El pasado 6 de julio, altos cargos de la Comisión Europea confirmaron que el accidente de Angrois está detrás del procedimiento de infracción que hay abierto contra España por cómo está aplicando la directiva europea de seguridad ferroviaria de 2004.
Ahora la propia comisaria de Transportes, Adina Vanălean, confirma que de todos los Estados de la Unión Europea solo España y Portugal están sometidos a un procedimiento de infracción por el incumplimiento de aquella directiva de 2004, mientras que otros cuatro lo están por otra directiva posterior de 2016 (Alemania, Polonia, Chequia y el Reino Unido por hechos ocurridos antes de su salida de la UE).
El detalle de los Estados a los que la Comisión Europea mantiene abiertos actualmente procedimientos de infracción por incumplimientos de la normativa ferroviaria comunitariaha sido facilitado por la comisaria en respuesta a una pregunta sobre seguridad en ese medio de transporte formulada por eurodiputados de siete países, incluida Ana Miranda, del BNG.
En su respuesta, la comisaria europea señala que la Comisión "supervisa continuamente la transposición y aplicación de las directivas de seguridad ferroviaria por parte de los Estados miembros", concretamente la Directiva 2004/49/CE y la Directiva 2016/798. E identifica los dos Estados que tienen "procedimientos de infracción en curso" por la norma de 2004 y los cuatro por la norma de 2016.
En el caso de España, el procedimiento de infracción, abierto en 2019, analiza entre otras cuestiones "deficiencias" en las investigaciones técnicas oficiales de accidentes (la de Angrois, que culpó solo el maquinista, fue cuestionada por la Agencia Ferroviaria Europea) y se están haciendo "evaluaciones de riesgo adecuadas" de las líneas ferroviarias, (elemento clave por el que junto al maquinista está siendo también juzgado por el accidente de Angrois un exdirector de Seguridad de Adif).
Sobre este procedimiento de infracción y su relación con Angrois se pronunciaron el pasado 6 de julio el director de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, y el director de Transporte Terrestre de la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea, Kristian Schmidt, en una jornada sobre seguridad ferroviaria organizada en el Parlamento Europeo precisamente por Ana Miranda, especialmente implicada en las derivadas comunitarias del accidente de Angrois.
En ese foro los altos cargos comunitarios ligaron en todo momento de manera directa el procedimiento de infracción abierto a España con el accidente de Angrois, remitiendo al mismo a las víctimas que les preguntaron por el futuro de su caso en Europa. Una relación que Schmidt ya había establecido hace un año por escrito.
En el caso del otro procedimiento de infracción que sigue abierto por incumplimientos de la norma de 2004, lo de Portugal, la Comisión detectó "deficiencias en relación con la supervisión de los sistemas de gestión de la seguridad de las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras, en el seguimiento de las recomendaciones de seguridad emitidas por los organismos de investigación y la capacidad organizativa de la autoridad necional de seguridad de Portugal".
La respuesta que ahora da la comisaria europea a las preguntas de los eurodiputados sobre la seguridad ferroviaria también asegura que no se detectó la necesidad de modificar la normativa europea. Por el contrario, se admite que la Agencia Ferroviaria Europea, que supervisa a los Estados, podría "ampliar significativamente" sus competencias con "recursos adicionales", lo que supondría "unos ferrocarriles más seguros y interoperables en la UE".
Aquí puedes leer el texto original en gallego.
El pasado 6 de julio, altos cargos de la Comisión Europea confirmaron que el accidente de Angrois está detrás del procedimiento de infracción que hay abierto contra España por cómo está aplicando la directiva europea de seguridad ferroviaria de 2004.