La decisión clave que marcará el futuro de la causa judicial que persigue desde primavera a la mujer del presidente del Gobierno queda en stand by. Tras tres meses de larga espera, la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido este lunes la deliberación de los recursos que determinarían la continuidad de la investigación. La decisión es consecuencia de un error del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid. A pesar de que se había solicitado "testimonio íntegro" de toda la causa, el órgano que dirige Juan Carlos Peinado se olvidó de un recurso de apelación de la defensa de Begoña Gómez contra el auto con el que el magistrado instructor trató de dibujar en su día los extremos de su investigación. Un nuevo eslabón en la cadena de errores y sombras que ha rodeado la causa desde el comienzo.
Los tres magistrados de la Sección Veintitrés de la Audiencia de Madrid –María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Berges– debían decidir si avalaban la causa, si la archivaban o si fijaban claramente las líneas rojas que el instructor no puede rebasar, algo que ya deslizaron en mayo pero que se ha obviado durante la investigación. Y para ello pidieron al juzgado de Peinado a comienzos de septiembre toda la causa al ser necesaria para resolver los recursos presentados tanto por la defensa de Gómez como por la propia Fiscalía. "Examinadas las actuaciones (...) ofíciese al juzgado a los efectos de remitir a esta sala testimonio íntegro de la causa", se recogía en una providencia dictada a comienzos de septiembre.
Pero tras examinar lo remitido, los magistrados se han percatado de la existencia de un recurso de apelación interpuesto por la defensa de la investigada "al que no se hacía referencia en el oficio remisorio ni en el escueto testimonio acompañado". El mismo iba dirigido contra el auto del juez Peinado del 1 de julio, en el que el instructor señalaba que "los hechos objeto de investigación" eran "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España contenidos en la denuncia inicial". "No existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal que se infiere del contenido del auto", apuntaba el abogado Antonio Camacho en el recurso de apelación ante la Audiencia.
Algunas fuentes judiciales consultadas por infoLibre aclaran que el error es "más achacable" al funcionario del juzgado que al propio magistrado, contra el que se han interpuesto varias querellas por prevaricación que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá decidir próximamente si admite a trámite. "Puede darse el caso de que haya un descuido a la hora de fotocopiar testimonios de la causa que son relevantes", apuntan esas mismas fuentes, que, no obstante, tampoco entienden cómo los magistrados de la Audiencia, a los que el juzgado remitió la documentación hace diecisiete días, no se hayan percatado hasta este lunes de que no tenían el recurso. "No entiendo cómo el ponente se da cuenta hoy de algo que tenía que haber ya estudiado", desliza en privado un magistrado.
El fallo puede retrasar hasta un mes el pronunciamiento que marcará el futuro de la causa. Las partes personadas tienen ahora tres días para interponer recurso de súplica contra la providencia del órgano provincial que suspende la deliberación. Y el letrado de la Administración del Juzgado de Instrucción nº41, por su parte, deberá hacer llegar al órgano provincial los documentos que faltaban. Una vez se reciba, la Sección volverá a marcar una nueva fecha para deliberar y emitir su decisión. Entre tanto, el instructor podrá continuar avanzando con unas pesquisas repletas de sombras y situaciones anómalas. Una investigación "prospectiva" que, en palabras de la defensa de Gómez, se ha extendido "más allá" de los límites que a Peinado le fijaron sus superiores.
Unos límites que se obvian
La Audiencia de Madrid avaló a finales de mayo la decisión del magistrado de abrir una investigación a raíz de la recopilación de recortes de prensa que el grupo ultra Manos Limpias había presentado en los juzgados, un movimiento del que la Fiscalía se enteró a través de los medios de comunicación –el auto de apertura de diligencias tardó siete días en serle notificado al Ministerio Público–. El órgano provincial consideró que en la denuncia existía un "primer bloque fáctico inverosímil" y un segundo, el relativo al rescate de Air Europa, en el que la participación de Gómez era "una simple conjetura". Solo vio "datos objetivos suficientes" para investigar en los contratos adjudicados por Red.es a la firma Innova Next, del empresario Juan Carlos Barrabés.
Pero ni esta resolución ni los informes de la Guardia Civil descartando indicios de delito en estas adjudicaciones, la mayoría de las cuales se situaron bajo la lupa de la Fiscalía Europea, han impedido a Peinado dirigir la investigación a su antojo. A pesar de que la Audiencia de Madrid consideró que todo el relato en torno a la aerolínea se construía en base a conjeturas, el instructor no dudó en solicitar el pasado mes de junio a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) los "expedientes completos" y toda la información de la que dispusiera en relación con el rescate de Air Europa. Del mismo modo, también ha ampliado la causa hacia la relación de Gómez con el Instituto de Empresa y la Universidad Complutense de Madrid, algo que no constaba en la denuncia inicial.
Para ahondar en la cátedra que dirigió la mujer del presidente, Peinado se agarró a comienzos de verano en una nueva querella del colectivo ultracatólico Hazte Oír. Una línea de investigación que ha vuelto a impulsar a la vuelta del parón estival, solicitando al centro universitario las listas de "alumnos matriculados y asistentes" a cada edición de dicha cátedra o la "relación de cantidades pagadas" a la investigada. Aquella querella, de hecho, ni siquiera se le trasladó a Gómez antes de acudir por primera vez a declarar al juzgado. Un olvido, otro más, que provocó la suspensión de su primer intento de declaración como investigada. En el segundo, quince días más tarde, se acogió a su derecho a no declarar porque la defensa seguía sin tener claro el objeto de la investigación.
Otra testigo, el 'software' y una pieza secreta
Además de ella, en este momento figuran como investigados en la causa Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Una condición que el juez atribuyó a ambos tras hacerles declarar como testigos, con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas. En el caso del empresario, el instructor solo expuso que las diligencias practicadas y su testifical permitían "colegir" su "participación" en los hechos. Y citó dos informes de la Guardia Civil que, precisamente, Peinado ya tenía sobre la mesa cuando se produjo la declaración de Barrabés como testigo. Las dos imputaciones fueron recurridas por la Fiscalía: "Venimos a solicitar una resolución judicial con una motivación y razonamiento mínimo y suficiente".
El olvido del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid mantendrá, por tanto, viva durante algunas semanas más una causa que se coló en campaña electoral y que ha tenido como punto cumbre los dos minutos de testifical en Moncloa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicando que la investigada era su mujer. Por el momento, el juez tiene en agenda la declaración como testigo a mediados de octubre de una empleada del Instituto de Empresa, del que dependía el África Center que Gómez dirigió en su día. También está apretando a la Guardia Civil para que le entregue un informe sobre la documentación que la SEPI ha aportado sobre el rescate de Air Europa. Y tiene sobre la mesa otra querella por el software que se creó dentro del máster que dirigió en la Complutense y una pieza secreta que gira alrededor del propio Barrabés.
La decisión clave que marcará el futuro de la causa judicial que persigue desde primavera a la mujer del presidente del Gobierno queda en stand by. Tras tres meses de larga espera, la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido este lunes la deliberación de los recursos que determinarían la continuidad de la investigación. La decisión es consecuencia de un error del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid. A pesar de que se había solicitado "testimonio íntegro" de toda la causa, el órgano que dirige Juan Carlos Peinado se olvidó de un recurso de apelación de la defensa de Begoña Gómez contra el auto con el que el magistrado instructor trató de dibujar en su día los extremos de su investigación. Un nuevo eslabón en la cadena de errores y sombras que ha rodeado la causa desde el comienzo.