La sospecha, dicen, quedó confirmada después de mucho investigar. Y entonces se pusieron manos a la obra para tejer una solución. El temor confirmado era la ausencia de personal de enfermería; el remedio trazado, una ley capaz de determinar ratios mínimas por paciente. Son los mismos profesionales, organizados en el Sindicato de Enfermería Satse, quienes dibujan la solución a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ya cuenta con el aval de 660.564 personas y el apoyo de al menos dos grupos parlamentarios.
"Después de mucho tiempo, hicimos un estudio para demostrar que la escasez de enfermeras era real". Habla Rafael Pérez, secretario de acción sindical de Satse. La organización elaboró un estudio entre 326 hospitales, 2.600 centros de salud, 253 dispositivos de urgencias y 170 centros de bienestar social. Según sus conclusiones, la ratio de enfermeras por cada mil habitantes es de 5,3 en España, muy lejos de las 8,8 de media europea. España se posiciona, de esta manera, en el escalón número 24 de un total de 28, sólo por delante de Bulgaria, Chipre, Grecia y Letonia. En comunidades como Andalucía o Murcia, las ratios caen hasta 2,77 y 2,57 por cada mil habitantes, respectivamente, siendo los territorios más afectados por la escasez de profesionales.
Los resultados del estudio sirvieron de base para construir un llamamiento: "Necesitamos una propuesta para garantizar la seguridad del paciente y que las ratios se ajusten a la media europea", lanza el sindicalista. Después de meses de trabajo, lo planteado por el sindicato cristalizó en una propuesta: la Ley de Seguridad del Paciente, avalada por 660.564 firmas que a principios de octubre llegaron a la Cámara Baja.
La idea, detalla Rey, tiene que ver con regular las ratios "con carácter básico" y de forma "homogénea" para el conjunto del Estado, sin impedir que más adelante "cada comunidad lo pueda mejorar si quiere". Las ratios que propone el personal de enfermería son claras. En unidades de hospitalización, recoge la propuesta normativa, se asignará un máximo de seis pacientes por cada enfermera, pudiéndose ampliar hasta ocho en función de las condiciones de los pacientes, de las características de la unidad y de la franja horaria de trabajo. Actualmente, añade Rey, "fácilmente son diez o doce por la mañana, quince por la tarde y hasta dieciocho por la noche".
En unidades de cuidados intensivos, la asignación de pacientes por cada enfermera sería un máximo de dos, una cifra que ascendería a tres para las unidades coronarias y de forma excepcional. En las área quirúrgicas y en las unidades de reanimación posquirúrgicas, la asignación sería de tres. El balance determina que, para cumplir los propósitos planteados, harían falta 131.004 enfermeras más, explica el sindicalista. En el sistema público, la necesidad de personal sería de 87.890 enfermeras. En el ámbito hospitalario ascenderían a 72.376 y en atención primaria a 15.514.
En todo caso, se detalla en la propuesta, para la concreción de las ratios establecidas por ley, "el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social creará una Comisión Interterritorial de Ratios Enfermeras cuyas funciones, composición y normas de funcionamiento serán reguladas mediante real decreto".
"Garantía de cuidados"
¿Por qué regular las ratios? Rey trata de normalizar la propuesta y pone el foco en otras esferas. "En otros ámbitos como el educativo sí están establecidas ratios" y a nadie le parece una anomalía, relata. "Está demostrado que cuando hay menos personal aumentan las infecciones de los pacientes, hay más efectos adversos, más reingresos" y, como consecuencia, "mayores costes sanitarios", explica el sindicalista. "Todo esto nos hace ver que es necesario regular el número máximo de pacientes que puede atender una enfermera".
La propuesta de Satse apela a establecer ratios de enfermeras "como garantía de unos cuidados adecuados y seguros". La seguridad de los pacientes, razona el sindicato, "constituye un deber básico y esencial en la práctica asistencial que las entidades sanitarias y sociosanitarias deben preservar con la finalidad de mejorar la calidad de los cuidados de enfermería y la continuidad asistencial de los mismos". Con la fórmula de las ratios, prosigue, se persigue "fomentar entornos de trabajo seguros para los profesionales de enfermería que garanticen la prestación de cuidados enfermeros de calidad".
