La Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional investiga si la empresa Cat Helicopters SL que fue utilizada por la familia Pujol en en "múltiples ocasiones" para trasladar a alguno de sus miembros a Andorra "pudo ser beneficiaria de concursos públicos presuntamente irregulares por parte del Servei Català de Trànsit dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat.
Así se detalla en un informe incluido en el sumario del caso Pujol que investiga el juez José de la Mata, al que ha tenido acceso Europa Press, que cita como indicios de estos hechos la agenda de Josep Pujol intervenida en su domicilio de Barcelona y la declaración de un denunciante, un empresario que fue socio del dueño de Cat Helicopters, Jorge Barrigón. Con este último Josep Pujol habría celebrado según la Policía un "préstamo ficticio para blanquear" 900.000 euros procedentes del patrimonio familiar del clan.
El informe reproduce las declaraciones del denunciante que asegura que algunos de los miembros de la familia Pujol utilizaban los servicios de Cat Helicopters para sus traslados a Andorra. La empresa trasladó en "múltiples ocasiones" en helicóptero a los integrantes del clan, según consta en registros de los planes de vuelo y en los libros de operaciones de las aeronaves.
El denunciante también aseguró que deben existir rastros de estos desplazamientos en correos electrónicos y otras comunicaciones y en contratos de arrendamiento de servicios, facturación y otros documentos.
Este empresario habría advertido durante su declaración ante la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, celebrada en octubre de 2016, de la existencia de "presuntas irregularidades" cometidas por el Departamento de Interior Catalán "como mínimo desde 2006", poco después de la incorporación de este testigo a la compañía.
Se habrían adjudicado a Cat Helicopters servicios en el ámbito forestal, especialmente durante las campañas de verano. La persona encargada dentro del Servei de redactar las condiciones técnicas necesarias que servían de base a los concursos públicos era el piloto Antonio Almerich, de quien el empresario tenía constancia que se le retribuía económicamente porque encontró "matrices de talonarios olvidados en un cajón" donde aparecían los pagos, que alcanzaban unos 4.160 euros mensuales desde la compañía de helicópteros.
El denunciante añadió que Barrigón siempre le decía que este concurso "sería siempre suyo" y que de hecho año tras año se lo adjudicaban sin problemas a pesar de que otras compañías mayores intentaban licitar y siempre perdían.
Sobre el préstamo de 960.000 euros que Josep Pujol fijó con Barrigón, UDEF instó a la Agencia Tributaria a facilitar "cuanta información sea posible" en relación al hijo del expresidente de la Generalitat. De este modo, Hacienda abrió en julio de 2013 una inspección en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios correspondientes a 2009 y 2001 de Josep.
Hacienda destaca en su informe, obrante igualmente en el sumario y por el que se incoó expediente sancionador a Josep Pujol, que la ganancia no justificada en el año 2010 es de 295.000 euros. Según la documentación aportada por el hijo del matrimonio Pujol Ferrusola, parte de esta cantidad corresponde al préstamo de 960.000 euros que hizo a su amigo Barrigón entre 2008 y 2009 para la compra de la compañía de explotación de helicópteros en Andorra Heliand.
El contrato del préstamo –cuyo vencimiento se pensó en 18 meses– que recoge el informe de Hacienda, fija que primero Josep prestó 60.000 euros en metálico y sin formalizarlo en ningún contrato y posteriormente los 900.000 euros restantes. Dicha cantidad se puso a disposición de Barrigón en una caja fuerte a nombre de Pujol Ferrusola.
Sin embargo, debido a que el dinero no estaba generando intereses, se decidió extinguir el contrato e ingresarlo de nuevo en la cuenta bancaria de BPA propiedad de Pujol Ferrusola, aunque sólo se ingresaron 800.000 euros, mientras que los otros 100.000 euros se quedó en manos de Barrigón para adquirir un helicóptero.
