Cada vez que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afila su discurso para enfatizar sus críticas al Gobierno y Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le sube un poco más el listón.
El retrato que estos días está haciendo el líder de la oposición de la situación de España es cualquier cosa menos moderado. Habla de un país “al borde del precipicio”, que vive “el peor momento institucional” desde 1978, poniendo por detrás, por ejemplo, crisis como el golpe de Estado de 1981 o la declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017. Pero su discurso apenas trasciende, aplastado por las hipérboles que alimentan las intervenciones públicas de Ayuso, que también esta semana, en plenas movilizaciones de la medicina pública contra su gestión, aseguró en una rueda de prensa oficial como presidenta de Madrid que “vamos camino de una dictadura, sometidos por un tirano”.
En su deriva hacia una discurso más duro, Feijóo sigue la senda de la presidenta madrileña e incorpora a menudo exageraciones y mentiras, a pesar de que, según él, se limita a hacer “una correcta crónica de lo que está ocurriendo en nuestro país”.
Este jueves, por ejemplo, en un acto organizado por la web de extrema derecha Okdiario para mostrarle expresamente su apoyo, fue donde afirmó que “estamos en el peor momento institucional que hemos vivido desde la Constitución del 78”. “Lo que está ocurriendo en nuestro país algún día con una cierta perspectiva lo analizaremos y nos daremos cuenta que estuvimos al borde del precipicio”. “La preocupación en la que vivimos es máxima. Yo nunca he vivido en una preocupación institucional social y económica como la que estamos viviendo en este momento”. Ni durante el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 ni durante el intento de secesión de Cataluña de octubre de 2017.
La situación límite que describe Feijóo no se corresponde con la estabilidad de la legislatura: el Gobierno no ha perdido ninguna votación importante en el Congreso a pesar de no tener mayoría absoluta en la Cámara y ha sacado adelante tres proyectos de presupuestos generales consecutivos.
Para justificar su afirmación, el líder del PP denuncia que “el Gobierno ha consumado su entrada directa en el Tribunal Constitucional. Ha tomado posesión del Tribunal Constitucional con dos nombramientos pendientes de confirmar a través de un ministro y de una directora general que trabajaba nada más y nada menos que en la Moncloa”. En esa línea, Ayuso había dicho la víspera: Sánchez “decide cómo han de organizarse los jueces, adueñándose del Tribunal Constitucional y, por tanto, amordazando a la propia Constitución”.
La ley manda
Ninguna de esas afirmaciones se sostiene. Es la ley que regula el TC la que otorga al Gobierno la potestad —y la obligación— de designar a dos miembros de esta institución, que no forma parte del Poder Judicial. Así lo llevan haciendo todos los gobiernos de España, también los de Mariano Rajoy y José María Aznar. Haber prestado servicios en el Gobierno de España —del que hacía ya un tiempo que no formaban parte, no como trata de insinuar Feijóo— no eso en ningún caso motivo de inelegibilidad. Como tampoco que los magistrados elegidos por el PP hace un año, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, tuviesen una clara afinidad con este partido.
“Es una decisión”, aseguró Feijóo, “que ataca a la división de poderes y demuestra por qué el gobierno bloqueó cualquier posibilidad de acuerdo razonable para la independencia judicial y la despolitización de la justicia”.
Tampoco es verdad. El TC no es Poder Judicial y siempre ha formado parte de la arquitectura institucional de la democracia española que el Gobierno, el legislativo y el Consejo General del Poder Judicial nombren a los miembros del TC. De orientación progresista cuando el Ejecutivo y el Congreso están a la izquierda y de pensamiento conservador cuando ocurre lo contrario. De hecho, la actual composición del TC cuenta con mayoría conservadora desde hace nueve años.
Tampoco las negociaciones para renovar el CGPJ saltaron por los aires porque el Gobierno quisiese politizar su composición. Fue el propio Feijóo el que se levantó de la mesa presionado por Ayuso y por la derecha radical con la excusa de que PSOE y Unidas Podemos iban a impulsar la reforma del delito de sedición en el Código Penal.
