"Primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí". El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, imitaba hace unos días unos versos sobre la cobardía de los intelectuales ante el nazismo del pastor luterano Martin Niemöller –atribuyéndolos a su compatriota Bertolt Brecht– para ilustrar su temor a una subida del Impuesto de Sociedades. Unos días después, el Gobierno de la Comunidad de Madrid flexibilizaba el criterio de renta familiar para obtener determinadas becas dando acceso a parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros. "Queremos que las rentas medias también tengan ayudas", justificaba Isabel Díaz Ayuso. Tanto la advertencia del jefe patronal como la explicación de la presidenta, oídas por un desconocedor del sistema fiscal y asistencial en España, podrían llevar a pensar que vivimos en un país que posterga el interés de empresarios y rentas medias y altas para concentrarse en los más pobres.
Dicho de otro modo, podría pensar que España dispone de un modelo impecablemente "progresivo".
Pero no es así, como acreditan múltiples datos y análisis. Algunos, oficiales. El propio Gobierno admite en el documento estratégico España 2050 que la desigualdad viene agravada por la "insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva" de un sistema en el que "las personas más pobres pagan más impuestos, en términos relativos, que las de clase media, y las transferencias sociales están menos focalizadas en los colectivos vulnerables que en otros países de nuestro entorno". Las políticas fiscales y sociales, señala el diagnóstico, no ejercen suficiente "acción correctora". Concretamente, las "prestaciones familiares tienen un efecto muy pequeño" y el IRPF provoca un efecto redistributivo menor que la media de la UE. El diseño del sistema de protección concede "un menor peso relativo a las transferencias que más benefician a los colectivos más pobres, como ayudas a la vivienda, infancia o inclusión social", recoge el plan. Resultado: un sistema en el que el quintil más rico recibe más transferencias públicas (30%) que el más pobre (12%). En la OCDE sólo Portugal, Italia y Grecia son más regresivos.
El Gobierno aún tiene pendiente esta legislatura acometer su reforma fiscal para impulsar la "progresividad", medida recogida en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos.
Déficit de progresividad
Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos "progresividad"?
Se trata de un concepto que suele invocarse para hablar de fiscalidad, que puede aplicarse al funcionamiento de todo el Estado del bienestar. Respecto a los impuestos, la fiscalidad implica que, cuanto mayor sea la capacidad de una persona, en mayor proporción deberá contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de tributos. Aunque está recogido en la Constitución, "el principio de progresividad opera en la práctica como un criterio político-programático cuyo cumplimiento es difícil de exigir jurisdiccionalmente", explica el experto en derecho tributario Rafael Sanz en un artículo de 2019. "De hecho –añade–, no existe ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional que anule una norma por violación del principio de progresividad".
De modo que la progresividad no es exigible en los tribunales. Queda entonces la política. Pero la política flaquea en esta tarea. Pone el dedo en la llaga el reciente informe Desigualdad de la renta y redistribución en España, de Clara Martínez Toledano, profesora de Economía Financiera en el Imperial College Business School. Del trabajo se concluye que, en proporción a sus patrimonios y sumando las principales figuras del sistema fiscal, los deciles inferiores de renta están sujetos a un tipo medio del 28%, mientras que los que figuran en el extremo opuesto de la tabla soportan un 27%. Con este dato por delante, el economista Julen Bollain, profesor e investigador de la Universidad de Mondragón, afirma: "El sistema fiscal ha ido perdiendo progresividad hasta el punto en que la decila más rica paga un tipo medio inferior a la más pobre. Tengamos en cuenta que en el año 2007 el decil más pobre tenía un tipo medio del 28% y el más rico de un 40%. El cambio en sólo 15 años es enorme".
Volviendo al trabajo de Martínez Toledano, se observa que en 2019 el 50% más pobre concentraba un 14% y un 17% de la renta nacional antes y después de la redistribución fiscal, respectivamente. Sólo 3 puntos de corrección. "Los patrones de desigualdad no varían sustancialmente a través de la acción redistributiva del Estado", señala Martínez Toledano, que añade: "La progresividad fiscal ha caído desde la crisis de 2008".
Como se ve en el gráfico, el IRPF (verde) ha ganado peso desde la crisis de 2008, mientras el de Sociedades (amarillo) lo ha perdido, siendo ahora menor que antes del boom inmobiliario.
A todo esto se suman las deducciones fiscales, señaladas por su exceso por quienes alertan de la falta de progresividad del sistema y su insuficiente capacidad recaudatoria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) las cuantificó en cerca de 60.000 millones en 2020, aconsejando un examen a fondo de estos beneficios para garantizar su utilidad socioeconómica.
Bollain, especializado en el funcionamiento del Estado del bienestar y sus efectos en los más necesitados, concluye: "El sistema fiscal en España no es progresivo. Esto no quiere decir que el IRPF, el impuesto que primero nos viene a la mente cuando hablamos de fiscalidad, no sea progresivo, sino que el sistema fiscal en su conjunto no lo es". Autor de Renta básica: una herramienta de futuro (2021), Bollain no se limita al IRPF: "Si miramos lo ocurrido con el Impuesto de Sociedades, en sólo 15 años su recaudación se ha reducido un 40,59% mientras la recaudación por IRPF e IVA aumentaron un 30,27% y un 29,79%. Si analizamos lo que suponen dichas cuantías sobre el total de los ingresos, vemos que la suma de la recaudación por los tres tributos suponía el 86,35% en 2007 y se mantenía en el 86,72% en 2021. Es decir, que lo que han dejado de pagar las empresas por sus beneficios ha recaído sobre las economías familiares".
