Un ex fiscal general nombrado por el PP será clave para el futuro penal de Álvaro García Ortiz

El magistrado de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, el ex fiscal general del Estado –nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy– Julián Sánchez Melgar, va a ser clave en el futuro judicial de uno de sus sucesores en ese puesto, Álvaro García Ortiz, así como de otros dos antiguos subordinados durante su paso por la cúspide del Ministerio Público, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe. García Ortiz y Villafañe formaron parte del Consejo Fiscal que asesoró a Sánchez Melgar como fiscal general tras su nombramiento. Rodríguez, por su parte, fue renovada por el ahora magistrado como fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática. Pese a todos esos vínculos, el magistrado no se ha abstenido en el recurso contra el registro ordenado por el instructor del caso, Ángel Hurtado, en el despacho de García Ortiz. Tampoco ha sido recusado por los recurrentes, algo que, según fuentes jurídicas, sería rechazado por extemporáneo.

La Sala de Apelaciones del Supremo analiza desde el martes el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz y a Rodríguez. Ambos consideran que ese registro, que se desarrolló durante 10 horas y hasta la noche en el despacho de García Ortiz y de Pilar Rodríguez fue desproporcionado. También sostienen que el auto de Hurtado que lo ordenó carece de "razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas".

El propio instructor, tras autorizar la incautación de todos los registros informáticos de ambos durante ocho meses –desde la supuesta filtración que investiga hasta el día de la entrada de los agentes en los despachos– se vio obligado a acotar el análisis de los dispositivos y ordenadores, una vez efectuado el allanamiento de la institución, a los siete días en los que la noticia investigada trascendió a los medios. Esa noticia y una nota de prensa posterior de la Fiscalía, desmintió un bulo propagado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la confesión por parte del abogado de su novio de dos delitos fiscales.

La decisión que el ex fiscal general Sánchez Melgar –junto a los también magistrados conservadores Eduardo Porres y Andrés Palomo– debe tomar sobre la legalidad de esos registros es clave para el devenir del caso. Su anulación provocaría, casi con total seguridad, un archivo de la causa, ya que todos los indicios de revelación de secretos que Hurtado aprecia contra García Ortiz, Rodríguez y Villafañe parten de los informes de la UCO que se elaboraron con el material informático incautado durante la entrada de los agentes a las dependencias de la Fiscalía.

El fiscal general actual ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en la que denuncia que con el traslado a las partes de esos informes policiales se revelaron los datos personales y números de teléfono de decenas de personas con las que García Ortiz mantuvo contacto durante más de 10 meses y que no tienen nada que ver con la causa abierta contra él. Entre los datos filtrados aparecen los de varios fiscales e incluso el de un miembro del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de Gobierno de los jueces ya investiga la filtración. Fuentes de esa institución indican que, más allá de la desprotección de datos, pudo haberse cometido con ella alguna infracción disciplinaria.

Hasta el momento, Sánchez Melgar no ha apreciado ningún tipo de conflicto de interés que pueda afectar a su apariencia de imparcialidad en un recurso que afectará a tres de los que en su día, fueron sus subordinados. García Ortiz y Villafañe fueron vocales electos del Consejo Fiscal –uno de los máximos órganos que asisten al fiscal general en sus funciones– durante el mandato de 2018. Fueron elegidos por sus compañeros junto con otros dos candidatos de la lista de la Unión Progresista de Fiscales, Dolores Delgado, y la también ex fiscal general María José Segarra. Además de colaborar en ese órgano, dada la estructura jerárquica de la Fiscalía, tanto Villafañe como García Ortiz fueron subordinados de Sánchez Melgar y estuvieron sujetos a sus órdenes e instrucciones.

También lo fue la actual fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la tercera imputada por Hurtado en la causa. Pero su relación con ella fue, si cabe, más intensa. Tras su nombramiento como fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática por Consuelo Madrigal, cesó en ese puesto tras la dimisión de la ex fiscal general. Su sucesor, José Manuel Maza, también la nombró para ese mismo puesto de confianza. Tras la muerte de este último volvió a dejar el puesto en el que fue nuevamente designada por Sánchez Melgar para ocuparlo.