La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quiere aprobar el Estatuto del Becario antes de que termine la Legislatura, tras llegar a un acuerdo con los sindicatos sin el apoyo de la patronal, a pesar de que esta norma ha sido rechazada por los rectores, estudiantes, los Consejos Sociales de las Universidades, empresas de formación y organizaciones de enseñanza privada, según informa Europa Press.
"Por fin tenemos acuerdos con sindicatos para ya no tener más falsos becarios y tener el estatuto que se merece nuestro país", proclamó este fin de semana Díaz tras el acuerdo de Sumar con una quincena de formaciones de izquierdas para concurrir en coalición en las próximas elecciones generales del 23 de julio.
La propuesta del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como Estatuto del Becario, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.
Tras el anuncio de Yolanda Díaz, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) rechazó el proyecto del Estatuto del Becario al considerar que constituye "una amenaza" para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español.
La organización mostró su discrepancia por la forma en la que se ha negociado, ya que las prácticas de estudiantes universitarios "son un asunto estrictamente académico", por lo que no entiende la razón de que sean los sindicatos y la patronal los que pacten su régimen jurídico.
"No se cuestiona su capacidad —y la del Ministerio de Trabajo— para fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son por configurar un verdadero y propio contrato de trabajo. Pero, una vez establecida esa frontera, nada tienen ya que disponer sindicatos y patronal respecto del régimen jurídico de las prácticas académicas. Eso es un asunto exclusivamente académico cuya competencia reguladora recae en el Ministerio de Universidades y en las propias universidades", alega la CRUE.
Además, se opone "radicalmente" al establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas. Para CRUE es una previsión "inédita" en el Derecho español y sostiene que su consecuencia "inmediata" es que disminuya de manera "dramática" el número de empresas y "sobre todo" de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas.
Un acuerdo que no es apropiado antes de las elecciones
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que se ha desligado del acuerdo entre Trabajo y los sindicatos, rechaza la forma del pacto porque "no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad".
A su juicio, el Estatuto del Becario "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo". Al respecto, agrega que también "hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto".
Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) se han posicionado en contra de "la distinción entre prácticas curriculares y extracurriculares, así como los límites".
No obstante, los estudiantes exigen "mantener la compensación para cubrir los gastos y evitar barreras económicas en las prácticas, para que no supongan un coste para el alumno". "Seguiremos luchando para asegurar la participación del estudiantado en la negociación y lograr un Estatuto que garantice prácticas remuneradas, cotizadas y de calidad", apunta la organización.
Consejos sociales de universidades alertan de "graves consecuencias"
La norma también ha sido criticada por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), que ha advertido de las "graves consecuencias" del Estatuto del Becario en las prácticas externas de los estudiantes, "en las que desarrollan habilidades y competencias fundamentales para su formación" y rechaza el proceso de negociación para la elaboración del mismo.
"La sobrecarga de esfuerzos y de costes que se les imponen a las prácticas curriculares dificultará su gestión por las universidades y las hará poco atractivas para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector que se vienen comprometiendo en programas de cooperación educativa", señala la institución, que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a órganos de representación de las privadas.
En la misma línea, las organizaciones patronales de enseñanza privada ACADE, Educación y Gestión y CECE han avisado de que la titulación de los alumnos de Formación Profesional y el nuevo modelo dual "se verían en serio peligro" si entra en vigor el Estatuto del Becario.
En concreto, los centros de enseñanza privada alertan de que "se pone en riesgo" la oferta de puestos formativos en las empresas, "que son imprescindibles para que los casi 1.110.000 estudiantes de Formación Profesional puedan titularse", por lo que se oponen a la aprobación de la propuesta.
Con la progresiva implantación de la Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, todos los estudiantes tendrán que tener una estancia formativa en las empresas de un mínimo de 500 horas, lo que supone, según indican estas entidades, "la necesidad de contar con una oferta suficiente de puestos formativos en las empresas para poder garantizar la titulación de todo el alumnado".
El Estatuto del Becario recoge sanciones de hasta 225.000 euros y limita las prácticas extracurriculares
Para las organizaciones, "la realidad es que, en estos momentos, el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la Formación Profesional, especialmente en determinadas titulaciones".
Por último, la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) ha rechazado la aprobación de esta norma ya que "ni es el momento, ni toca ahora". "En el actual escenario político en el que nos encontramos inmersos, con unas elecciones el próximo 23 de julio, es de una enorme irresponsabilidad pretender a base de un Real Decreto Ley publicar una norma de tal calado en la que el Ministerio de Trabajo no ha escuchado las consideraciones y sugerencias que se han hecho al texto desde el mundo empresarial", lamenta.
En este sentido, destaca que la aprobación del Estatuto del Becario "pone en grave peligro" la realización de las prácticas no laborales en las empresas, ya que "desincentiva que éstas puedan acoger alumnos".
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quiere aprobar el Estatuto del Becario antes de que termine la Legislatura, tras llegar a un acuerdo con los sindicatos sin el apoyo de la patronal, a pesar de que esta norma ha sido rechazada por los rectores, estudiantes, los Consejos Sociales de las Universidades, empresas de formación y organizaciones de enseñanza privada, según informa Europa Press.