Dos empresas pretenden reabrir una mina de cobre en Galicia tras los daños ambientales que provocó en los 80

La historia se repite dentro y fuera de las fronteras españolas: proyectos extractivos que impactan sobre el medioambiente y que despiertan tanto adhesiones bajo promesas de empleo como rechazos encendidos. Uno de los últimos casos sucede en las orillas del río Ulla, principal suministrador de la ría de Arousa, en Galicia. Entre los ayuntamientos de O Pino y Touro, al sur de la provincia de A Coruña, se encuentra la llamada mina de Touro, de la que se estuvo extrayendo cobre hasta el 86. Ahora dos empresas, Explotaciones Gallegas y Atalaya Mining, quieren ampliar la superficie de acción y reanudar las labores de obtención de uno de los minerales más valiosos del momento, por su utilización en la tecnología. Asociaciones locales encabezan el rechazo frontal al proyecto, aún en fase burocrática y pendiente de una evaluación de impacto ambiental favorable. "El impacto visual, paisajístico y humano sería inaceptable", aseguran los detractores. No se fían: la anterior etapa de la mina ya trajo consecuencias.

El agua de la zona ya está ácida, llena de sulfatos y metales pesados, fruto de un proceso químico llamado drenaje ácido de minas. La mina ha sido una de las causantes de que, en determinadas partes, el río Ulla "esté totalmente muerto", asegura Manolo Puga, de la asociación Aldea Viva. Temen que pueda repetirse la historia, aunque la empresa niega cualquier tipo de peligro medioambiental. El proyecto es de minería a cielo abierto y de transferencia, como, por ejemplo, el de extracción de uranio en Retortillo. Consiste en levantar la tierra, tratarla para sacar el material, desechar el lodo inservible y volver a colocar la tierra intacta en su lugar. En el caso de la mina de Touro, requiere el uso de grandes balsas o depósitos de estériles, donde se almacena material contaminante por metales pesados y que levantan las más incisivas sospechas.

Los depósitos estarán impermeabilizados, tanto en el suelo, para evitar filtraciones, como en la parte de arriba, para evitar desbordamientos. Las asociaciones opositoras temen lo que puede pasar en el peor de los escenarios, si hay un error fatal, se rompe la balsa y litros y litros de agua contaminada corren mina abajo. "No estaríamos hablando solo de un daño medioambiental, estaríamos hablando de muertos", advierte Puga. El presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, Serafín González, cifra el tamaño de estas balsas: una de 26 hectáreas y otra de 95 hectáreas. Para poner los números en contexto, un recordatorio: una hectárea es un cuadrado de 100 metros de largo y ancho, lo que mide el verde del Bernabéu de largo.

"Ojalá pudiéramos confiar en ellos", lamenta González. "Pero la experiencia previa es muy mala", ya que Extracciones Gallegas, que ahora forma una dupla con Atalaya Mining, fue la responsable del daño medioambiental de los 80. Más allá de los posibles accidentes, que no tienen por qué producirse, el activista habla de "certezas", que "no son discutibles que ocurran o no, es que van a ocurrir" si el proyecto extractivo salga adelante. Según los datos de la organización, la pequeña aldea de Arinteiro se quedaría entre dos escombreras a 200 metros de las casas, de 71 y 81 metros de altura, con varias explosiones diarias para remover la tierra y sacar el cobre. "Es lo que está previsto. Es un impacto visual, paisajístico y humano inaceptable", asegura el presidente de la asociación.

La Sociedade Galega de Historia Natural ha notificado a la Conselleria de Cultura acerca de sus "sospechas" con respecto a la desaparición de un castro, restos de un poblado fortificado celta. "Aguantó la primera fase de explotación de la mina", asegura González. Pero tras el cierre de la infraestructura, Explotaciones Gallegas recibió el encargo de restaurar la zona debido a los daños causados, y en esa restauración el poblado desapareció, "coincidiendo con la subida del precio del cobre y con las primeras informaciones del interés de la empresa" en reanudar la extracción, afirma el presidente de la asociación, que confirma que aún no han recibido respuesta de las autoridades sobre este tema.

