España le está diciendo adiós a la sexta ola. Los contagios siguen bajando a un ritmo parecido al de subida, aunque el impacto aún se sigue notando en una estadística de fallecidos difícil de interpretar por el retraso en la notificación y los distintos criterios de varias comunidades autónomas. La pandemia no se ha acabado, recuerda los expertos: es probable que sigamos sufriendo aumentos de mortalidad con respecto a la vieja normalidad durante años, sin descartar la aparición de nuevas variantes más contagiosas, más virulentas o ambas. Pero tanto el Ejecutivo como buena parte de la población está dispuesta a pasar página y empezar a convivir con el virus, aceptando el impacto latente. Para ello, consideran los expertos, es vital saber qué ha pasado y cómo poner los mimbres para que, si vuelve a suceder, estemos más preparados. La auditoría sobre la gestión de la pandemia que encargó el Consejo Interterritorial, sin embargo, va con retraso: tendría que haber presentado sus conclusiones en enero. Y ni Sanidad, ni el Interterritorial, ni los propios encargados dan una fecha.
Los responsables de la evaluación de la gestión de la pandemia fueron designados el 22 de septiembre en un acuerdo entre Sanidad y comunidades. Se dieron un plazo de cuatro meses para entregar las conclusiones, por lo que el pasado 22 de enero tendría que haberse comunicado el dictamen definitivo. El Ministerio no ha respondido a la pregunta de infoLibre sobre la fecha para cumplir este compromiso. "La comunicación de este asunto la lleva Sanidad", asegura uno de los expertos designados, que evita también hablar de plazos. "Oficialmente no sabemos nada. Sabemos que hay actividad al respecto, sabemos que están trabajando en ello, pero no sabemos en qué fase está", cuenta un especialista parte de uno de los órganos de decisión del Consejo Interterritorial.
La auditoría fue pedida por 20 expertos en gestión de epidemias en sendas cartas publicadas en The Lancet. La primera tiene fecha de junio de 2020. Se llegaron a reunir con el por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que prometió atender a sus demandas entre reproches por haber hecho el requerimiento público en vez de dirigirse a la institución directamente y en privado. Así lo cuenta Joan Carles March, uno de los especialistas parte de ese grupo y miembro de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
March celebra que la iniciativa se pusiera en marcha en septiembre y que siga rodando a pesar del retraso, pero no puede ocultar la decepción. En primer lugar, porque "llega tarde": la intención de los expertos era evaluar el desempeño de las instituciones españolas durante la primera ola, ante la evidencia –consideran– de que se llegó tarde a la alerta, de que faltaba músculo en las administraciones, velocidad de reflejos, mascarillas, test PCR y Equipos de Protección Individual. Aprender de los errores de aquella onda para no repetirlos en las sucesivas, no esperar a que la pandemia remitiera del todo. Y en segundo lugar, porque la sucesora de Illa, Carolina Darias, no contó con los especialistas de The Lancet para diseñar la evaluación. "La ministra actual podría haber tenido en cuenta al grupo que hizo el trabajo previo y no lo ha hecho. Pero lo importante es que se haga, aunque sea tarde", asegura.
A juicio del especialista, la evaluación "no debería servir para repartir culpas, sino para identificar áreas de mejora. Debería servir para preparar al país para futuras pandemias. Es fundamental tener en cuenta esas cosas". En este sentido, los expertos creen crucial reformar la Salud Pública española. La Atención Primaria, la primera línea contra la pandemia, ha mostrado casi impúdicamente sus carencias, y hay un plan para mejorarla que tras la explosión de la sexta ola se dotó de presupuesto. Pero en España faltan epidemiólogos, falta transparencia en la gestión de la información y faltan políticos que no les usen de ariete.
Más y mejor Salud Pública, por favor
Adrián Hugo Aguinagalde, director del Observatorio de Salud de Cantabria y cabeza de la gestión pandémica de la comunidad autónoma, lee al teléfono un documento elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y Epidemiología (Sespas) fechado en los 80. "Se pedían, como necesidades inmediatas, un epidemiólogo por cada 100.000 habitantes. La mayor parte de comunidades autónomas estaremos entre el 0,3 y el 0,7". Y esto solo en cuanto a enfermedades transmisibles. La Salud Pública también aborda, o debería abordar, otros determinantes: el ejercicio físico, la contaminación, la alimentación, las clases sociales son asunto de esta rama de la medicina.
