La empresa Arpegio, antiguo feudo de Francisco Granados y considerada por la Fiscalía Anticorrupción como uno de los grandes escenarios del saqueo de las arcas públicas madrileñas, lleva contabilizadas 17 entradas de la Unidad Central Operativa (UCO) desde el estallido de la Operación Púnica, en octubre de 2014.
La profusión de visitas de la Guardia Civil a su sede retrata hasta qué punto Arpegio centra el interés de los investigadores de una causa donde el –supuesto– lucro personal de los principales imputados se solapa con –presuntas– operativas para financiar al PP de Madrid. Según fuentes conocedoras de lo sucedido, ocho de las 17 entradas de la UCO en Arpegio perseguían la búsqueda e inmediata incautación de determinados documentos. Y nueve tuvieron como objetivo recibir documentos a iniciativa del nuevo equipo directivo que en octubre de 2015 tomó las riendas de Arpegio.
¿Y qué busca la UCO en Arpegio con semejante celo? En general, contratos del llamado Plan Prisma, que solo entre 2006 y 2011 movió nada menos que 1.000 millones de euros para infraestructuras y equipamientos en municipios de la Comunidad de Madrid. Un informe de la Intervención del Estado (IGAE) ya ha señalado que, con independencia del eventual desvío de fondos, el hecho de que el Gobierno de Esperanza Aguirre delegase en Arpegio la ejecución del Plan Prisma constituyó "una cuádruple infracción legal".
Dos grupos de expedientes han focalizado los rastreos de los últimos meses. El primero es el relativo a los expedientes cuyo protagonista es la empresa de publicidad Over Marketing y sus tres sociedades satélite: Traci Comunicación, Link América y Abanico Comunicación. Las cuatro, que en la década de mando de Esperanza Aguirre ingresaron 15,5 millones por contratos públicos de la Comunidad y de ayuntamientos madrileños gobernados por el PP, pertenecen al empresario Horacio Mercado. En 2012, Mercado ya estaba siendo investigado en el caso Palma Arena. Y admitió ante el juez José Castro haber recibido contratos amañados también en Madrid.
El otro gran expediente que centra el interés de la investigación sobre Arpegio se refiere al de la adjudicación por la que que en marzo de 2006 Arpegio encomendó a Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA) preparar todos los contratos del Plan Prisma. Ese encargo reportó finalmente siete millones a DUSA, cuyo administrador único, Adolfo Fernández Maestre, reconoció en noviembre ante la Asamblea de Madrid que tenía solo "seis o siete empleados" cuando se alzó con la victoria y que "no estaba preparado" para una tarea de tal envergadura. DUSA ni siquiera tuvo rivales pese a lo suculento del importe inicial en juego –4,5 millones– y a que 20 empresas habían retirado la documentación necesaria para competir.
¿Cumplió DUSA los requisitos formales exigidos en el pliego de condiciones o ni siquiera se molestó Arpegio en garantizar el cumplimiento de ese trámite? Esa es una de las dudas que todavía persisten. Parte de los documentos originales del expediente han desaparecido para inquietud de los investigadores.
De hecho, esa desaparición se perfila como la clave de por qué en un informe fechado el pasado mes de mayo la Fiscalía Anticorrupción incorporó un párrafo de gran dureza hacia el Gobierno de Cristina Cifuentes: "Las razones expuestas [los agujeros negros detectados en ciertos expedientes y las declaraciones de distintos funcionarios sobre el "aislamiento profesional" al que se vieron sometidos por no participar en manejos turbios] nos conducen a pensar, que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid], no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia".
Dos flancos abiertos
El Ejecutivo madrileño se declara no solo por completo ajeno a cualquier maniobra de obstrucción a la justicia sino que subraya su "absoluta" voluntad de colaborar. Desde que tomó posesión en el verano de 2015, la presidenta Cifuentes no ha cesado de repetir el mensaje de que su equipo está limpio de polvo y paja. Como bazas a su favor juegan la entrega voluntaria de documentación de Arpegio, sobre la que los portavoces del Ejecutivo madrileño se niegan a aportar el más mínimo dato con el argumento de que no opinan "de causas abiertas", así como la presentación ante la Fiscalía de una denuncia sobre irregularidades detectadas en el Canal y, ahora, de otra sobre operaciones bajo sospecha relacionadas con la Cámara de Comercio de Madrid.
Pero Cifuentes también tiene dos flancos abiertos. Uno le afecta personalmente. Y es la adjudicación de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 a una empresa de Arturo Fernández, entonces dirigente patronal muy próximo a Esperanza Aguirre y donante del PP a través de la oscura fundación Fundescam. Ambas adjudicaciones se basaron en informes de sendos "comités de expertos" a los que pertenecía Cifuentes, que asimismo ocupaba un puesto en la mesa de contratación de la Cámara madrileña.
Uno de los grandes contratos investigados en 'Púnica' se firmó dos meses antes de que lo visara el Gobierno de Madrid
De momento, y tras un contundente informe de la UCO denostado por Cifuentes en particular y por el PP en general, el asunto parece congelado en espera de que el juez Manuel García-Castellón tome el relevo de Eloy Velasco en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. El entorno de la presidenta de Madrid da por hecho que la investigación sobre esas adjudicaciones a Arturo Fernández ha entrado en definitiva vía muerta "porque no hay nada".
El otro punto débil de Cifuentes –el más débil, según todos los observadores– se llama Jaime González Taboada y es el actual consejero de Medio Ambiente de Madrid. Durante el bienio 2006-2007, periodo en que Arpegio dispuso de 600 millones para el Plan Prisma, Taboada era director general de Cooperación Local a las órdenes de Francisco Granados. Y formaba parte de la mesa de contratación de Arpegio. Antes de abandonar la instrucción del caso Púnica para incorporarse a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco dictó un auto por el que cita a declarar para septiembre en calidad de investigados –imputados– a todos los que pertenecieron a la mesa de contratación de Arpegio entre 2006 y 2007. A todos salvo a González Taboada.
El consejero goza de aforamiento y, en consecuencia, no puede ser formalmente investigado por la Audiencia Nacional. Como informó este diario, en las actuaciones del caso consta incorporado el relato de un funcionario ya jubilado –el exjefe de área de zonas verdes– que involucra a Taboada en la operación de acoso y ostracismo a que, según su versión, fue sometido por negarse a amañar una adjudicación.
La empresa Arpegio, antiguo feudo de Francisco Granados y considerada por la Fiscalía Anticorrupción como uno de los grandes escenarios del saqueo de las arcas públicas madrileñas, lleva contabilizadas 17 entradas de la Unidad Central Operativa (UCO) desde el estallido de la Operación Púnica, en octubre de 2014.