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¿De qué se quejan los cazadores? Los 5 frentes de su ofensiva total contra el PSOE, UP y el ecologismo

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En contraste con su protagonismo político, la caza no atraviesa su momento de mayor tirón popular. En 2019, último año del que hay datos oficiales, fueron expedidas 743.650 licencias, menos que cualquier otro año desde que comienza en 2005 la serie estadística publicada por el Ministerio de Transición Ecológica. La caída es del 31,11% desde 2010. El mayor número corresponde con diferencia a Andalucía, con 237.679, seguida de Castilla La Mancha (96.360) y Castilla y León (87.457). "Es evidente que en los últimos años ha habido una disminución del número de cazadores, relacionada con la pérdida de población rural", afirma el veterinario Carlos Sánchez, director de Investigación de Fundación Artemisan, dedicada a la defensa de la caza y presidida por José Luis López-Schummer, ex presidente Mercedes Benz España y hoy representante General de Daimler para la Península Ibérica y América Latina.

Pero lo relevante ahora, en cualquier caso, no es tanto el número como el estado de ánimo. Y el humor de los cazadores –o al menos de muchos de ellos– está agrio.

Indignación, enfado, malestar. Sobre todo ello pudo leerse en las crónicas de la masiva manifestación del mundo rural de hace ya más de un mes, impulsada, financiada y protagonizada por cazadores, que dirigieron su ira contra el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos (UP). Pero su ofensiva contra el Ejecutivo va más allá del 20M. ¿Ejemplos? El jueves 21 de abril tuvo lugar una manifestación convocada por la Real Federación Española de Caza (RFEC), que aglutina a 335.000 socios, ante el Ministerio de Transición Ecológica exigiendo la dimisión de su titular, Teresa Ribera (PSOE). Y Ribera no es el único centro de las críticas. También está en la diana Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Unidas Podemos). Y, por supuesto, los ecologistas. O, más precisamente, una "ideología animalista" "totalitaria" que persigue que la caza "deje de existir", en palabras de Manuel Gallardo, presidente de la RFEC.

¿Por qué tanto enojo? infoLibre analiza las causas alegadas por los cazadores, cuya ofensiva contra el "animalismo" pone en riesgo al menos dos leyes en tramitación y tensa las relaciones entre Unidas Podemos y el PSOE.

1. La ley de Bienestar Animal

El anteproyecto de la ley que exige tratar a los animales como "seres sintientes" fue aprobado el 18 de febrero. Derechos Sociales pretende que antes de verano vuelva al Consejo de Ministros y de ahí sea enviado sin demora al Congreso para entrar en vigor el 1 de enero de 2013, pero está por ver. Viendo las posiciones de PSOE y UP, hay visos para un choque entre los dos socios de gobierno.

¿Qué disgusta a los cazadores? La lista es larga. Hay una impugnación básica, conceptual: la RFEC rechaza el reconocimiento de "derechos de los animales" y "protección de la dignidad de los animales". Además, reclama la exclusión de la ley de los "animales auxiliares" en la caza, como los perros y los hurones, así como de "la actividad deportiva con animales, todos los animales silvestres y las especies cinegéticas". Según su interpretación, la norma no deja claro que cazar a un animal no vaya a causar problemas legales. Exige también la retirada de varios puntos, como la prohibición del tiro al pichón y del silvestrismo, así como las nuevas exigencias de esterilización de animales domésticos.

Manuel Gallardo (RFEC) afirma que la ley "prohíbe de facto" la caza. Y añade: "Tenemos el deber de dar un trato decoroso [a los animales], pero en ningún caso tiene que prevalecer el afecto sobre la utilidad". La norma "haría imposible" la caza, agrega Carlos Sánchez (Artemisan). "Equipara un perro de caza a un animal de compañía, a una mascota, con lo que no podemos utilizarlo para cazar", señala. Además, se opone a la "obligatoriedad" de esterilización de los perros y a la de darse de alta como criador para tener cachorros, lo que considera orientado a "poner las cosas difíciles para criar perros de caza".

El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, afirma que la ley "no toca nada que tenga que ver con la actividad cinegética". "Lo que hacemos es plantear mecanismos de control y regulación de la cría de animales de compañía, que se definen por la especie, no por el uso, y por lo tanto son fundamentalmente perros y gatos", señala García Torres. Los perros de caza, insiste, quedan incluidos, si bien nada impide cazar con ellos. Simplemente se establecen algunos requisitos, explica. Niega además que haya una "obligación" de esterilizar y señala al artículo 31.c, que recoge la esterilización sólo si los animales de distinto sexo no pueden estar separados y nunca para los inscritos en el registro de criadores. También firma que al menos una ley, la de La Rioja, "plantea la obligatoriedad de esterilizar todos los animales de compañía", llegando así más lejos.

