"Lo que vamos a hacer es coger a la gente con pasado criminal, con antecedentes, miembros de bandas, narcotraficantes, probablemente dos millones –que podrían ser hasta tres– que vamos a sacar del país o vamos a encarcelar". Con estas palabras abordaba el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los asuntos que más ha marcado su campaña, el de la inmigración irregular. A escasos diez días de que Trump tome posesión como presidente –lo hará el 20 de enero–, sus palabras pasan a cobrar una importancia fundamental para los grupos proinmigrantes, que ya organizan protestas al respecto.
Si bien el republicano habla de una expulsión inmediata, los objetivos marcados no distan en exceso de las deportaciones realizadas por la Administración Obama, pero doblan las realizadas por los países miembro de la Unión Europea a lo largo de los últimos siete años.
La era Obama, récord en deportaciones
Durante el Gobierno de Barack Obama –sin incluir 2016, del que todavía no hay datos–, las personas deportadas en EEUU cada año fueron, de media, 392.836, según el informe global sobre inmigración publicado anualmente por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS). En el estudio, el organismo diferencia entre las personas deportadas siguiendo una orden de expulsión, y aquellas que abandonan el país voluntariamente. Para la elaboración de este artículo, se han tenido en cuenta los datos referidos a la primera categoría.
La entrada en la Casa Blanca del demócrata, tras los ocho años de mandato republicano de George W. Bush, supuso un aumento en el número de deportaciones.
Durante 2009, primer año del mandato Obama, la cifra registrada en esta materia fue de 391.341 personas. La cantidad en 2008, el último año de Bush como presidente de EEUU, fue de 359.795, el máximo de deportaciones durante los ocho años de gobierno republicano, que generó un total de 2.012.539 de personas deportadas frente a los 2.749.854 de Obama. El demócrata ostenta, por tanto, un récord en comparación con el mandatario anterior, incluso a falta del recuento del 2016.
Los tres primeros años de Barack Obama se mantuvieron por debajo de las 400.000 deportaciones, pero ya en el año 2012 la tendencia comenzó a acentuarse y superó la barrera, alcanzando un máximo histórico en el 2013, con 434.015 deportaciones. En total, la Administración Obama ha superado con creces a sus antecesores, tras haber deportado a 2.749.854 inmigrantes irregulares entre los años 2009 y 2015. El récord, de hecho, le ha llevado a Obama a ser apodado como el Deportador en jefe –Deporter in chief– por la comunidad latina. Durante el 2015, no obstante, la tendencia se revertió y el número de deportaciones pasó a ser de 333.341.
El DHS establece una serie de criterios de deportación basados en los antecedentes de las personas inmigrantes. En primer lugar, es considerada como "prioridad 1" la deportación de quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional o pública, como los terroristas, espías, criminales o pandilleros, entre otros. Englobados en la "prioridad 2" se encuentran las personas con historial extenso de violaciones en materia de inmigración y quienes hayan cruzado la frontera recientemente. Por otro lado, los inmigrantes que hayan conducido en estado de ebriedad, los que tengan cargos por violencia de género, explotación sexual o robo, se encontrarán dentro de un nivel de "prioridad 3". Finalmente, tendrán una "prioridad 4" aquellos con una orden de deportación.
Europa, 3.543.565 órdenes de expulsión
Los países miembro de la UE tampoco se postulan como un ejemplo en cuanto a política migratoria. En sus informes, el organismo Eurostat realiza una distinción entre los tipos de deportaciones. Por un lado, se refiere al total de personas deportadas sin tener en cuenta el país de destino, y por otro analiza el número de deportaciones a terceros países no pertenecientes a la UE.
Durante el periodo del 2009 al 2015, los 28 países que forman parte de la UE deportaron en su conjunto a un total de 1.517.955 inmigrantes sobre los que pesaba una orden de expulsión, es decir, una media anual de 216.850 expulsiones, según datos de Eurostat.
A lo largo de los últimos siete años, el máximo de deportaciones de este tipo se produjo en el 2009, con un total de 252.790, mientras que el más bajo fue en el 2011, con 194.110. El último dato disponible corresponde a 2015, en plena crisis migratoria, periodo en el que fueron 226.800 los inmigrantes deportados. Las expulsiones fueron encabezadas por Alemania, con 55.340, seguida por Reino Unido (50.590), Francia (18.245), Grecia (14.390) y España (13.315).
De todas las deportaciones efectuadas desde el 2009, un total de 1.305.580 fueron a parar a un tercer país fuera de la UE –una media de 186.511 al año–. En el 2015, se produjeron un total de 194.055 deportaciones de estas características, siendo Alemania el país que encabeza la lista (53.640), seguido por Reino Unido (38.830), Grecia (14.390), Polonia (12.750) y España (12.235). La diferencia entre el total sin tener en cuenta el destino (1.517.955) y el total correspondiente a todas las deportaciones que tenían como destino países extracomunitarios (1.305.580) corresponde, según han podido confirmar fuentes de Eurostat a este diario, a "los ciudadanos que han sido deportados a algún otro país de la UE". Es decir, en los últimos siete años fueron deportadas, siguiendo una orden de expulsión, 212.375 personas a algún país comunitario.
