Un informe de la Policía que está en manos del Ministerio del interior desde el mes de abril afirma que “como el tiempo corre en contra de ETA, que sigue soportando la presión policial y judicial, no parece descabellado que intente remover la situación a través de una acción de violencia terrorista".
Este documento, al que hizo una primera mención el fiscal Carlos Bautista durante el juicio por amenazas terroristas a Josetxo Ibaceta, asegura que en ”esta situación de bloqueo y vista la nula capacidad de incidencia de los mediadores internacionales, sólo caben dos opciones; una que ETA asuma nuevas iniciativas unilaterales, lo que ha rechazado porque corre peligro de que se produzca una escisión, y dos, que sea el Gobierno español el que decida negociar, lo que parece improbable.”
El Ministerio del Interior negó el 27 de mayo la existencia de dicho informe y aseguró que ni la Guardia Civil ni la Policía habían trasladado al Ministerio informes que concluyan explícitamente que ETA vaya a volver a la armas tras una escisión.
Desde Interior no se negó la existencia de análisis periódicos sobre el estado de ETA, análisis de la Comisaría General de Información que no son coincidentes con los de la Guardia Civil y el CNI.
El Ministerio de Interior diferenciaba entre informes y análisis para ocultar el informe de la Policía donde se asegura que ETA puede recurrir a una acción de violencia que evidencie la necesidad de resolver el conflicto a través de una negociación. La acción violenta, según el documento, no sería obstáculo para seguir negociando ya que el entramado de apoyos internacionales con los que cuenta la banda terrorista entendería que violencia y negociación son conceptos entrelazados. La acción sería condenada por Sortu pero esta acusaría al Gobierno de inmovilismo.
En este momento del proceso ETA se ha encontrado con todas las puertas de la negociación cerradas. Sus tres representantes en la Comisión Internacional de Verificación fueron expulsados de Noruega como medida de presión para que la banda terrorista dé pasos hacia su disolución sin contraprestaciones políticas. El Gobierno ha enviado un solo mensaje repetido hasta la saciedad: no negociará con la banda hasta su disolución.
Mientras tanto, “ETA no ha expresado la menor voluntad de disolverse ni desarmarse”, como concluye el informe policial, y no considera que su decisión de alto el fuego contenga la superación de la confrontación armada, ya que a eso solo se llegara en un proceso de negociación.
Moneda de cambio
“ETA se encuentra en una encrucijada y no dará pasos hacia su disolución con una carga de 700 presos en las cárceles sin un futuro claro como moneda de cambio a costa de la entrega de armas definitiva". Así se expresa un experto policial en la lucha contra ETA en declaraciones a infoLibre. “Mientras las consecuencias del conflicto no estén superadas, esto es la salida de los presos para el mundo etarra, nada está claro en este proceso y ETA puede autoproclamarse exonerada de su compromiso de alto el fuego si no se produce un diálogo directo con el Gobierno”, añade.
En este sentido, Sortu, en boca de su portavoz Pernando Barrena, ha asegurado que ETA está dispuesta al desarme y que en breve espacio de tiempo se pondrá en contacto con fuerzas políticas vascas para proponer su disolución y la entrega de armas.
El tablero de la solución definitiva al terrorismo no se mueve y con esta iniciativa ETA se olvidaría de su negociación directa con el Gobierno para un intercambio de paz por presos. Esto supondría un viraje estratégico de la banda, ya que apartaría del poder de un plumazo a los portavoces del colectivo de presos, dirigido ahora por los sectores más duros de la banda. En esa troika de presos se integran todos los dirigentes que durante su militancia clandestina han dirigido los aparatos y estructuras de la banda terrorista, desde Mikel Antza hasta Soledad Iparraguirre, Amboto. El salto dejaría en manos de cada preso su salida individual y desmontaría el colectivo, que es el nudo gordiano del conflicto.
La última fuga de Josu Ternera
Algunos presos han expresado recientemente que ese es el camino a seguir, pero quienes mandan en el colectivo están en un proceso de “recogida de aportaciones” entre los reclusos que ellos mismos dinamizaran y harán públicas llegado el momento.
A partir de ahora, todas las miradas se dirigen hacia la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que deberá resolver si confirma su decisión, tomada por unanimidad, de considerar ilegal la doctrina Parot. Una sentencia en ese sentido pondría en libertad a 66 presos etarras y sería una válvula de descompresión en el frente de cárceles. ETA ganaría tiempo, un tiempo que de momento va en su contra ya que los cuerpos policiales no han cesado en su actividad antiterrorista ni se espera que lo hagan.
El cerco es cada vez más estrecho y las salidas airosas para los terroristas se adivinan muy complicadas.
Un informe de la Policía que está en manos del Ministerio del interior desde el mes de abril afirma que “como el tiempo corre en contra de ETA, que sigue soportando la presión policial y judicial, no parece descabellado que intente remover la situación a través de una acción de violencia terrorista".