El Ministerio de Sanidad sacó a consulta pública la semana pasada un decreto para, tal y como prevé la ley de 2011, crear una red de vigilancia de Salud Pública que supere la epidemiología; no solo se trata de vigilar patógenos potencialmente peligrosos, sino que incluya esos determinantes sociales y que todas las comunidades autónomas trabajen a la par en esas labores. Indagando y explicando que la gripe aviar puede ser un problema y que los infartos de miocardio no son solo un asunto de los intensivistas. "Estuvo pausado durante mucho tiempo y se empezó a retomar antes de la crisis pandémica", explica Aguinagalde. Ahora se ha vuelto a abordar.
Fuentes de Sanidad confirman que ese decreto, aparte de plantear un cambio en el modelo pendiente desde hace más de una década, supondrá plasmar en el ordenamiento jurídico un paso que sabemos desde hace meses que quiere dar el Gobierno: "gripalizar" el covid, dejando de contar cada caso e instaurando un sistema centinela que, mediante una red de hospitales y centros de salud, pueda detectar aumentos de la incidencia con una muestra representativa. Poco más se sabe del desarrollo del decreto en este sentido, en el que trabaja la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial y que tiene que esperar a las diversas aportaciones.
Junto a este desarrollo, el Gobierno ya ha confirmado que está trabajando en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, otro desarrollo previsto en la ley de 2011 y pendiente de un decreto que nunca llegó. Pero falta, en opinión de los expertos, lo más esencial: músculo. Profesionales que levanten la medicina preventiva y comunitaria. El director del Observatorio de Salud de Cantabria cree que no hace falta, como opinan otros colegas, una mejor coordinación entre regiones: ya existen órganos para ello, como el Interterritorial. "Hace falta un redimensionamiento de las unidades. Lo que se haga a nivel estatal es muy importante, pero las autonomías son la base, el cuerpo, en lo que en estos momentos hay que redimensionar, coordinar y capitalizar", asegura.
De "quedaos en casa" a "salid, pero al aire libre": los expertos en Salud Pública ya no quieren ser un 'Pepito Grillo'
El epidemiólogo del Hospital del Mar de Barcelona, Miquel Porta, no está de acuerdo. Coincide en que hacen falta más manos, pero también hay que cambiar la estructura, y rechaza la posición de algunos "paracaidistas" que "creen que, sin ellos, no se hace nada": se trata de instituciones. Instituciones autonómicas y centrales que ya funcionan, pero que tienen que funcionar mejor. "Tienen que tener mayor fortaleza técnica y científica. Y más autonomía de sus respectivos gobiernos". El experto recuerda cómo determinados datos del avance de la pandemia que no eran públicos se han utilizado durante estos dos años en la brega política por parte del Gobierno de Madrid y por parte del de Cataluña. "Algunos consejeros creían que estos datos eran suyos, personales. Se los guardaban en la manga para atacar al adversario político, que solía ser Sanidad", asegura. Imagina un sistema "completamente automatizado, con total rigor técnico y autonomía del Gobierno".
Al final se trata de lo de siempre: falta dinero. "La dotación del Ccaes [el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, liderado por Fernando Simón] ha sido exigua y el nivel científico y técnico del Ccaes ha dejado mucho que desear. En algunos momentos ha sido un portavoz del Consejo Interterritorial. Pero no es una crítica a las personas. La dotación material y humana del Ccaes es extraordinariamente exigua", asegura. Porta no es precisamente optimista con que los políticos recojan el guante. Sin embargo, espera que el brutal impacto de la pandemia ayude a abrir los ojos. "La gente responsable de todo, de muchos partidos, se da cuenta del daño para la economía y la convivencia de tener instituciones tan obsoletas".
Aún no sabemos, aunque deberíamos saberlo desde hace un mes, si la evaluación de la pandemia encargada recogerá la necesidad de fortalecer, capitalizar y renovar las estructuras de Salud Pública del país. Muchos de los que saben esperan que así sea.
España le está diciendo adiós a la sexta ola. Los contagios siguen bajando a un ritmo parecido al de subida, aunque el impacto aún se sigue notando en una estadística de fallecidos difícil de interpretar por el retraso en la notificación y los distintos criterios de varias comunidades autónomas. La pandemia no se ha acabado, recuerda los expertos: es probable que sigamos sufriendo aumentos de mortalidad con respecto a la vieja normalidad durante años, sin descartar la aparición de nuevas variantes más contagiosas, más virulentas o ambas. Pero tanto el Ejecutivo como buena parte de la población está dispuesta a pasar página y empezar a convivir con el virus, aceptando el impacto latente. Para ello, consideran los expertos, es vital saber qué ha pasado y cómo poner los mimbres para que, si vuelve a suceder, estemos más preparados. La auditoría sobre la gestión de la pandemia que encargó el Consejo Interterritorial, sin embargo, va con retraso: tendría que haber presentado sus conclusiones en enero. Y ni Sanidad, ni el Interterritorial, ni los propios encargados dan una fecha.