No obstante, la inspección de Hacienda, tras realizar las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación, concluye que el origen de esos 800.000 euros es "desconocido" porque no coincide con lo manifestado por Pujol Ferrusola. De hecho, añade que los contratos firmados por ambos dos "no responden a la realidad" con lo aportado y que se contradice con lo expuesto por Revés que aseguró a los inspectores que "nadie de su entrono" negoció con él la compra de acción alguna de Heliand.
Un testaferro relacionado con el narcotráfico
El primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, habría además utilizado para ocultar el dinero de sus presuntas actividades delictivas a un testaferro, Vicente Luis Agramunt, que en 2013 creó una sociedad "que fue empleada para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos procedentes del narcotráfico a gran escala", según refleja un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del que la Fiscalía Anticorrupción tiene conocimiento desde enero de 2015.
En el citado informe, que obra en el sumario del caso Pujol que investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al que ha tenido acceso Europa Press, se vincula a Agramunt con la sociedad anónima constituida en Costa Rica en 2010 Blueshield Capital Group, creada según los investigadores "al objeto de ocultar, convertir o transferir los bienes o ganancias de las presuntas actividades delictivas de Jordi Pujol Ferrusola y su entramado familiar".
Agramunt era el secretario de esta supuesta compañía pantalla y la Policía ha constatado que, el mismo día de su constitución -el 16 de septiembre de 2010-, otorgó amplios poderes sobre la empresa a dos supuestos socios del hijo mayor de Pujol, Enrique José Vargas Tabernero -responsable en México de la constructora Isolux, y Juan Antonio Piedras Sanz.
La Policía alerta que Agramunt, "abogado de reconocida experiencia" en la constitución de sociedades instrumentales", fue el mismo que en febrero de 2013 creó Global Trader Resources Company S.A., empleada en operaciones de lavado del dinero de la droga, sin que se aporten en el informe más datos al respecto.
Por lo que se refiere a la sociedad vinculada a Jordi Pujol Jr., fue escriturada en Costa Rica y se designó secretario a Agramunt, quien vivió en Miami (EE.UU.) hasta su regreso a España en 2004.
En enero de 2015, cuando se realizó el informe por la UDEF, el presunto testaferro de los Pujol era dueño de Juris Magister LLC, constituida en la citada ciudad estadounidense pero con sede en la Torre
Europa del Paseo de la Castellana de Madrid. Su especialidad, "constitución y registro de sociedades en jurisdicciones 'fiscalmente favorables'".
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La Policía concluye que Agramunt -imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en 2009 por un presunto delito de blanqueo de capitales- era una persona encargada de proporcionar sociedades ad hoc en territorios opacos y que Blueshield habría sido "instrumentalizada" para generar a partir de ella una estructura societaria, con filiales domiciliadas en Miami dedicadas a la "realización de operaciones financieras y económicas con fondos cuyo origen podría encontrarse en las presuntas actividades ilícitas desarrolladas en España" por el mayor de los Pujol. Es la misma operativa empleada por Jordi Pujol en otras ocasiones, recuerda el informe policial.
Sobre el resto de gestores de la entidad, la Policía dice que Vargas Tabernero dejó de trabajar en Isolux Corsán en 2010, una empresa cuyo responsable, Luis Delso Herás, "habría llegado a pagar facturas millonarias a Jordi Pujol Ferrusola por unos servicios de asesoramiento de cuya constancia no existe más que el trasvase de fondos hacia este último y el acuerdo verbal al que afirman haber llegado ambas partes".
En cuanto a José Antonio Piedras, el informe lo sitúa como administrador único de varias mercantiles con domicilio social en la calle Coslada de Madrid.
La Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional investiga si la empresa Cat Helicopters SL que fue utilizada por la familia Pujol en en "múltiples ocasiones" para trasladar a alguno de sus miembros a Andorra "pudo ser beneficiaria de concursos públicos presuntamente irregulares por parte del Servei Català de Trànsit dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat.