Una empresa canadiense denuncia que un intermediario le pidió una 'mordida' de 1,5 millones para Feijóo y altos cargos de la Xunta

La empresa minera canadiense Edgewater, que en 2014 vio frustrada su expectativa de extraer oro de la parroquia gallega de Corcoesto, denunció en 2016 que un intermediario le comunicó que “tendría que pagar 1,5 millones de euros” para explotar la mina y que “esos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente [Alberto Núñez] Feijóo y al Sr. [Ángel Bernardo] Tahoces”, director general de Minas de la Consellería de Industria.

Esa acusación consta en una demanda de arbitraje internacional planteada por la empresa canadiense contra España. Al conocer que Edgewater había incluido en su demanda arbitral esas acusaciones, la Xunta puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía al entender que eran constitutivos de delitos de calumnias e injurias. El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, en un auto de fecha 8 de mayo de 2017, acordó el archivo y sobreseimiento libre de las actuaciones al entender que no existía ningún indicio de delito. La Xunta recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que en noviembre del pasado año desestimó el recurso y confirmó la decisión de archivo, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

Fuentes de la Consellería de Economía mantienen que “la decisión de la Xunta de resolver el expediente de caducidad y anulación del proyecto de explotación estuvo legalmente fundamentada y avalada además por el Tribunal Constitucional”. Las acusaciones de Edgewater, aseguran, no tienen “fundamento y no son tolerables”.

La cancelación del proyecto, subraya Economía, no tiene que ver con lo que la empresa alega. Una iniciativa “de esta envergadura necesita de las máximas garantías de solvencia, por eso no contó con la aprobación de la Xunta: porque no era solvente desde el punto de vista técnico ni económico y de ninguna manera era viable y positivo para Galicia”.

En todo caso, en el escrito de apelación que presentó ante la Audiencia coruñesa, los servicios jurídicos de la Xunta consideran las acusaciones calumniosas y se quejan amargamente de que los directivos y abogados de la empresa Edgewater no identifican a los supuestos intermediarios que pidieron presuntamente comisiones ilegales. "¿Cómo se puede defender, en efecto, un responsable público de semejantes acusaciones? ¿Quién se aproxima a la empresa para solicitar ese supuesto pago ilícito? ¿Cómo puede la empresa dar por cierto, hasta el punto de citarlos nominativamente, que esos presuntos pagos ilícitos son para esas personas?", se preguntan los letrados del Gobierno gallego. Y ellos mismos se responden: se trata de una conducta con "evidente mala fe, una conducta consciente y difamatoria, realizada con ánimo injurioso y calumnioso".

"Una maleta Samsonite"

El propietario de Edgewater, George Salamis, ya había apuntado en 2014 a un supuesto intento de soborno en un correo electrónico que trascendió años después, en el que afirmaba que “amigos del presidente [Alberto Núñez Feijóo] llegaron con ofertas de ayuda, lo que normalmente significa $$ en una maleta Samsonite”. 

En aquel entonces, sin embargo, no trascendió ni el dinero supuestamente exigido ni los presuntos beneficiaros de la mordida. Esta información, en cambio, sí fue incluida en el memorial de la demanda arbitral que Mineira de Corcoestro (MDC) —la empresa con la que Edgewater opera en Galicia— presentó ante la Abogacía General del Estado el 6 de mayo de 2016. Una copia de la demanda se envió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los ministros de Exteriores y de Industria.

En el párrafo 71 del memorial de la demanda arbitral se afirma que “un directivo de Sacyr le dijo a Salamis que MDC tendría que pagar 1,5 millones de euros para obtener un permiso de desarrollo para las concesiones de Corcoesto. Ese individuo también le dijo al Sr. Salamis que esos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al Sr. Tahoces. Además, afirmó que si MDC se negaba a pagar, creía que la Xunta procedería a tomar medidas para expropiar las concesiones”.

A la demanda arbitral la empresa canadiense adjuntó además una declaración de Salamis, propietario de Edgewater, en la que señalaba los mismos nombres y cantidades.

La empresa también señaló hace dos años que el mismo intermediario que planteó el soborno añadió que, si se negaban a pagar, “la Xunta procedería a tomar medidas para expropiar las concesiones”. Fuese ese el motivo o no, lo cierto es que el Gobierno de Feijóo pasó de apoyar la iniciativa, que supuestamente iba a generar riqueza en el interior de la provincia de A Coruña, a oponerse a ella, lo que desató una batalla legal con Edgewater, que ya poseía la concesión.

Edgewater interpuso entonces, en marzo de 2016, un contencioso-administrativo contra la denegación de la aprobación del proyecto de explotación de los derechos mineros de Corcoestro. En esa demanda es donde aportaba el correo interno de Salamis que ya apuntaba, sin más datos, a la existencia de un intento de soborno.

El directivo de un medio de “tirada nacional”

En el contencioso, la empresa canadiense hablaba también de una reunión mantenida en Madrid en la que Salamis se encontró con un directivo de una empresa del ÍBEX 35 y con “un directivo de un medio de comunicación de tirada nacional”, quienes “le indicaron que cabía reconducir la situación, a cambio de determinadas prestaciones a las que no se accedió”.

El 21 de octubre de 2015, la firma internacional de abogados Three Crowns LLP presentó ante Rajoy y los ministros de Industria y Exteriores una “noticia de controversia” contra el Reino de España basada en el acuerdo para la protección recíproca de inversiones suscrito entre España y Panamá. Edgewater recurrió a este acuerdo porque la empresa gallega Mineira de Corcoesto (MDC) era propiedad de la panameña Corcoesto SA, que a su vez era propiedad de la canadiense Edgewater Explotarion Ltd.

En esta nota de controversia los abogados de Edgeweater mantienen que la Xunta anuló la concesión porque se negaron a hacer pagos ilícitos a autoridades gallegas.

La batalla legal entre la multinacional y la Xunta tuvo un capítulo relevante en febrero de 2016, cuando el Tribunal Constitucional sentenció que el Gobierno de Nuñez Feijóo obró correctamente cuando canceló los derechos mineros de Edgewater utilizando para ello una reforma de la legislación gallega.

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Apenas dos meses después, en el mes de mayo, los abogados de Edgewater presentaron ante la Abogacía General del Estado y con copia a Rajoy y los ministros de Exteriores e Industria una “notice of arbitration” (notificación de arbitraje), en la que ya afirmaban que la mordida se pidió en otoño de 2014, que era de 1,5 millones de euros y que “se sugirió a MDC que los pagos de distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y a Agustín Hernández”, que acababa de dejar la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta para convertirse en alcalde de Santiago, donde hoy ejerce como jefe de la oposición.

En 2014, el dueño de Edgewater, en su correspondencia electrónica con el responsable de MDC, Lluís Boixet, encontraba “irónico” que, cinco años después de abandonar Venezuela “buscando un buen lugar donde hacer negocios”, ahora encontrase “muy poca diferencia entre el gobierno de Venezuela y la manera en que la Xunta” les estaba tratando en aquellos momentos. “De hecho, los caminos han sido casi idénticos. La lenta erosión en derechos, la denegación de permisos, intentando leyes nuevas y decretos por el camino para pararnos... Es exactamente lo que Hugo Chávez hizo con [la empresa] Rusoro antes de quitarnos el proyecto, que es lo que la Xunta va a hacer con nosotros pronto”, como así acabó ocurriendo.

“Me gustaría hacer esta comparación Galicia-Venezuela en la prensa, porque es cierta”, añadía entonces el director de Edgewater. “Pero por ahora supongo que tengo que guardar silencio”, confesaba Salamis a Boixet.