y societario iba a llevarlo Grupo México. En resumen, la pregunta sigue siendo para qué necesitaba Grupo México a Minorbis.
La denuncia con que Emerita Resources España SL, rival del tándem Minorbis-Grupo México y que perdió el concurso, desencadenó la investigación judicial incluye en su relato el siguiente episodio: en marzo de 2014, cuando Minorbis aún no había firmado su preacuerdo de intenciones con Grupo México ni había presentado oferta al concurso, uno de sus representantes acudió a la sede de Emerita y le ofreció acudir juntas a la licitación bajo la siguiente advertencia: Magtel, la cabecera del grupo que de hecho forman Minorbis y otro centenar de sociedades, tenía "la llave" del concurso.
Una vez que el directivo de Emerita rechazó la oferta, el representante de Minorbis le anunció –eso dice la denuncia- que recibiría de inmediato una llamada de la Junta. La denuncia prosigue contando que esa llamada se produjo. Y que quien la hizo fue Vicente Fernández, secretario general de la Consejería de Economía. En una reciente rueda de prensa, Fernández vino a remachar que jamás se le habría ocurrido presionar a nadie.
Tras esa rueda de prensa, infoLibre intentó verificar a través de fuentes oficiales no el contenido de la llamada sino si Fernández recordaba haberla hecho: el número tres de la Consejería de Economía no se acuerda pero tampoco la puede descartar, convinieron las fuentes consultadas. No obstante, el mensaje fue el mismo que el de la rueda de prensa: si la hubiera hecho habría sido para devolver alguna consulta previa o algo similar, pero en ningún caso para presionar a nadie.
Una escritura notarial que nadie puede ver
La Junta afirma que los representantes de Minorbis y Grupo México que comparecieron el 11 de mayo para aceptar formalmente la adjudicación de la mina portaban una escritura notarial acreditativa de que la empresa cordobesa había entrado en el accionariado de Minera Los Frailes mediante ampliación de capital, aunque la inscripción de ese acto en el Registro Mercantil –añaden- “está pendiente”. ¿Posee la Junta copia de esa escritura notarial? No, porque no consideró necesario reclamarla y no tenía por qué desconfiar, fue la respuesta.
El asunto de la ampliación de capital depara otra sorpresa. Y otro misterio: porque la única de la que hay constancia registral, por importe de un millón de euros, quedó inscrita después de que Minorbis y Grupo México le enseñaran a la Junta la escritura notarial del párrafo anterior que, según el Gobierno andaluz, acredita la entrada de la compañía cordobesa en el accionariado de Minera Los Frailes SL. ¿Por qué entonces no se inscribió también la incorporación de Minorbis al accionariado? No hay respuesta.
La nota de prensa divulgada por el tándem ganador del concurso el pasado viernes 15 de mayo sostiene que Minera Los Frailes SL ya “cuenta con unos fondos propios de más de 93 millones de euros, según consta en escritura de aumento de capital social”. Esos 93 millones –agrega el citado comunicado oficial- constituyen una “cifra superior al 30 % de la inversión total prevista del proyecto, tal y como exigían las bases del concurso”. Cuándo se han desembolsado –o al menos escriturado– esos 93 millones es otra incógnita por despejar.
Durante la tramitación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, Grupo México dejó abierta la puerta a una retirada unilateral y discrecional, y así lo acredita un informe policial incorporado al sumario.
El informe alcanza esa conclusión basándose en los propios documentos aportados –básicamente, un Memorándum de Entendimiento, que equivale a una declaración de intenciones- por Minorbis durante la tramitación del expediente, cuyo acceso a su contenido completo denegó la Junta a la empresa rival, Emerita Resources España SL durante el proceso de tramitación. Luego, se lo denegó igualmente a Izquierda Unida pese a que ya entonces se había hecho pública la adjudicación.
Elaborado por la UDEF y muy prolijo en el análisis de detalles que no figuraban en la denuncia de Emerita Resources, el informe policial lleva fecha de salida del 23 de abril. A partir de ese momento, hay varias coincidencias cronológicas en esta historia.