La empresa que se encarga de la investigación y la planificación previa, Atalaya Mining, lo niega todo y se defiende. A preguntas de infoLibre, niega que exista el más mínimo peligro en los depósitos de estériles. "Los depósitos están diseñados para que no exista ninguna salida al exterior. Se construyen y operan según las mejores técnicas disponibles, y siguiendo la legislación y reglamentación técnica española, de las más estrictas y seguras del mundo", afirma el departamento de comunicación. Niega, también, cualquier posible contaminación de las aguas del Ulla: "La extracción y procesado del mineral de cobre se realiza en un circuito cerrado. Tanto las aguas como los reactivos utilizados en el proceso metalúrgico se recuperan y reciclan constantemente".

Los términos del gabinete de prensa de Atalaya Mining son muy amables en comparación a los que utilizó el miércoles 21 de marzo el consejero delegado de Atalaya Mining, el ourensano Alberto Lavandeira. Atribuye las críticas a "iluminados" que vierten "puras amenazas sin datos" en un contexto de contestación social "ideológica". Las promesas, como es muy habitual en planes de este tipo, son de empleo: 400 nuevos puestos de trabajo, cifró. Puga reconoce que, si bien hay sectores de la zona en pie de guerra, otros muchos habitantes del municipio no opinan lo mismo. Las promesas, cuando de trabajo se tratan, calan e ilusionan. "Hay mucha gente pensando en  la posibilidad de trabajar, y pensando que la actividad puede reportar beneficios al concello en forma de impuestos", reconoce Puga.

Una ley muy favorable

Miles de personas piden a la Xunta en Santiago que no autorice la "contaminante" mina de Touro

Ver más

El activista considera que ni siquiera lo último se puede garantizar, porque la ley 5/2017 de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, aprobada a finales de año con el único voto a favor del PP, facilita las cosas a las empresas que plantean proyectos como el de la mina de Touro. Y no solamente en el ámbito fiscal. Numerosas organizaciones ecologistas han denunciado que la ley, que modifica la ley de ordenación de la minería de Galicia, simplifica en exceso los trámites ambientales que toda compañía con intenciones extractivas debe cumplimentar: en concreto, facilita el proceso de la evaluación de impacto ambiental, la barrera más importante que, en teoría, debe evitar cualquier daño medioambiental.

El Ejecutivo de Feijóo sacó adelante la norma para facilitar este tipo de proyectos expresamente. Y no se cumplen las garantías que los ecologistas consideran necesarias. Como consecuencia de la ley, "todos los beneficios van a favor de la empresa minera", denuncia Puga. González pide que la evaluación ambiental, que aún está por realizarse, "considere todas las consecuencias para el peor de los escenarios posibles, y que se obligue a la compañía a contratar u seguro. Hasta ahora, no se les ha exigido nada de eso". El proyecto se presentó en abril de 2017. En agosto del mismo año se expuso a información pública y se remitió a los departamentos de la administración que tienen competencias en las distintas áreas para que estos emitieran su informe al respecto. Actualmente se está a la espera de recibir los resultados de este proceso, confirma Atalaya Mining. La inquietud se cierne sobre dichos resultados entre los opositores a la reapertura de la mina: tiene que dar su visto bueno el mismo Gobierno que abrió el camino, ley mediante, a empresas y proyectos de este tipo.

Los antecedentes de Atalaya Mining en otros lugares de España no son alentadores. Son los responsables de la reactivación de una mina histórica: la de Riotinto, en Huelva. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga a la compañía por la desaparición de tres hectómetros cúbicos de aguas ácidas en la zona que no están donde deberían estar, y que de haberse soltado a plena naturaleza han causado severos daños. La Fiscalía Provincial de Huelva, además presentó en febrero una denuncia contra Atalaya Mining por un delito de contaminación atmosférica con grave riesgo para la salud de las personas, tras la conformación de nubes de polvo en suspensión en la mina. La Fiscalía considera que no se aplicaron debidamente las medidas de prevención exigidas en la evaluación ambiental. De confirmarse el delito, el antecedente no ayudará, precisamente, a la tranquilidad de los habitantes de Touro y A Pino, divididos entre la ilusión y la desconfianza.