Aunque el total de deportaciones roza el millón y medio en ambas categorías, las órdenes de deportación ascendieron en los últimos siete años a 3.543.565.
Entre los años 2008 y 2010, los inmigrantes provenientes de Albania encabezaban el ranking de ciudadanos extracomunitarios sin papeles en la UE, seguidos por los afganos. La situación comenzó a sufrir ligeros cambios, hasta que entre el 2013 y 2015 el orden se alteró significativamente: los sirios son actualmente los inmigrantes irregulares con mayor presencia en la UE –857.74 en el 2015–.
Finalmente, España cosecha, entre sus vecinos, un récord en relación con las operaciones migratorias: el de impedir la entrada a inmigrantes. En el 2015, los países de la UE impidieron la entrada a un total de 297.625 inmigrantes. De todos ellos, el rechazo de 168.345 provino de España, es decir, un 56,6% de las negativas a entrar en la UE en el año 2015 las dictó España.
Realidades distintas, misma respuesta
La directiva 2008/115/CE del Consejo y el Parlamento Europeo sobre retorno de inmigrantes irregulares establece que los países miembro "deben dictar una decisión de retorno contra cualquier nacional de fuera de la UE que se encuentre en situación irregular en su territorio". Sin embargo, la normativa europea también reza que "un país de la UE puede decidir conceder a un nacional de fuera de la UE que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización similar por razones humanitarias o de otro tipo", como en el caso de los refugiados o solicitantes de asilo.
Desde que la UE aprobara el acuerdo con Turquía, no obstante, la situación se ha endurecido para los inmigrantes irregulares que tratan de llegar a suelo europeo, especialmente para aquellos que llegan huyendo de un territorio en conflicto. Este pacto puso en marcha la devolución automática a Turquía de todos los refugiados y migrantes llegados a Europa tras el 20 de marzo. Por cada ciudadano sirio devuelto a Turquía, otro es reasentado en un país de la UE.
"Los datos están ahí", sostiene un portavoz autorizado de Amnistía Internacional en conversación con infoLibre. "Nuestra preocupación básica es que todas las personas que llegan a las fronteras tienen que ser identificadas, y tanto en Europa como en EEUU hay muchas personas que son potencialmente solicitantes de asilo", continúan las mismas fuentes.
El mantenimiento de Guantánamo marca el tibio legado de Obama en derechos humanos
En el caso estadounidense, "un gran número de personas proceden del conocido como el triángulo norte, es decir, Salvador, Nicaragua y Honduras". Según la organización, las personas que proceden de estos países pueden ser migrantes económicos, pero también existen casos documentados de gente que huye de la violencia, que en este caso viene dada por las pandillas. "Para nosotros esas personas que huyen son potenciales refugiados y solicitantes de asilo", entiende la organización, que denuncia además que a estos inmigrantes "ni se les identifica ni se les tiene en cuenta, todos automáticamente son declarados ilegales y se les envía de vuelta".
Se trata, a juicio de Amnistía, de "una realidad que en Europa conocemos bien porque también está ocurriendo". Para la ONG pro derechos humanos, "Europa se ha convertido en una fortaleza a través de las vallas, los muros y las políticas que están realizando y que no cumplen con los compromisos de acogida de personas que pueden estar huyendo de conflictos como el de Siria". En cuanto a Turquía, esgrimen, "se firmó el acuerdo y Turquía se convirtió en un Estado de contención de los refugiados donde no se respetan sus derechos humanos. Es como un gendarme que sirve de stop a todas las personas que llegan". La ONG añade que, además, existen acuerdos con otros países como Libia o Marruecos, con la consecuencia de que los migrantes "buscan cada vez rutas más inseguras, mueren en el Mediterráneo o caen en manos de mafias".
Finalmente, Amnistía muestra su preocupación por las pretensiones de Trump, que hasta el momento tacha de "retórica venenosa". "Estamos muy vigilantes con lo que pueda pasar, aunque el modelo europeo no es un buen ejemplo de acogida, sino todo lo contrario, y la Administración Obama tampoco puede dar muchas lecciones. Ambas son dos realidades diferentes, pero la respuesta es la misma", sentencia.
"Lo que vamos a hacer es coger a la gente con pasado criminal, con antecedentes, miembros de bandas, narcotraficantes, probablemente dos millones –que podrían ser hasta tres– que vamos a sacar del país o vamos a encarcelar". Con estas palabras abordaba el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los asuntos que más ha marcado su campaña, el de la inmigración irregular. A escasos diez días de que Trump tome posesión como presidente –lo hará el 20 de enero–, sus palabras pasan a cobrar una importancia fundamental para los grupos proinmigrantes, que ya organizan protestas al respecto.