En cuanto a la prohibición del silvestrismo, García Torres recalca que lo que se prohíbe es "la captura de aves fringilidas del medio natural". "El silvestrismo es tambien la cría de canarios y en eso no se mete la ley", señala. Las limitaciones introducidas en este campo son obligadas, dice el director general, para evitar que España se exponga a sanciones europeas. Además, califica de "aberrante" el "tiro al pichón". Gallardo (RFEC) afirma que su prohibición invade competencias deportivas. "El tiro al pichón es una actividad reconocida, muy practicada en Extremadura, Comunidad Valenciana o Madrid. Prohibirla es como prohibir el boxeo porque el Código Penal recoge el delito de agresión", dice.

"Esta ley no sólo va a perjudicar a la caza, también al que tenga un perro en su casa y no pueda criar con él, ni regalar un perro, y además tenga que hacer un cursillo para poder tener un perro, cuando para tener un hijo no hace falta", señala Gallardo. García Torres recalca que habrá consideración especial para los cazadores en este punto, al quedar exentos de los cursos de "tenencia responsable" de animales.

El periodo de consulta pública de la ley ya está cerrado, tras unas 5.600 alegaciones, "la mayoría, sobre un 70%", pidiendo una ley aún más dura, señala García Torres, que pretende que la norma sea enviada al Congreso "a principios de junio como muy tarde". Eso sería en plena precampaña de las elecciones andaluzas. ¿Avecina lío político? El PSOE se muestra permeable a algunas de las reivindicaciones de los cazadores y ha acordado con la RFEC excluir a los "animales auxiliares" de la ley. García Torres afirma que la ley está "cerrada en el seno del Gobierno". "No lo contemplamos [la exclusión de los auxiliares]. Generaría inseguridad jurídica. ¿Cuándo un animal es auxiliar y cuándo no?, ¿un galgo es auxiliar si vive en Madrid o sólo en el ámbito rural?, ¿y si en el ámbito rural no realiza actividad cinegética?". Por su parte, el presidente de la RFEC se muestra convencido de que la ley "no se va a aprobar como está planteada". "Lo sabemos positivamente", afirma. Ve a UP "solo" en su defensa.

infoLibre solicitó al PSOE hablar con algún responsable para ir al detalle de su posición y sus planes. "Es un tema que todavía estamos trabajando", fue la respuesta.

2. Más castigo al maltrato

El mismo Consejo de Ministros del 18 de febrero aprobó un anteproyecto de modificación del Código Penal para tipificar la condena del maltrato de los "animales vertebrados", ampliando así el espectro cubierto, en la línea de Alemania y Reino Unido. La RFEC denuncia que se trata de parte de la "hoja de ruta anticaza del Gobierno liderada por los Ministerios de Podemos", que sigue al "lobby animalista". "Cualquier daño o lesión hacia los animales, además de la muerte, sería considerada como delito, asimilándose el tratamiento legal de las lesiones al de los humanos", alerta la RFEC en su documento de alegaciones tipo contra una ley que –según denuncia– "pretende acabar con la caza".

El director general García Torres ve infundadas las alertas: "No afecta para nada [a la caza]". Y señala al artículo que deja fuera de las penas a quien cause lesión a un vertebrado dentro de las "actividades legalmente reguladas", como la cinegética. "Si su argumento fuera cierto, quedaría penado el sacrificio de animales de producción. Por supuesto que no es así", señala García Torres, que recalca: "Afectará [a la caza] sólo en caso de que se realicen actividades fuera de la norma. Sólo se me ocurre la caza furtiva. Dependiendo del nivel de ensañamiento, podrían suponer, además de las penas ya existentes, un delito añadido de maltrato animal".

3. Codorniz, lobo y parques nacionales

El motivo de la manifestación del 21 de abril ante Transición Ecológica es la posible prohibición de la caza de la codorniz, propuesta por Seo Birdlife, que la considera en riesgo de extinción. Una hipotética prohibición, que, no se ha producido, se sumaría a la ya aprobada en septiembre de 2021 de la caza del lobo, que la RFEC y Artemisan también rechazan. Ambas organizaciones se oponen además a la prohibición de la caza en los parques nacionales, establecida en 2014 y en vigor desde diciembre de 2020. Aunque no es una iniciativa del actual Gobierno, es una de las causas alegadas por la RFEC para pedir a Ribera que dimita.

4. Juantxo López de Uralde y Teresa Ribera

Una y otra vez aparece una queja de los cazadores, que se resumiría así: nos persiguen, nos atacan. "Hay una estigmatización, un odio. Los cazadores no son asesinos, no están destruyendo la naturaleza", dice Sánchez (Artemisan), que afirma: "Somos un colectivo diverso. La caza no tiene color político, aunque haya algún grupo que la tiene más presente en su programa. Hay un hartazgo de que se diga si eres cazador eres un facha o un retrógrado".

