La hidroeléctrica gallega Ecoener-Hidralia ha renunciado al proyecto de construir una presa en el río Cambalam, en Guatemala, que según colectivos ecologistas amenazaba al modo de vida de poblaciones indígenas de la zona. Amigos de la Tierra y Alianza por la Solidaridad, las dos organizaciones que han presionado para paralizar la obra, se congratulan en un comunicado de la decisión de la empresa, ya que el proyecto "ha provocado graves conflictos: persecución, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades".
Los medios de Guatemala, recogen Amigos de la Tierra y Alianza por la Solidaridad, se hacen eco de las palabras de Ecoener-Hidralia, que manifiesta que los planes no han adquirido "la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en el que pretendía instalarse". El proyecto hidroeléctrico iba a ser construido en Santa Cruz de Barillas, zona habitada por los pueblos Q'anjob'al, Chuj, Akateko y Popti'. La compañía ya había paralizado hace meses las obras, y retirado los cargos contra los indígenas que protestaron contra la implantación de la construcción, pero no había renunciado oficialmente a la concesión, afirman los ecologistas.
Los motivos de los activistas para oponerse al proyecto son múltiples. La presa "no aportaba ninguna mejora a las comunidades afectadas", no fue aprobada por una consulta previa sobre la obra, libre e informada –tal y como obligan los convenios ratificados por Guatemala–, y desde la llegada de la empresa española al territorio en 2007, se ha fomentado la represión contra sus opositores, denuncian. En 2015, Amigos de la Tierra y Alianza por la Solidaridad iniciaron una campaña de firmas para reclamar la desestimación de la obra. Las rúbricas fueron presentadas el pasado 4 de noviembre al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina. El caso también se presentó ante Naciones Unidas.
Al menos 200 personas han sido asesinadas en 2016 por proteger sus tierras
Las organizaciones manifiestan su deseo de que Ecoener-Hidralia "cumpla con su palabra y abandone definitivamente el proyecto, así como cualquier otro intento en el futuro de comenzar otro macroproyecto en el territorio".
La historia de esta empresa en el territorio indígena de Guatemala está manchada de sangre. El 1 de mayo de 2012, un líder comunitario indígena opositor a la instalación proyectada en Santa Cruz de Barillas fue asesinado. Los testigos señalaron a dos empleados de Hidralia como autores del tiroteo, pero la empresa siempre lo negó. Las protestas derivaron en detenciones, y las detenciones en prisiones preventivas cuyos procesos judiciales estuvieron "plagados de irregularidades", como denunciaron los activistas.
La Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid elaboró un informe sobre la multinacional. Afirman que Luis Castro Valdivia, empresario coruñés, creó un entramado de más de cuarenta empresas vinculadas al sector energético para salvar restricciones legales. Denuncia que una de las sociedades, Ecoener-Hidralia, viró a partir de 2007 hacia América Latina ante las "críticas sociales" que la labor de Castro estaba generando en Galicia, y que escogió Guatemala por la impunidad que su marco normativo ofrecía para este tipo de proyectos.
La hidroeléctrica gallega Ecoener-Hidralia ha renunciado al proyecto de construir una presa en el río Cambalam, en Guatemala, que según colectivos ecologistas amenazaba al modo de vida de poblaciones indígenas de la zona. Amigos de la Tierra y Alianza por la Solidaridad, las dos organizaciones que han presionado para paralizar la obra, se congratulan en un comunicado de la decisión de la empresa, ya que el proyecto "ha provocado graves conflictos: persecución, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades".