Dos responsables de sendas empresas aseguraron en el juicio del caso Palau en sus declaraciones como acusados, que giraron al Palau de la Música facturas por trabajos que en realidad eran para CDC, entre ellos parte de la campaña electoral del partido en las elecciones generales de marzo de 2004, informa Europa Press.
El gerente de la empresa Hispart, dedicada al montaje de sistemas audiovisuales en congresos y mítines, Juan Manuel Parra, aseguró que remitió a la institución que presidía Fèlix Millet un total de 13 facturas que se correspondían a trabajos para el partido en esos comicios.
Explicó que las 13 facturas que se enviaron al Palau entre 2004 y 2008 por valor de 824.000 euros correspondían solo a trabajos del año de 2004, pero que tuvieron que espaciar así los cobros porque esa era la condición: "Fueron las condiciones que nos dieron, no pudimos hacer nada más".
Parra aseguró que, cuando murió el que era tesorero de CDC Carles Torrent, en 2005, habló con su sucesor, Daniel Osàcar –acusado en esta causa–, porque el Palau no pagaba algunas de las facturas, pero que él no estaba al corriente de nada, por lo que tuvo que volver a pedir ese dinero al Palau, concretamente al exdirector Jordi Montull, su persona de contacto en la institución.
"(Osàcar) Me dijo que no sabían nada de ese tema, que no tenían nada. Me fui al Palau a reclamar. Allí me dijeron que cuanto tuvieran dinero me lo pagarían", detalló en su declaración ante el tribunal.
Explicó que tras esas elecciones de 2004, elaboraron desde su empresa los albaranes de todos los eventos, que se entregaron al director de campaña y que una vez contaron con el visto bueno del departamento de contabilidad del partido, unos días después llamó para saber cómo se iba a pagar, y que Torrent le dio estas instrucciones.
A preguntas de su abogado, detalló que, cuando se destapó el caso, su empresa llegó a un acuerdo económico con el Palau de la Música para devolver el dinero.
"Factura aquí este concepto"
En la misma línea declaró el exconsejero delegado de la empresa de publicidad Altraforma Miguel Giménez Salinas que aseguró que CDC les llamó para que facturaran al Palau de la Música por trabajos que su firma había hecho para el partido.
"Nos llamaron de Convergència y nos dijeron: factura aquí este concepto", explicó este viernes en su declaración como acusado en el juicio del caso Palau, y justificó que en su empresa aceptaron falsear estas facturas –de los años 2006 y 2007– porque lo que querían era cobrar.
A preguntas del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, este directivo explicó que enviaron por correo al Palau de la Música estas facturas por trabajo a Convergència y que, por parte de la institución cultural, nadie se quejó de tener que pagar facturas del partido político.
Giménez Salinas explicó que no sabe quién fue el cargo de CDC que les dio estas indicaciones porque de las gestiones concretas se encargaba la directora financiera de la empresa, que ya ha fallecido.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Altraforma facturó al Palau un total de 190.778 euros: en 2006 por un importe de 60.000 euros y en 2007 otras dos facturas por valor de 69.298 y 61.480 euros.
Donación bajo sospecha
También declaró este viernes uno de los responsables de las empresas New Letter, Letter Graphic y Mail Rent, Pedro Luis Rodríguez, en las que aseguró que hacía funciones meramente comerciales.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, fueron "un eslabón esencial en la cadena de operaciones destinadas a allegar fondos a la órbita de CDC" con, por ejemplo, donaciones al partido por un total de 775.000 euros entre 2007 y 2009, que el Ministerio Público ve sospechosas.
CDC y Ferrovial
El exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, también acusado, negó que la empresa obtuviera obras públicas en Cataluña a cambio de pagar presuntas comisiones a CDC a través de la institución musical.
"Rotundamente no", zanjó Buenaventura, a quien el fiscal le pide cuatro años y medio de cárcel por ser supuestamente la persona que envió cuantiosos fondos de la constructora a CDC a cambio de obra pública, como la Línea 9 de Metro y la Ciudad de la Justicia.
Explicó que las reuniones que mantuvo con el expresidente del Palau fueron por las obras de remodelación del Palau y la construcción del Petit Palau por parte de Ferrovial y, sobre los extesoreros de CDC negó haber mantenido ninguna reunión, conversación, ni haber oído hablar de ellos: "Nunca los conocí".
El fiscal le mostró dos correos electrónicos y fax de Millet dirigidos a él en los que le mencionaba una obra de un pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) que obtuvo Ferrovial y le pedía hablar del tema de obra pública, que Buenaventura no recuerda, asegurando que su empresa movía anualmente un presupuesto de 4.000 millones de euros: "No puedo acordarme, es imposible".
A preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, concretó que "no conocía estos documentos antes de la causa judicial" y puntualizó que no llevan acuse de recibo.
Sobre una carta manuscrita –aportada por la nueva dirección del Palau a la causa– que lleva su firma en la que le pedía a Millet un esfuerzo ante una mesa de contratación, indicó que no puede asegurar que sea su firma y que tampoco recuerda un intercambio de documentación con él sobre posicionamiento de Ferrovial en concursos que nada tenían que ver con el Palau.
Sobre otro documento firmado por el director de zona de Cataluña de Ferrovial, Rafael Puig-Pey, en el que le comenta a Millet la posición de Ferrivial respecto a las adjudicaciones de la Generalitat a su empresa y pedía trabajar conjuntamente, Buenaventura recordó que Puig-Pey comentó que Millet decía que tenía contactos que les podían ayudar, básicamente en el tema de privado, "a lo mejor también le dijo que podía tener contactos con la Generalitat".
Presiones de Millet
Por otro lado, Buenaventura admitió que Millet era muy insistente y "presionaba" para que Ferrovial aportara más a los convenios de patrocinio porque aseguraba que el Palau tenía déficit o necesidad de liquidez para promocionar sus conciertos y eventos.
Sobre una carta del expresidente de la institución pidiéndole que resolviera una problema por un pago porque estaban quedando muy mal al no poder atender "los compromisos que tenemos adquiridos y tú ya conoces", Buenaventura indicó que se trataba de temas de patrocinio y planificación de conciertos.
Justificó los 11 millones de euros que pagó Ferrovial al Palau de la Música entre 2001 y 2010 en materia de patrocinio por la importancia de la institución musical en Cataluña, la relevancia de eventos como el concierto inaugural y el hecho de que pudieran estar realizando una obra en un edificio patrimonio de la Humanidad.
Explicó que el patrocinio de Ferrovial en el Palau empezó en 1992 –él entró de director en Cataluña en 1997– y que se basaba en ser miembro de honor (unos 80.000 euros), concierto inaugural y el ciclo de conciertos Palau 100, y que esos patrocinios dependían del director de zona y el importe dependía de los conciertos de ese año.
Indicó que la evolución de la obra realizada por Ferrovial en Cataluña con los patrocinios del Palau no tienen relación "en absoluto".
Dos responsables de sendas empresas aseguraron en el juicio del caso Palau en sus declaraciones como acusados, que giraron al Palau de la Música facturas por trabajos que en realidad eran para CDC, entre ellos parte de la campaña electoral del partido en las elecciones generales de marzo de 2004, informa Europa Press.