El país que menos crece
El diagnóstico que el presidente del PP hace de la situación económica sigue falseando las cifras y retorciendo las estadísticas para sostener que “realmente es muy preocupante”. Es verdad que España continúa sin recuperar el PIB previo a la pandemia y que aún sufre una tasa de paro superior a la media de la Unión Europea. También lo es que la deuda pública ha crecido en nuestro país como consecuencia de los gastos extraordinarios que el Gobierno aprobó para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria y al parón económico provocado por el confinamiento. Pero lo que Feijóo no dice es que el porcentaje de deuda sobre el PIB comenzó a reducirse ya el año pasado y que, en todo caso, engordó sobre todo durante los gobiernos de Rajoy. Tampoco reconoce que la tasa de paro, aún siendo elevada, está por debajo de la que legó el PP.
La tasa de inflación sigue siendo alta, pero desciende desde hace cuatro meses y hace tiempo que es la menor de la zona euro. Pero Feijóo pone en tela de juicio esas cifras y se aferra a la inflación subyacente —hace tres meses hacía lo contrario— para culpar al Gobierno de los precios de la cesta de la compra. De los de la energía, con las cifras más favorables en mucho tiempo, ya ni habla, después de dedicarles el grueso de su discurso en los meses que siguieron a su aterrizaje en la política nacional. “Buena parte de los problemas económicos actuales se deben a que el Gobierno ha priorizado una agenda ideológica”, afirmó este jueves, pasando por alto que la crisis es general —y más profunda— en los países de nuestro entorno.
Las cifras reales las recordó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la sesión de control del Congreso de este miércoles: la previsión de crecimiento de diferentes organismos nacionales e internacionales es que la economía española se situará en 2023 por encima de la media de los países de la OCDE, del G20 y de la Unión Europea. La previsión es encarar el comienzo de 2023 “con relativa fortaleza después de un cuarto trimestre en el que se ha observado un “gran dinamismo” en el consumo y la inversión, al tiempo que el mercado de trabajo ha seguido creando empleo.
El crecimiento económico
Feijóo sigue diciendo que “somos el país de la Unión Europea con menor crecimiento de nuestro PIB”, pero lo cierto es que el PIB español creció un 5,5% el año pasado, por e cima del 4,4% que preveía el Gobierno, según datos der Economía.
Feijóo radicaliza su discurso y sostiene que Bildu ha conseguido con Sánchez más que en los "años de "violencia" de ETA
Si el líder del PP no tiene inconveniente a la hora de trasladar afirmaciones falsas, la presidenta Ayuso mucho menos. En su intervención de esta semana recordó que lleva “denunciando desde hace meses que Pedro Sánchez quiere cambiar España por la puerta de atrás” y afirmando que el presidente “decide qué delitos quedan impunes y qué delincuentes compañeros, exonerados”, en referencia al proyecto de reforma del Código Penal. “El Partido Socialista ha decidido destrozar la democracia”, sentenció este miércoles”. Retirar la palabra a una diputada en el Congreso “inscribe a nuestra democracia en la lista de los países que no respetan ni la libertad ni los derechos humanos que violan el Estado de Derecho”.
No es cierto ni los primer ni lo segundo. Ni Sánchez ha impuesto una reforma del Código Penal (se está tramitando en el Congreso con el respaldo de la mayoría de los representantes elegidos democráticamente en las urnas) ni la retirada de la palabra a una oradora en la Cámara Alta supone una violación de los derechos humanos (la parlamentaria en cuestión tiene en su mano toda clase de recursos legales para defender su posición, empezando por el reglamento del Congreso y siguiendo por los tribunales de justicia).
Ayuso dice que España se encamina hacia un “proceso de ruptura para imponer una república de Países Catalanes junto con las pretensiones de la izquierda abertzale de anexionar País Vasco y Navarra para seguir expandiéndose”. Feijóo, en una línea semejante, afirma que la reforma del Código Penal abre la puerta a la secesión de Cataluña. Ninguna de las dos afirmaciones se corresponde con la verdad: el ordenamiento jurídico sigue siendo el mismo que hizo imposible la declaración unilateral de independencia catalana de 2017. Lo único que se va a reformar es la regulación de la sedición.
Cada vez que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afila su discurso para enfatizar sus críticas al Gobierno y Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le sube un poco más el listón.