Un fallo en la lucha contra la pobreza
Los diagnósticos sobre pobreza y desigualdad también se topan con el problema de la regresividad. Así lo recoge la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el informe El estado de la pobreza 2008-2020, donde lanza una alerta que va contra la intuición: el crecimiento del PIB y del empleo no consiguen por sí solos reducir la pobreza. ¿La prueba? Entre 2013 y 2019, mientras el desempleo bajaba 12 puntos, la tasa de pobreza subió. ¿Qué falla? También responde la Red Europea: son necesarias una "fiscalidad justa" y "políticas redistributivas", esferas donde falla la progresividad.
Coincide en la conclusión Oxfam Intermón, que este miércoles publicó un análisis-propuesta sobre la desigualdad que reclama "políticas de redistribución" que dejen de estar "a la sombra" de las dedicadas al crecimiento. En el terreno fiscal, la ONG recalca que en 2019 el Impuesto de Patrimonio recaudó unos 1.220 millones, lo que representa sólo el 0,1% del PIB y el 0,17% del patrimonio total declarado en el país. "Las bonificaciones de las comunidades, 1.021 millones en 2019, hacen que se recaude la mitad de lo que se podría", concluye el informe, que añade que la competencia entre autonomías provoca "dos de cada tres de los más ricos no paguen el impuesto al patrimonio". En cuanto al IRPF, mientras las rentas del trabajo soportan un tipo efectivo medio del 13%, las del capital apenas un 7%, recoge Oxfam Intermón.
Carencias del Estado del bienestar
Las pruebas del daño psíquico por la pobreza desvelan un fallo en cadena de la política contra la desigualdad
Tanto la Red contra la Pobreza como Oxfam reconocen los pasos adelante del Gobierno, al mismo tiempo que advierten de su insuficiencia. "Las medidas de choque sirven para evitar lo peor, pero no son suficientes para corregir las desigualdades estructurales", señala Oxfam. "Hay estrategia; otra cosa es que marche bien. El consenso sobre la necesidad de aplicar políticas de protección social es amplio y las medidas económicas, laborales y sociales implementadas (ERTE, IMV, medidas para autónomos y otras) limitan las consecuencias de la pandemia [...]. Sin embargo, en general, el sistema actual de rentas mínimas es complejo, con escasa cobertura e insuficiente cuantía [...]", señalaba la Red contra la Pobreza en septiembre de 2021.
Ambas ONG apuntan no sólo contra la falta de progresividad fiscal, sino también contra las inercias de un Estado del bienestar que desprotege a los más débiles, por ejemplo con los problemas de cobertura del IMV. Estas dificultades para llegar a los más necesitados no es la excepción, sino la regla. Así lo ha puesto de relieve incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI), que publicó en 2020 una radiografía de nuestro sistema de ayudas que describe un embudo con la parte estrecha para los de abajo. Tenemos, señala el informe, unos sistemas de prestación contributiva –pensiones y desempleo– sólidos, que cubren bien a los trabajadores con trayectoria consolidada en el sistema. En contraste, hay una "menor asistencia social" a "los más vulnerables, que son los niños y los hogares con bajos ingresos", sobre todo en el sur. Un dato: la proporción de las prestaciones que se destinan al 40% más pobre apenas supera el 30%. En el envés de la moneda, "los hogares más acomodados reciben una parte sustancial de las prestaciones", añade el informe del FMI. ¿Resultado? España es el décimo país de la UE que menos redistribuye renta a través de gasto social, con datos de 2018. El coeficiente de Gini, una medida de desigualdad de uso extendido en la UE, se reduce sólo en 0,18 puntos, frente a un 0,2 en la UE. España está un 15% por debajo de la media de la UE en cuanto al poder redistributivo del gasto social. El diagnóstico del FMI y del Plan España 2050 se encuentran.
A juicio del economista Julen Bollain, las becas de Ayuso no son una política rupturista, sino coherente con toda una forma de ver la función del Estado ante la sociedad y que logra perfectamente su objetivo. Es, afirma, una medida "que evita la redistribución y que es realmente efectiva contra los intereses de las personas más pobres de nuestra sociedad". La regresividad no sería así su defecto, sino su rasgo definitorio.
"Primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí". El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, imitaba hace unos días unos versos sobre la cobardía de los intelectuales ante el nazismo del pastor luterano Martin Niemöller –atribuyéndolos a su compatriota Bertolt Brecht– para ilustrar su temor a una subida del Impuesto de Sociedades. Unos días después, el Gobierno de la Comunidad de Madrid flexibilizaba el criterio de renta familiar para obtener determinadas becas dando acceso a parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros. "Queremos que las rentas medias también tengan ayudas", justificaba Isabel Díaz Ayuso. Tanto la advertencia del jefe patronal como la explicación de la presidenta, oídas por un desconocedor del sistema fiscal y asistencial en España, podrían llevar a pensar que vivimos en un país que posterga el interés de empresarios y rentas medias y altas para concentrarse en los más pobres.