De acuerdo con estudio elaborado por Satse para fundamentar su propuesta, menores ratios de enfermeras tienen efectos catastróficos para el sistema sanitario, especialmente en cuanto al "riesgo de incremento de la mortalidad directa". "Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las evidencias demuestran que una alta ratio de pacientes por enfermera guarda una relación directa con la mortalidad de los pacientes hospitalizados", remarcan los autores del estudio.
La salud del paciente bebe directamente de las condiciones de los profesionales. Según el mismo análisis, un 71,9% de las enfermeras encuestadas reconoce sentir agotamiento emocional, el 80,1% dice estar estresada y el 72,2% afirma que la atención que se presta ha empeorado.
Respaldo parlamentario
Superada la primera fase, relativa a la confección de la ley y la recogida de firmas, el sindicato afronta ahora lo que denomina la "tramitación real". En ese nuevo escenario, los sindicalistas comienzan a reunirse con los diferentes partidos. Y las respuestas empiezan a llegar.
El primer grupo en acoger la propuesta del personal de enfermería fue el Partido Popular. El pasado 21 de octubre, el sindicato reveló que los conservadores estaban dispuestos a apoyar la iniciativa legislativa. La secretaria de Salud y Familia del PP, afirma el sindicato, se comprometió a estudiar la propuesta, que ya adelantó percibe de forma "muy favorable". Pese a la petición de este diario, los de Pablo Casado no han querido añadir nada respecto a aquella primera toma de contacto.
A la postura de los conservadores se unió este lunes Unidas Podemos. La formación morada trasladó al sindicato su intención de colaborar para que la norma pase el visto bueno del Congreso. Los de Pablo Iglesias creen que la ley podría garantizar un elemento de calidad en la atención sanitaria. También la representación morada en Bruselas ha demostrado su apoyo a la iniciativa, mediante la europarlamentaria Idioa Villanueva, quien expresó su respaldo y se comprometió a plantear proyectos similares en el Parlamento Europeo.
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Amparo Botejara, responsable del área de Sanidad de Unidas Podemos, explica en conversación telefónica que la propuesta podría ser positiva en la medida en que "puede dar calidad al sistema". "En el momento en que se ponen unas ratios, tanto en centros privados como públicos, la calidad mejora", sostiene, especialmente en lo que se refiere a resolver "el déficit de personal, la precariedad y la eventualidad laboral", muy presentes "desde que llegaron los recortes". Es verdad, reconoce, que "se van a necesitar más recursos", pero lo cierto es que "la sanidad está infrafinanciada". Botejara aprovecha para denunciar que el principal problema se encuentra en el crecimiento de la sanidad privada en detrimento del sistema público. "A medida que pasan los años, el gasto sanitario en la pública está estancado y el deterioro es evidente", agrega.
Respecto a la fórmula escogida por el sindicato, una norma estatal, Botejara entiende que no hay otro camino. "Tiene que ser una ley orgánica, al estar transferidas las competencias sanitarias a las comunidades", detalla. Y aunque presagia que "no va a ser fácil porque implica un aumento del gasto", la diputada persiste en su apuesta por la medida.
En cuanto al resto de grupos parlamentarios, el sindicato mantiene su voluntad de encontrarse con los restantes, a fin de persuadirlos y ganar apoyo para la tramitación de la iniciativa. "Esperamos que todos cumplan cuando llegue el momento", afirma el portavoz de acción sindical.
La sospecha, dicen, quedó confirmada después de mucho investigar. Y entonces se pusieron manos a la obra para tejer una solución. El temor confirmado era la ausencia de personal de enfermería; el remedio trazado, una ley capaz de determinar ratios mínimas por paciente. Son los mismos profesionales, organizados en el Sindicato de Enfermería Satse, quienes dibujan la solución a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ya cuenta con el aval de 660.564 personas y el apoyo de al menos dos grupos parlamentarios.