La primera se produjo el 7 de mayo, el día en que la juez dató su auto judicial: porque fue el mismo 7 de mayo cuando en el Registro Mercantil quedó inscrito que Minera Los Frailes SL había pasado a llamarse de ese modo –su germen era una compañía instrumental creada en enero, bautizada con otro nombre y administrada por uno de los socios del bufete sevillano donde está domiciliada–. Y fue también el 7 de mayo también cuando Minera Los Frailes SL inscribió que la opaca AMC Mining Iberia SL era su socio único.
Seis días más tarde, el 13 de mayo, al tiempo que la Junta paralizaba el proceso hubo otra inscripción: la de una ampliación de capital por un millón de euros. El procedimiento fue paralizado -es decir, queda en suspenso la formalización del contrato- por orden directa de la presidenta andaluza, Susana Díaz, ese mismo día a la vista del auto judicial. Desde esa fecha, las empresas investigadas guardan silencio.
Una constelación de 100 sociedades
Creada con 3.000 euros cuando ya se había convocado el concurso minero de Aznalcóllar, Minorbis pertenece -y así lo desvela el ya citado informe policial- a la constelación formada por un centenar de sociedades limitadas que giran en torno a Magtel –acrónimo de Magdaleno Telecomunicaciones, por el apellido de la familia propietaria-, receptora en los últimos años de multimillonarias ayudas públicas –tanto andaluzas como procedentes del Gobierno central en el caso de 2014– para parques eólicos y banda ancha.
Su aliado tecnológico, Grupo México, es un auténtico gigante del sector minero americano y responsable del vertido que en agosto de 2014 inundó de sulfato de cobre el río Sonora.
Según un informe policial incorporado a la causa y al que ha tenido acceso infoLibre, la Junta no solo puntuó de manera ostensiblemente errónea distintos apartados de la oferta de Minorbis-Grupo México y aceptó documentos sin verificar su autenticidad sino que dio por buena la versión de que Grupo México participaría de manera segura en el proyecto pese a que en realidad no existía un compromiso financiero firme.
Susana Díaz paraliza la adjudicación de la mina de Aznalcóllar
Entre los ejemplos que, tras analizar las actas de la Mesa del Concurso, menciona la UDEF en su informe como paradigma del cúmulo de irregularidades figura el concerniente a la maquinaria: Minorbis –dice el informe- aportó un listado de todas las máquinas desplegadas por Grupo México en América sin precisar cuáles exactamente viajarían a Aznalcóllar.
Pero nada de lo que emerge en el informe policial, así como ninguno de los nuevos datos que han ido aflorando es susceptible de contraste con las empresas investigadas. Portavoces del bufete donde consta domiciliada Minera Los Frailes SL, el prestigioso despacho Montero-Aramburu, que defiende, entre otros, a varios antiguos altos cargos de la Junta implicados en el caso de los ERE, han rehusado ofrecer información sobre la opaca AMC Mining Iberia SL, que desde el 7 de mayo figura como accionista única de Minera Los Frailes SL.
Otros dos portavoces, estos de los dos gabinetes de comunicación que representan uno a Minorbis y otro a Grupo México, aseguraron que AMC Mining Iberia SL es una filial del holding azteca. Ninguno de los dos dijo poder confirmar en qué país, si en España o en México, tiene AMC Mining Iberia SL su domicilio social, es decir, el válido a efectos legales y no el comercial. Tampoco explicaron por qué esa compañía seguía constando oficialmente este martes como socio único de Minera Los Frailes SL.
La entrada en escena de una empresa cuya nacionalidad, capital y composición societaria resulta imposible de verificar a día de hoy en los registros mercantiles españoles ha venido a añadir leña al fuego de la sospecha en plena investigación judicial sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, protagonista en 1998 del mayor desastre ecológico que recuerda Andalucía. La investigación arrancó tras la denuncia de una empresa rival por presuntos graves delitos de corrupción, desde soborno a tráfico de influencias.