La dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón no sólo ha salpicado al Gobierno de Pedro Sánchez, sino que ha contribuido a ensanchar la grieta que parece atravesar al modelo universitario en el país. Tras el preludio de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y la polémica aún no resuelta respecto a Pablo Casado, el de Montón ha sido el último caso que ha hecho saltar las alarmas y ha abierto un debate enquistado: ¿se trata de casos puntuales o existe un fallo en el sistema?
La respuesta del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no ha sido lo pronta y rotunda que algunos actores reclamaban. El ministro ha tardado una semana, desde la dimisión de Montón, en participar en un acto público en el que abordara el problema. Lo hizo este lunes en el Pleno del Consejo de Universidades, donde aseguró que los casos de Cifuentes y Montón no son más que excepciones: "El sistema de certificación de los títulos funciona y todo se resume en unos casos muy puntuales dentro de un instituto muy concreto", indicó el ministro, de manera que el impacto sobre el sistema educativo no "debería ser ninguno".
Tampoco Duque anunció medidas concretas para evitar que este tipo de irregularidades se reproduzcan en los centros. "Los controles que están son los que tienen que estar y lo que vamos a intentar es que sean más eficientes", señaló el ministro, quien no descartó posibles cambios en "el marco con una nueva ley, pero no es por reaccionar ante un caso muy puntual y que en absoluto empaña la calidad de la universidad".
Las opiniones sobre su actuación son variadas. Marina Mata, portavoz del Sindicato de Estudiantes, cree que "la respuesta del ministro ha sido completamente escandalosa". A su juicio, los casos que han saltado a los medios convierten al fenómeno en norma. Es además "consecuencia directa de los recortes y la privatización de la universidad pública", sostiene en conversación con infoLibre. El escenario resultante de dichos recortes deja espacio para organismos como el Instituto de Derecho Público, añade, "sin control democrático, donde parece que si tienes dinero para comprar un título, no hay problema en regalarlo".
Francisco García, responsable de Enseñanza en CCOO, comulga con las explicaciones de Pedro Duque. "Yo no hablaría de sombra de sospecha sobre la universidad pública porque me parece una extrapolación exagerada", indica. García afirma que los casos en torno al máster de Montón y Cifuentes atienden a "dificultades de funcionamiento en una universidad y dentro de una institución concreta, el Instituto de Derecho Público, pero no hay que llegar a conclusiones precipitadas". La muestra de ello es que, hasta ahora, "los mecanismos de control han funcionado en general", de manera que el sindicalista invita a "abrir una reflexión" sin caer en "decisiones precipitadas".
También Manuel Ortega, responsable de Enseñanza Universitaria e Investigación en UGT, cree que las explicaciones de Duque son razonables. "El ministro quizá debería haber intervenido antes, pero coincido en que no se puede empañar la universidad por unas cuestiones excepcionales", admite el también catedrático de Ingeniería Informática en declaraciones a este periódico.
Ortega reconoce su sorpresa ante la información "que ha ido saliendo en torno a los másteres", pero recuerda que "todas estas irregularidades" son excepcionales, "no es habitual" que se produzcan en las universidades. "Está bien claro que ha habido una situación excepcional por el hecho de ser quienes eran", concluye, y ante ello es la propia universidad quien debe "asumir responsabilidades".
El presidente de la Conferencia de Rectores, Roberto Fernández, asegura por su parte que se trata de "un instituto de una universidad en el marco de 200.000 trabajadores universitarios" de los cuales ninguno ha sido imputado. En una entrevista concedida el martes a RNE, Fernández insiste en que "la honestidad de los trabajadores universitarios españoles es absoluta". No renuncia, no obstante, a un "análisis" para detectar los motivos del problema y evitar que se vuelva a repetir. Algo que es "obligación de cada universidad en su autonomía y del conjunto del sistema".
El conjunto de las universidades, añade, "funcionan con una regularidad realmente grande y además mediante mecanismos en los que no existen irregularidades" como las que la experimentado la universidad madrileña. "Un caso –resuelve– no puede empañar 200.000 trabajadores".
Voluntad de los centros
Ignacio Lago es profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y ha sido responsable de posgrado de su departamento durante ocho años. El profesor cree que los sistemas de control dependen de las universidades. "Cualquier legislación que se haga desde el Ministerio puede ser papel mojado", afirma, porque "el último término de implementación depende de lo que quieran hacer las universidades".
Para el docente, el debate que ha suscitado la situación "muestra que hay universidades de primera y de segunda". Lago sostiene que "no hay casos de plagio en universidades de primer nivel, sino en las de nivel muy bajo" y eso tiene que ver "con la endogamia y la ausencia de mecanismos de control". Si un centro, agrega, cuenta con un "sistema exigente de control de calidad, no se produce ningún plagio". De ello dependerá que el "director del trabajo no participe nunca en una decisión sobre la evaluación del candidato y que haya comisiones soberanas, externas, de fiscalización de calidad".
