Un empresario canadiense denuncia que políticos “amigos” de Feijóo le pidieron dinero para desbloquear un proyecto minero

“Amigos del presidente [Alberto Núñez Feijóo] llegaron con ofertas de ayuda, lo que normalmente significa $$ en una maleta Samsonite”. Así de claro se expresó George Salamis, director de la multinacional minera Edgewater, en un correo electrónico enviado el 12 de noviembre de 2014 al responsable de la filial de la empresa en España que intentó, sin éxito, extraer oro de la localidad gallega de Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña).

El email, que forma parte de la correspondencia interna de la empresa, fue incorporado a un proceso judicial por la procuradora que actuaba contra la Xunta en nombre de Edgewater en España como parte de su argumentación para establecer las trabas puestas por la administración.

En el mismo correo Salamis, que en esa época ya era consciente de que la Xunta se había puesto en contra de la mina (un proyecto que desató una enorme oposición social en Galicia por sus graves consecuencias para el medio ambiente) se lamentaba de la paralización de la iniciativa: “Ahora mismo no alcanzo a ver qué podíamos haber hecho de forma distinta, aparte de pagarles $$$$ a los políticos, como ellos mismos nos pidieron. Eso hubiese sido fácil y cualquiera puede hacerlo, pero no encaja con los principios fundamentales con los que hacemos negocios”.

Más adelante, el máximo responsable de la multinacional canadiense volvía a referirse al mismo asunto al aludir a los “amigos del presidente que vienen a nosotros con ofertas de ayuda, lo que normalmente significa $$ en una maleta Samsonite”.

Salamis encontraba “irónico” que, cinco años después de abandonar Venezuela “buscando un buen lugar donde hacer negocios”, ahora encontrase “muy poca diferencia entre el gobierno de Venezuela y la manera en que la Xunta” les estaba tratando en aquellos momentos. “De hecho, los caminos han sido casi idénticos. La lenta erosión en derechos, la denegación de permisos, intentando leyes nuevas y decretos por el camino para pararnos... Es exactamente lo que Hugo Chávez hizo con [la empresa] Rusoro antes de quitarnos el proyecto, que es lo que la Xunta va a hacer con nosotros pronto”, como así acabó ocurriendo.

“Me gustaría hacer esta comparación Galicia-Venezuela en la prensa, porque es cierta”, añadía el director de Edgewater. “Pero por ahora supongo que tengo que guardar silencio”, confesaba Salamis a Lluis Boixet, su interlocutor electrónico y el responsable de Mineira de Corcoesto, la filial de la empresa para este proyecto.

Un portavoz de la Presidencia de la Xunta, preguntado sobre este asunto, descalificó las palabras de Salamis en términos muy duros. “Es una burrada que viene del despecho, porque su proyecto fue rechazado. No se atreve a decirlo en público porque sería una calumnia”. Con todo, la Xunta se reserva el derecho de iniciar acciones legales.

El intento de extraer oro de Corcoesto desató una gran contestación popular durante mucho tiempo.

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El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pasó de apoyar la iniciativa, que supuestamente iba a generar riqueza en el interior de la provincia de A Coruña, a oponerse a ella, lo que desató una batalla legal con Edgewater, que ya poseía la concesión. Cuando Salamis envió el mail en el que revelaba el intento de “amigos” de Feijóo de conseguir dinero a cambio de desbloquear la mina, ésta ya vivía sus horas más bajas.

Apenas diez días antes, en una entrevista concedida al diario El País, el responsable de la multinacional se quejaba de que había sido la Xunta quien les “animó a invertir más dinero y luego rompió la negociación”. Salamis mostraba también su sorpresa por la actitud del Gobierno Feijóo: “No hemos recibido ninguna explicación. Se produjo un drástico cambio de opinión, cuando algunos niveles de la Administración pasaron de darnos todo su apoyo a adoptar la postura contraria”.

La batalla legal entre la multinacional y la Xunta apenas acaba de concluir. El pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional sentenció que lel Gobierno de Nuñez Feijóo obró correctamente cuando canceló los derechos mineros de Edgewater utilizando para ello una reforma de la legislación gallega. El recurso al alto tribunal en defensa de la multinacional había sido presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy.