Quedan dos semanas para hablar de nombres y resolver incógnitas antes de que el Congreso se constituya, el próximo 21 de mayo, y sea necesario elegir a los nueve miembros de la Mesa de la Cámara Baja. Los 15 diputados que Esquerra consiguió en las elecciones del 28 de abril serán con toda probabilidad decisivos en la investidura, pero el partido de Oriol Junqueras, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid), no tiene intención de exigir a Pedro Sánchez presencia en la Mesa del Congreso, lo que facilitará al presidente en funciones alcanzar las elecciones del 26 de mayo sin el desgaste de una negociación con los independentistas.
La Mesa de la Cámara Alta es un órgano clave para controlar la actividad parlamentaria. Tener mayoría en él significa capacidad para impulsar o congelar iniciativas, algo que PP y Ciudadanos explotaron intensamente durante la pasada legislatura para bloquear las propuestas de los demás partidos en multitud de asuntos, desde la reforma de la Ley Mordaza a la aprobación de una Ley de Eutanasia, e incluso boicotear la acción del Gobierno de Pedro Sánchez.
Tradicionalmente, tanto el PP como el PSOE se reservaron cinco de los nueve puestos de la Mesa —incluida la Presidencia— cuando obtuvieron mayoría absoluta, lo que ocurrió por última vez en los años 2000 y 2011.
En los demás casos, una norma no escrita reserva al partido más votado tres puestos, incluida la Presidencia, y dos más a sus socios potenciales. Es lo que sucedió durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el PSOE facilitó la presencia de Convergència e IU en 2004 y de PNV y CiU en 2008.
PP y Ciudadanos se garantizaron el control de la Mesa en 2015 y en 2016 —con tres y dos puestos, respectivamente— a pesar de no tener mayoría absoluta en el Pleno. PSOE y Unidas Podemos se repartieron el resto con dos representantes cada uno.
La hipótesis más extendida para la legislatura que acaba de comenzar es muy similar a esta en lo que se refiere al reparto de fuerzas, aunque ahora será la izquierda quien se haga con el control. El PSOE conseguiría tres puestos, incluida la Presidencia, y las otras tres fuerzas mayoritarias —PP, Cs y UP, precisamente las únicas a las que Sánchez citó esta semana en la Moncloa y a las que ha transmitido la necesidad de poner en marcha los contactos para elegir la Mesa— se repartirían a partes iguales los otros seis asientos, según fuentes socialistas consultadas por infoLibre que, no obstante, subrayan que no hay nada cerrado. Tampoco en relación con la composición de la Mesa, a pesar de que en los últimos días varios medios hayan citado con insistencia la posibilidad de que la actual vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, se convierta en presidenta del Congreso.
Fuentes de La Moncloa aseguraron este martes, al término de las reuniones que Sánchez ha mantenido sucesivamente con Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (UP), que “a la negociación sobre la Mesa del Congreso se dedicarán por parte del grupo parlamentario del PSOE Adriana Lastra y por parte de Unidas Podemos Irene Montero. En la Mesa del Congreso se trabajará para plasmar una mayoría de progreso que garantice la vilabilidad de un proyecto legislativo progresista”.
El PSOE no cuenta con los ultraderechistas de Vox, así que lo único que puede perturbar este reparto es que Esquerra quisiera negociar con Sánchez un puesto en el órgano de Gobierno de la Cámara que sólo podría salir de los tres a los que aspiran los socialistas o de los dos de Unidas Podemos. El presidente en funciones necesitará con toda probabilidad el voto favorable o la abstención de Esquerra para ser reelegido en el cargo.
No obstante, los republicanos de Junqueras no harán de este asunto una cuestión mayor. Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat y cabeza visible de ERC en ausencia del encarcelado Junqueras, ya ha aclarado que la “prioridad” de su partido “no es ocupar lugares concretos en las instituciones del Estado”, especialmente si con la oferta de un asiento el PSOE intentase forzar su renuncia a un referéndum de autodeterminación pactado y reconocido internacionalmente.
De estar en la Mesa, precisó el número dos del Govern, debería ser “en reconocimiento al peso electoral de Esquerra” y no a cambio de nada.
La prioridad de Esquerra
Esquerra mantiene que su prioridad sigue siendo la búsqueda de una solución negociada con el Estado, en contraposición incluso a la propuesta de la ANC de este fin de semana de convertir las próximas elecciones catalanas en la espoleta de una nueva declaración unilateral de independencia que, esta vez sí, dé lugar a pasos concretos que permitan poner en marcha la República de Cataluña.
Los de Junqueras ponen en valor el “trabajo hecho” en el diálogo que se interrumpió coincidiendo con la polémica sobre el relator, cuando el Gobierno se negó a incluir el derecho a la autodeterminación en la agenda de las conversaciones. Ahora “que han sido derrotados” los partidos de la foto de Colón, señaló este lunes Aragonès, es el momento de “recuperar el diálogo” porque “esta legislatura debe ser la de encontrar una salida política y democrática al conflicto catalán”. Un diálogo en el que, eso sí, Esquerra no aceptará líneas rojas, porque aspira a seguir defendiendo “una votación que incluya la independencia como una de las opciones”.
Esquerra sabe que Sánchez ha visto cómo las elecciones fortalecían su posición y debilitaban la de los contrarios al diálogo, así que le piden “valentía”. De momento, aseguran, no han recibido ninguna llamada para hablar, si bien entienden que los socialistas “intentarán no mostrar por qué opciones optan hasta después de las municipales” del 26 de mayo. Aragonès admitió el lunes haber intercambiado algunos mensajes de felicitación por los resultados con su interlocutora en el Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo, y aunque se mostró convencido de que en los próximos días tendrá lugar algún contacto descartó la celebración de una reunión.
Calvo aleja a ERC y PNV de la Mesa del Congreso: "No tienen que estar todos los partidos"
La elección de la Mesa del Congreso, el próximo 21 de mayo, se verá eclipsada por la previsible presencia en el hemiciclo de cuatro diputados en prisión preventiva, a los que el Tribunal Supremo deberá permitir acudir a la sesión para jurar o prometer el cargo y acceder a su condición de parlamentarios. Se trata del presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y de los diputados de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, que estos días están siendo juzgados en el marco de la causa abierta contra ellos tras la declaración unilateral de independencia.
Una cuestión todavía sin resolver es qué pasará con ellos a partir de ese momento, porque el Alto Tribunal les ha aplicado la suspensión de funciones prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los acusados de delitos de rebelión. En el momento en que adquieran la condición de diputados quedarán automáticamente suspendidos, lo que privará a la Cámara de cuatro votos a menos que la Mesa halle una fórmula de delegación similar a la que está aplicando en el Parlament de Cataluña precisamente a instancias de Supremo.
Junqueras tiene previsto renunciar a su acta de diputado en el Congreso si, como es previsible, resulta elegido para el Parlamento Europeo en las elecciones del 26 de mayo. Su sustitución en la Cámara baja zanjará este asunto para Esquerra.
Quedan dos semanas para hablar de nombres y resolver incógnitas antes de que el Congreso se constituya, el próximo 21 de mayo, y sea necesario elegir a los nueve miembros de la Mesa de la Cámara Baja. Los 15 diputados que Esquerra consiguió en las elecciones del 28 de abril serán con toda probabilidad decisivos en la investidura, pero el partido de Oriol Junqueras, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid), no tiene intención de exigir a Pedro Sánchez presencia en la Mesa del Congreso, lo que facilitará al presidente en funciones alcanzar las elecciones del 26 de mayo sin el desgaste de una negociación con los independentistas.