¿Qué comentario concreto justifica esa sensación de persecución? ¿De quién? En el plano político, Sánchez apunta a la "dureza" de Juantxo López de Uralde. El diputado de UP suele mostrarse crítico con la caza y rechaza que sea un deporte, pero no constan insultos de su parte. En cambio, él sí los ha recibido.

Los dos cazadores consultados recuerdan unas declaraciones de la ministra Ribera en 2018 que aún la persiguen: "No soy partidiaria ni de los toros ni de la caza. [...] Me resulta llamativo que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales". Ribera recalcaba que hablaba a título personal.

– A nivel personal, ¿prohibiría la caza y los toros? –le preguntaron en Onda Cero

– Efectivamente –respondió.

5. El "movimiento animalista"

Pero la auténtica bestia negra de los cazadores es el "movimiento animalista", al que Sánchez (Artemisan) ve "introducido" a fondo en la política. "Está pasando no sólo en España, sino en muchos países occidentales", añade. Gallardo (RFEC) afirma que "ya no hay organizaciones ecologistas", porque ahora lo "rentable" es "centrarse en los animales". ¿Rentable? Sin precisar organizaciones, Gallardo cree que el movimiento ecologista está demasiado subvencionado. La RFEC recibe 24.000 euros al año del Consejo Superior de Deportes, según Gallardo. "Es un 2% de nuestro presupuesto", explica.

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Luis Suárez, coordinador de Conservación de WWF, ve "injustificada" la sensación de persecución. "Lo que ocurre es que hay nuevas sensibilidades. Tanto la corriente conservacionista como la animalista están cogiendo fuerza. El sector de la caza ve que tiene que evolucionar y recurre al discurso de 'todos van contra mí'. No puede ser que cada cambio de la normativa se vea como un ataque", señala Suárez, que recuerda que Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los fundadores de WWF, era cetrero y referente conservacionista.

Otro conservacionista y cazador era Miguel Delibes, al que según su hijo, Miguel Delibes de Castro, "no le hubiera gustado" la manifestación" del 20 de marzo, por los derroteros que ha tomado hoy la mayoría parte de la caza. Es un fenómeno complejo. Hablar de "la caza" sin precisar deja fuera demasiadas aristas. Suárez (WWF) prefiere hablar de buenas y malas prácticas. Entre estas, cita: abandono en el campo de munición de plomo; cerramientos de fincas con densidades elevadas de animales salvajes para explotación cinegética comercial; cotos intensivos de caza mayor, sobre todo de jabalí; sueltas de animales de granja; introducción de animales exógenos que degradan la especie; uso de veneno para el control de depredadores... Frente a esto, afirma que también hay "caza social en monte público". En realidad, dice, el movimiento ecologista no se encuentra en posiciones maximalistas, sino de colaboración con el mundo de la caza. "Hay muchísimo margen para un equilibrio", dice Suárez. Es más, afirma que organizaciones como Ecologistas en Acción, marcadamente anticaza, se sientan a negociar normas cinegéticas. Incluso en los sectores que ven incompatible la caza con la conservación de la biodiversidad es frecuente ver un enfoque posibilista, recalca.

Sánchez (Artemisan) se dice defensor de la "caza sostenible". Y afirma que puede haber "caza sostenible" de todo tipo de especies, incluso de elefantes. "Hay que quitar estereotipos", dice. ¿Qué posición tiene sobre la agricultura intensiva, cuyo uso de fertilizantes castiga la fauna? ¿Dirige también sus críticas contra esta actividad? Sánchez reconoce que se trata de "una de las principales causas que explican el declive de algunas especies, sean de caza o no, como la perdiz, la avutarda, el sisón, la tórtola o la codorniz". Pero añade: "Nosotros intentamos aliarnos con el agricultor, antes que enfrentarnos".

En contraste con su protagonismo político, la caza no atraviesa su momento de mayor tirón popular. En 2019, último año del que hay datos oficiales, fueron expedidas 743.650 licencias, menos que cualquier otro año desde que comienza en 2005 la serie estadística publicada por el Ministerio de Transición Ecológica. La caída es del 31,11% desde 2010. El mayor número corresponde con diferencia a Andalucía, con 237.679, seguida de Castilla La Mancha (96.360) y Castilla y León (87.457). "Es evidente que en los últimos años ha habido una disminución del número de cazadores, relacionada con la pérdida de población rural", afirma el veterinario Carlos Sánchez, director de Investigación de Fundación Artemisan, dedicada a la defensa de la caza y presidida por José Luis López-Schummer, ex presidente Mercedes Benz España y hoy representante General de Daimler para la Península Ibérica y América Latina.

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