El presunto espionaje político a líderes independentistas amenaza con poner en riesgo las relaciones entre Moncloa y la Generalitat. El president catalán, Pere Aragonés, convocó este martes de urgencia a su Govern y anunció que, por el momento, queda “congelada” cualquier relación política con el Ejecutivo central a la espera de una investigación y de la asunción de responsabilidades. El Gobierno, mientras, descarta tajantemente ningún tipo de vinculación con actividades ilícitas de seguimiento, aunque no aclara si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha usado o no el sistema Pegasus alegando razones de seguridad.
“Hay asuntos que tratan de la seguridad nacional que están protegidos por la ley y que son materias clasificadas, asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta”, contestó este martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, a la pregunta de si el CNI había utilizado el programa de espionaje. Antes, la propia portavoz se encargó de subrayar que el Gobierno “no tiene nada que ver ni nada que ocultar”, así como que el Ejecutivo “colaborará con el esclarecimiento de los hechos”.
Desde Moncloa ya llevan días intentando calmar las aguas con el independentismo y salvaguardar un foro como el de la mesa de diálogo para el que, por cierto, ambas delegaciones trabajaban en las últimas semanas en busca de cerrar una fecha próxima para convocarla. Desde el Ejecutivo aseguran que “de momento” esos contactos con la Generalitat no se han dado “a nivel de presidentes”, algo que no descartan que ocurra en los próximos días. En cualquier caso, trasladan un mensaje de tranquilidad y de escasa preocupación respecto a las posibles consecuencias políticas de un caso del que se sienten ajenos.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre dejan abierta, no obstante, la puerta del frente judicial. Aseguran que en el caso de que alguien “considere vulnerados sus derechos” será algo que deba resolverse “en términos judiciales”, un camino para el que el Gobierno mostrará “la máxima colaboración". Aún así, Rodríguez quiso dejar claro en rueda de prensa que “España es un estado democrático pleno” en el que “no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley", por lo que el Gobierno “no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de España”, concluyó.
"Ofensiva jurídica internacional"
Desde Cataluña, sin embargo, el revuelo levantado por el escándalo del posible espionaje ha zarandeado la agenda política. En Bruselas, los principales líderes independentistas anunciaron este martes “una ofensiva jurídica internacional”. El exvicepresident Oriol Junqueras acudió a la capital belga para comparecer junto al expresident y actual europarlamentario, Carles Puigdemont. Al frente de una amplia delegación de representantes del independentismo catalán, ambos denunciaron lo que consideran un ataque a la democracia. Junqueras exigió que los hechos “no queden impunes”, mientras Puigdemont se refirió a “a un sistema entero que está corrupto”, esperando que “el Estado rinda cuentas”.
Aragonès dice que el presunto espionaje a independentistas es "una vergüenza injustificable"
Pere Aragonés, por su parte, convocó de urgencia al conjunto de su Govern este martes por la tarde. En una comparecencia de prensa posterior, el president de la Generalitat exigió saber “quién nos ha espiado, quién ha dado permiso para que nos espiara y quién tenía conocimiento de que se nos espiaba para que se depuren responsabilidades”. El Ejecutivo catalán no entró a pormenorizar los detalles de la “congelación” de relaciones anunciada, aunque el propio Aragonès admitió que lo sucedido tiene la suficiente gravedad como para afectar a la mesa de diálogo y a la comisión bilateral, aludiendo incluso a “graves consecuencias políticas inmediatas” que tampoco quiso detallar.
El president llegó incluso a comparar la calidad democrática española con la de países como Polonia o Hungría: “Un Estado democrático no espía a la ciudadanía, no escucha a adversarios de su Gobierno y no vulnera los derechos de un movimiento pacífico, democrático y europeísta”, denunció. Aragonés pidió además una reunión urgente a Pedro Sánchez para exigir explicaciones y reconstruir unas relaciones que, según dijo, quedan gravemente dañadas: “La confianza es mínima porque no se puede confiar en quien todo apunta a que te ha espiado”
Según el observatorio canadiense Citizen Lab, el programa informático israelí Pegasus (al que solo tienen acceso gobiernos o instituciones militares como ejércitos), espió los teléfonos móviles de 63 dirigentes independentistas entre los que se encuentran los expresidentes catalanes Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y el actual president, Pere Aragonès. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha registrado en el Congreso una solicitud para comparecer a petición propia.
El presunto espionaje político a líderes independentistas amenaza con poner en riesgo las relaciones entre Moncloa y la Generalitat. El president catalán, Pere Aragonés, convocó este martes de urgencia a su Govern y anunció que, por el momento, queda “congelada” cualquier relación política con el Ejecutivo central a la espera de una investigación y de la asunción de responsabilidades. El Gobierno, mientras, descarta tajantemente ningún tipo de vinculación con actividades ilícitas de seguimiento, aunque no aclara si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha usado o no el sistema Pegasus alegando razones de seguridad.