La URJC, lanza, "es un ejemplo de endogamia universitaria, falta de calidad" y la solución es "caminar hacia un modelo más meritocrático". Aunque se confeccione "una ley española o autonómica", zanja, la última palabra la tienen las propias universidades.
Cuestión de calidad
Ignacio Molina, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), reflexiona en torno a la respuesta del ministro. "Es posible que tuviera que haber salido antes", pero no sólo Pedro Duque, sino "el propio mundo universitario", observa. Y hace autocrítica: "Los profesores somos muy poco activos, estamos muy poco sindicalizados". El docente lamenta, por tanto, que el "mundo universitario no ha salido a decir que esto es excepcional".
Molina hace dos lecturas de la situación. La primera es precisamente que se trata de una situación puntual. "Los tratos de favor, las irregularidades administrativas o penales" son casos "muy excepcionales y más en la universidad pública". En general, añade, "es prácticamente impensable que puedan darse estas situaciones en los másteres oficiales de la universidad pública". A los profesores, agrega, les "escandaliza verlo" y de hecho se tienen que conjugar aristas "muy concretas para que esto ocurra".
La segunda conclusión a la que llega Molina tiene que ver con la calidad del modelo universitario. Falta, a su entender, "hacer un autoexamen y ser sinceros" respecto al sistema. "En la universidad española hace falta un paso más de rigor, de autoexigencia", lo que responde a un problema "algo más general y sistémico". No llama aquí a la puesta en marcha de "controles y auditorías", porque no se trata de "un tema legal, sino de calidad". La receta, comenta, guarda relación con "tomarse en serio los trabajos y poner en valor la investigación", entre otras cuestiones. "Estamos mejor que hace 20 años, pero espero que estemos peor que dentro de 20", confiesa.
Privatización y recortes
Francisco García y Marina Mata sí coinciden en expresar su preocupación ante la situación de la universidad frente a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Mata cree que los escándalos en torno a la URJC son, precisamente, consecuencia de los recortes y la privatización que han permitido "comprar a golpe de talonario los títulos". La activista sostiene que "el tráfico de influencias, en concreto en la URJC, sirve para desprestigiar a la universidad pública basándose en el corporativismo".
La solución, advierte, no pasa por "continuar privatizando y poniendo organismos que supervisen, sino por lograr que la universidad pública sea realmente pública, accesible para todo el mundo". La activista recuerda a los "decenas de miles de estudiantes que se quedan fuera cada año por no poder pagar las tasas", mientras "los políticos usan su influencia para sacarse títulos sólo teniendo dinero". Es, por ello, fundamental "dar un giro de 180 grados a las políticas de recortes y privatización del PP", pero siguiendo "la misma estela que dejaron es imposible acabar con este fraude".
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En el diagnóstico de García sobre la situación de la universidad pública aparece también en escena el elemento clave de los recortes. "Eso sí requiere atención", estima el sindicalista, quien apuesta por "recuperar los niveles de inversión, de becas y ayudas, desvirtuados por las normas del PP". Esas, dice, "son las prioridades" que requieren "atención inmediata de los poderes públicos". Cuando se produce "un problema de funcionamiento en un sitio concreto", es oportuno "reflexionar, pero no es el principal problema de las universidades españolas". Será positiva una "conclusión que valga para mejorar el funcionamiento del sistema, pero por el momento no hay ninguna otra universidad bajo la sombra de la duda" por hechos similares a los ocurridos en el centro madrileño.
El Sindicato Independiente de Maestros y Profesores, ANPE, sí solicita, tras la polémica, mejorar "los mecanismos de control interno" que regulan los "procesos de emisión de titulaciones, la gestión económica y la contratación del profesorado, para evitar males como la endogamia, modalidades que impliquen un trato de favor u otras situaciones que puedan derivar en hechos reprobables".
Irregularidades como las que se han puesto de manifiesto, añade el sindicato, "erosionan la imagen de la universidad y desacreditan su importante labor, sobre todo si se cierne sobre ella la sombra de la duda y se extrapolan estas prácticas a otros ámbitos de la vida universitaria". Por ello, reitera su exigencia de un pacto estatal "que dé un nuevo rumbo a la educación española, incluida la universitaria, la preserve de la confrontación ideológica permanente ante cualquier cambio, modificación o reforma que se deba acometer, la sitúe como una verdadera prioridad política y social, y vertebre el sistema educativo".
La dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón no sólo ha salpicado al Gobierno de Pedro Sánchez, sino que ha contribuido a ensanchar la grieta que parece atravesar al modelo universitario en el país. Tras el preludio de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y la polémica aún no resuelta respecto a Pablo Casado, el de Montón ha sido el último caso que ha hecho saltar las alarmas y ha abierto un debate enquistado: ¿se trata de casos puntuales o existe un fallo en el sistema?