Las adjudicaciones de mascarillas, guantes y test a la empresa malaya Leno, que pagó seis millones en comisiones al aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño, no fue lo único que ambos consiguieron del Ayuntamiento de Madrid. De forma excepcional y en contra de la política aplicada a lo largo de 2020 en otros 59 contratos de emergencia para la compra de equipos de protección frente al Covid-19, la funeraria municipal pagó 325.000 euros adicionales por el transporte aéreo del material. Es decir, las compras a Leno, que de momento se han traducido en la imputación de Medina y Luceño por estafa, blanqueo y falsedad documental, garantizaban inicialmente a la empresa 15,5 millones limpios de polvo y paja. Mientras, el resto de proveedores debía asumir el coste de trasladar el material. Esos 15,5 millones se quedaron finalmente en 11,2 por la baja calidad de parte del cargamento.
El carácter único de esos pagos por 325.000 euros al operador logístico Kuehne&Nagel SA lo constata el listado de adjudicaciones de emergencia de 2020 que la empresa municipal de servicios funerarios envió a la Fiscalía Anticorrupción el 25 de enero de 2021 en respuesta a su segundo requerimiento. Y lo afianzan las sucesivas juntas de gobierno que fueron dándose oficialmente por enteradas de las resoluciones del gerente de la empresa municipal. Este periódico intentó recabar la versión del Ayuntamiento de Madrid sobre lo sucedido: no hubo respuesta. Tampoco fue posible contactar con la portavoz de Kuehne&Nagel SA.
Collado: "Muchas" adjudicaciones "se contrataron con el transporte incluido"
En marzo de 2021, dos meses después de la remisión del listado de adjudicaciones a Anticorrupción, durante el interrogatorio al que se sometió como testigo ante el fiscal del caso, la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, admitió que el pago del transporte había constituido una excepción. El vídeo que reproduce lo sucedido en aquel interrogatorio lo indica de forma inequívoca.
A la pregunta del representante de Anticorrupción sobre por qué solo se habían hecho esas operaciones con Leno, Collado respondió que “muchas” de las adjudicaciones “se contrataron con el transporte incluido”. Pero no eran muchas sino todas, como consta en el listado del 25 de enero. La también consejera de la empresa funeraria esquivó el asunto rememorando otro episodio: recordaba –dijo– que para traer material sanitario desde Valencia se contrató “un SEUR de estos, una camioneta”, mientras que para hacer lo mismo desde Zaragoza “mandamos a la Policía”. Collado se defendió asegurando que no contratar el porte implicaba que el material tardase hasta “cuatro meses” en llegar a su destino. O sea, a Madrid.
El pago por el traslado de Valencia a Madrid de 70.000 mascarillas adquiridas a un proveedor distinto a Leno sí figura en el listado cursado a Anticorrupción. El transporte lo efectuó Sibealpi SL, del grupo MRW. Pero según ese mismo listado –donde se especifica el nombre del proveedor, qué es lo que suministró, el precio por unidad y el importe total–, el coste del transporte desde la ciudad levantina se limitó a 743,8 euros.
¿Por qué tal diferencia con los 325.000 euros abonados a Kuehne&Nagel SA por traer 2,5 millones de guantes –cuya baja calidad hizo que en vez de 4,6 millones Leno cobrase por ellos 952.000 euros–, un millón de mascarillas y 250.000 test? Porque, como recalcan los expertos en comercio exterior consultados, lo verdaderamente caro es el transporte aéreo desde el país de origen. A ello se suma –agregan– una serie de gestiones aduaneras vinculadas a la importación y que ha de sufragar el adquirente: por lo general, empresas españolas que repercutían esos gastos en el precio por el que las administraciones públicas –en este caso, la empresa funeraria madrileña– les adjudicaba la compra.
En realidad, aquel traslado desde Valencia no costó 743 euros sino 1.914: así consta en el documento de acuerdos de la junta de gobierno municipal del 29 de octubre de 2021, que se da por enterada de la resolución adoptada en marzo de 2020 por el gerente de la funeraria para el traslado de las 70.000 mascarillas ya citadas. Esa no es la única discrepancia entre el contenido de la nómina de proveedores y costes remitida a Anticorrupción y lo acordado en sucesivas sesiones de la junta local de gobierno como refrendo de resoluciones previas del gerente de la empresa municipal.
