El dueño de una empresa de encuestas que trabajaba para el PP de Esperanza Aguirre ha declarado este lunes ante el juez de la Operación Púnica que en 2011 facturó parte de esos servicios a la fundación Fundescam porque así le dijo que lo hiciera el entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez.
Fundescam, ya extinguida y que dependía de la ejecutiva regional del PP, se nutría de subvenciones y de donaciones de grandes contratistas públicos de la Comunidad de Madrid: entre ellos, Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y también investigado en Púnica. Oficialmente, el objeto social de Fundescam nada tenía que ver con la financiación de campañas electorales, tarea que incluso la anterior legislación sobre partidos ya prohibía. Pero, en la práctica, llevaba años sufragando gastos electorales la formación conservadora en Madrid. Solo en el bienio 2003-2004 recibió un millón en donaciones.
El empresario Alfonso del Corral, con quien infoLibre no logró contactar, ha admitido que como propietario de Demométrica mantuvo reuniones con Aguirre pero que nunca habló con ella de dinero. Corral ha ratificado lo que en marzo de 2017 había reconocido ante la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Pero entonces compareció como testigo y ahora lo ha hecho en calidad de investigado. Es decir, como imputado.
En 2011 Demométrica cobró del PP madrileño 117.008 euros. Y de Fundescam, otros 39.156 euros. Pero el verdadero importe fue todavía superior: una segunda mercantil especializada en estudios de opinión, Hermanos Barral, asegura que le giró a Fundescam ese año otra factura por 45.253 euros a petición de Demométrica. Y que, como la que realmente había efectuado el trabajo era Demométrica, le hizo llegar el dinero mediante una segunda factura por esa cuantía. Un año antes, y así lo certifican los documentos de Hacienda integrados en el sumario, Demométrica ya había cobrado 91.673 euros de esa oscura fundación cuyo patronato estuvo siempre dominado por la plana mayor del PP madrileño.
El abogado de Granados
Fuentes conocedoras del interrogatorio subrayan que el abogado de Francisco Granados, antiguo número dos del PP madrileño y principal investigado en Púnica, estuvo especialmente activo y que sacó a colación un asunto similar al que en Gürtel fue motivo de una larga polémica mientras el PP ejerció la acusación: que la Comunidad de Madrid ejerce la acusación como ente jurídico pese a que entre las imputaciones alcanzan a antiguos cargos de esa administración y a que en el futuro la lista puede ampliarse.
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A Granados, ahora en libertad bajo fianza y que ha cambiado varias veces de letrado, le representa ahora Javier Vasallo. Y Vasallo es también el letrado que en el juicio sobre la financiación del PP valenciano defiende a Álvaro Pérez, El Bigotes. El viernes, Pérez señaló a Francisco Camps como quien "creó" el sistema de pagos con el que obligó a la trama Gürtel a endosar facturas del PP a grandes contratistas de la Generalitat. En Púnica, Granados lleva meses intentando que el juez cite a Esperanza Aguirre como investigada.
El defensor de Granados preguntó a Del Corral por José de la Uz, actual alcalde del municipio madrileño de Las Rozas. De la Uz ocupaba el cargo de secretario general técnico de Vicepresidencia en el Ejecutivo madrileño a las órdenes de Ignacio González. Ahora convertido en principal protagonista de la Operación Lezo, González había sucedido a Granados en 2011 como secretario general del PP madrileño. Y al igual que su antecesor había pertenecido al patronato de Fundescam pese a lo cual se reservó la competencia directa del reparto de ayudas para fundaciones vinculadas a partidos políticos.
Un certificado incorporado a la causa constata que fue De la Uz quien el 24 de mayo de 2012 certificó "que los gastos efectivamente realizados se adecuan en su naturaleza a la finalidad de la subvención". Es decir, a la finalidad de los 127.850 euros que la Comunidad de Madrid había concedido a Fundescam en 2011. En diciembre, la Cadena SER informó de que el juez de Púnica planeaba citar a De la Uz como investigado. El magistrado Manuel García Castellón no ha dado aún ese paso.
El dueño de una empresa de encuestas que trabajaba para el PP de Esperanza Aguirre ha declarado este lunes ante el juez de la Operación Púnica que en 2011 facturó parte de esos servicios a la fundación Fundescam porque así le dijo que lo hiciera el entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez.