Son más, muchas más, en la carrera. Pero menos, muchas menos, en lo más alto de la misma. El techo de cristal sigue sin quebrarse en la cúspide de la judicatura española. De hecho, es uno de los más duros de todo el Viejo Continente. Solo tres Estados miembros tienen en sus Cortes Supremas una proporción de mujeres inferior a la que existe actualmente en nuestro país. Una brecha de genero que las expertas consultadas por infoLibre achacan, fundamentalmente, a unos cuidados familiares que todavía, a día de hoy, siguen asumiendo ellas y que ralentizan la llegada de togadas a la cúpula judicial. "Se nos exige más tiempo de antigüedad que a ellos para poder alcanzar los mismos puestos", aseveran.
El último Eurobarómetro de Justicia, elaborado por la Comisión Europea, ofrece un panorama desolador en materia de igualdad en lo más alto de los sistemas judiciales del Viejo Continente. Sólo las Cortes Supremas de siete Estados miembro contaban en 2023 con una proporción de magistradas del 50% o superior. Es el caso de Rumanía, Bulgaria, Letonia, Grecia, Hungría, Luxemburgo o Eslovaquia. En los dos primeros, de hecho, más de siete de cada diez miembros de sus Altos Tribunales son mujeres. Un grupo en el que también destaca el país heleno. En este caso, por la evolución en apenas unos meses. El Supremo griego ha saltado de poco más del 30% en 2021 y 2022 a casi el 65% que recoge el Eurobarómetro para el año pasado.
Pero en los veinte Estados restantes la proporción de magistradas no llega a la mitad –aunque países como Francia, Eslovenia, Chipre o Lituania se quedan cerca–. Dentro de este grupo, España está a la cola. Solo República Checa, Dinamarca y Malta presentan una brecha de género más pronunciada en sus cúpulas judiciales. El Eurobarómetro sitúa la proporción de mujeres en el Alto Tribunal español durante 2023 en el entorno del 20%. Un dato que apenas experimenta grandes variaciones por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales estando en funciones. A comienzos de este año, de hecho, la proporción de magistradas era del 21,1%, según datos del órgano de gobierno de los jueces.
Más de dos décadas después de que Milagros Calvo se convirtiese en la primera en llegar al Supremo, el techo de cristal sigue sin romperse en la cúspide. Nunca en sus más de dos siglos de historia una mujer ha presidido el Alto Tribunal. Y hasta ahora tan sólo dos han estado al frente de alguna de las cinco Salas que lo integran –Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar–. La primera fue María Luisa Segoviano, ahora magistrada del Tribunal Constitucional, que fue nombrada presidenta de la de lo Social en septiembre de 2020, hace apenas cuatro años. Y tras su jubilación, quien tomó las riendas de la también llamada Sala Cuarta fue Rosa María Virolés, retirada desde el pasado mes de julio.
Más juezas, más antigüedad
Nada tiene que ver en esta realidad la estructura demográfica de la carrera. Más que nada porque la judicatura es, desde hace años, un sector feminizado en la inmensa mayoría de los países europeos –solo en Alemania e Irlanda había en 2020, según los últimos datos del Consejo de Europa, más jueces que juezas–. Ellas representaban a comienzos de año en nuestro país el 57,2% de la profesión en activo. Una tendencia que, además, continuará de cara al futuro. "Mayoritariamente están accediendo mujeres a la carrera", señala al otro lado del teléfono María del Prado Escoda, magistrada de la Audiencia de Tarragona e integrante del Secretariado de JJpD. En la última promoción, siete de cada diez eran juezas en prácticas.
Del mismo modo, las expertas tampoco sitúan la raíz de la brecha de género en la antigüedad, cuya diferencia no es demasiado grande –23,4 años ellos y 19,5 ellas–. Es más, en el Supremo, recuerda en conversación con este diario la magistrada Verónica Ponte, ellas tienen "más" que sus "homólogos varones". En concreto, 36,9 años de experiencia frente a 32 años. "Se nos exige más tiempo para llegar a los mismos puestos", completa Ponte, que forma parte del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Y lo que sucede con el Alto Tribunal ocurre también con el resto de altos cargos nombrados de forma discrecional: de presidencias de Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales a jefaturas de la Audiencia Nacional. Ellos son, mayoritariamente, quienes las ocupan.
La mochila de los cuidados
Las magistradas ponen el foco, más bien, en la carga de unos cuidados que siguen asumiendo ellas. "Esto hace que las mujeres puedan dedicar menos tiempo a promocionarse u obtener méritos", resalta Del Prado. "No tienes tiempo para trabajar esas relaciones que también te pueden poner en el punto de mira para nombramientos discrecionales", coincide Ponte. Los datos, de nuevo, están ahí. A comienzos de año, según el último informe del CGPJ sobre la estructura de la carrera judicial, se contabilizaban nueve excedencias voluntarias por cuidado de hijo. Solo una la había solicitado un togado. Las ocho restantes, el 88,9%, eran de juezas y magistradas. Una cifra que a comienzos del 2023 se situó en el 94,4% y en el 2022, en el 92,2%.
En el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, que vio la luz a comienzos de 2020, el CGPJ se comprometió precisamente a "considerar el valor curricular de las labores de cuidado y atención a la familia y personas dependientes" en el "establecimiento de los méritos para el acceso a cargos de nombramiento discrecional". De hecho, esto ya se ha tenido en cuenta, por ejemplo, en el concurso-oposición para ingresar en el Cuerpo de Letrados del órgano de gobierno de los jueces –en las bases se contemplan hasta cinco puntos por atender a hijos o familiares "por edad, accidente, enfermedad o discapacidad"–. Sin embargo, las últimas convocatorias para cubrir plazas en el TS antes de que los nombramientos se paralizaran seguían sin recoger los cuidados como elemento a tener en cuenta.
Entre los méritos que sí podían ser ponderados estaba el "tiempo de ejercicio en órganos judiciales colegiados". "En relación con este mérito, se tendrá en cuenta tanto el servicio prestado como titular de la plaza como el que se hubiese prestado de manera comisionada en sustitución, refuerzo o en cualquier otra forma", se completaba, por ejemplo, en la convocatoria para cubrir una plaza de magistrado en la Sala Primera del Alto Tribunal. "Los hombres, mayoritariamente, no hacen tanto uso de las excedencias para el cuidado de los hijos pero sí piden comisiones de servicios para reforzar o intervenir en los órganos colegiados, lo que les permite adquirir más experiencia y tener más méritos para el acceso a altas instancias", resalta Del Prado.
Acuerdos más motivados
Ponte, además, exige, como su asociación, que todos los acuerdos de nombramientos discrecionales contengan una "verdadera motivación", de forma que en ellos se concrete cuáles han sido los criterios de ponderación o qué valoración ha llevado al órgano a decantarse por un candidato y no por otros esa persona. "En resumen, no vale limitarse a decir que se ha elegido a alguien por su dilatada trayectoria profesional sin dar un solo detalle", señala la magistrada, que no oculta sus sospechas de que aún en la actualidad sigue existiendo un sesgo machista que decanta la balanza siempre hacia ellos cuando lo que se tiene sobre la mesa de estudio son dos currículos prácticamente idénticos.
Algo que ocurre, también en algunos casos, con expedientes menos brillantes. En 2018, por ejemplo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió como magistrado del Supremo a Fernando Román, ex secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, frente a María Asunción Salvo, que entonces ocupaba el segundo puesto en el escalafón de la especialidad de Contencioso-Administrativo. Y un año después, se decantó también para la Sala de lo Social del Alto Tribunal por otro magistrado frente a una candidata que se encontraba algunas posiciones por delante en el escalafón.
Son más, muchas más, en la carrera. Pero menos, muchas menos, en lo más alto de la misma. El techo de cristal sigue sin quebrarse en la cúspide de la judicatura española. De hecho, es uno de los más duros de todo el Viejo Continente. Solo tres Estados miembros tienen en sus Cortes Supremas una proporción de mujeres inferior a la que existe actualmente en nuestro país. Una brecha de genero que las expertas consultadas por infoLibre achacan, fundamentalmente, a unos cuidados familiares que todavía, a día de hoy, siguen asumiendo ellas y que ralentizan la llegada de togadas a la cúpula judicial. "Se nos exige más tiempo de antigüedad que a ellos para poder alcanzar los mismos puestos", aseveran.