El porqué de aquel pago excepcional del transporte desde China del material suministrado por Leno sigue siendo una incógnita. Pero de lo que no quedan dudas es de que la empresa enriqueció a Medina –su comisión ascendió a un millón que le sirvió para hacerse con un yate pero el dinero ya ha volado– y Luceño: el empresario amigo del aristócrata sevillano recibió cinco millones. En su caso, el dinero se tradujo en coches de lujo, una vivienda, una semana en un hotel marbellí por 60.000 euros y relojes de alta gama.
Maestre: una situación "cada día más esperpéntica"
A preguntas de infoLibre sobre el pago del transporte a Leno, la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, reaccionó con visible enfado: “Cada día que pasa la situación es más esperpéntica y escandalosa. El pago de 325.000 euros por el transporte del material, que no se pagó a ninguna otra empresa y que la propia coordinadora de Presupuestos no supo explicar a la Fiscalía Anticorrupción es un capítulo más de las mentiras que cercan a Almeida y una prueba más de que estos dos sujetos recibieron un trato preferente por parte del gobierno de Almeida. Y esto es lo que Almeida tiene que explicar y no explica”.
“¿Cómo es posible –prosigue Maestre– que se les abriera de par en par la puerta del Ayuntamiento?” Sus preguntas no cesaron ahí: “¿Por qué se les eligió si eran la oferta más cara y de peor calidad? ¿Cuál fue realmente el papel del familiar de Almeida? ¿Por qué el Ayuntamiento no denunció cuando se dio cuenta de que había sido estafado? Son muchas preguntas que siguen sin respuesta, mientras Almeida solo se dedica a insultar, ocultar y mentir”.
El juez estudia reabrir el caso de una segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid con material sanitario en pandemia
Espinar: "Almeida tiene que explicar ya por qué este trato de favor"
Desde el PSOE, su portavoz, Mar Espinar, lanzó también un reto al alcalde: “Almeida tiene que explicar ya por qué este trato de favor y por qué pone la alfombra roja del Ayuntamiento de Madrid a dos sinvergüenzas que se lo han llevado crudo”. “El Ayuntamiento no aguanta más el nivel de presión al que le está sometiendo su Gobierno, mientras esperan políticas que mejoren sus vidas y esperan que les devuelvan su dinero”, destacó.
Hasta ahora, el juez que instruye el caso mascarillas, Adolfo Carretero, no ha sido capaz de embargar bienes de los dos comisionistas por valor de la cantidad que se llevaron en comisiones. En el caso de Medina, que acaba de ser imputado también por un delito de alzamiento de bienes, el magistrado se encontró en sus cuentas con menos de 250 euros, por lo que solo pudo retener esa cantidad y el yate que adquirió, valorado en 325.515 euros. También Luceño se deshizo hace solo unos días de algunos de los vehículos que adquirió con los fondos recibidos en comisiones. Y, de nuevo, el juez no ha sido capaz de embargarle por el momento bienes por valor de los 5,56 millones que Anticorrupción pide retener.
Las adjudicaciones de mascarillas, guantes y test a la empresa malaya Leno, que pagó seis millones en comisiones al aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño, no fue lo único que ambos consiguieron del Ayuntamiento de Madrid. De forma excepcional y en contra de la política aplicada a lo largo de 2020 en otros 59 contratos de emergencia para la compra de equipos de protección frente al Covid-19, la funeraria municipal pagó 325.000 euros adicionales por el transporte aéreo del material. Es decir, las compras a Leno, que de momento se han traducido en la imputación de Medina y Luceño por estafa, blanqueo y falsedad documental, garantizaban inicialmente a la empresa 15,5 millones limpios de polvo y paja. Mientras, el resto de proveedores debía asumir el coste de trasladar el material. Esos 15,5 millones se quedaron finalmente en 11,2 por la baja calidad de parte del cargamento.