El empeño del Govern de la Generalitat de realizar un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y sustentado por una ley en cuya tramitación no se respetaron los derechos de la oposición parlamentaria y la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy intentando desmontarlo por la fuerza a través de la actuación policial han sumido a Cataluña en una situación de crisis social inédita en el período democrático.
La comunidad funcionó este martes a medio gas por la huelga general convocada por sindicatos minoritarios y el paro de país que respaldaron UGT y CCOO para protestar contra la cargas policiales del domingo, al tiempo que crecía la presión ciudadana contra policías y guardias civiles para que abandonaran el territorio catalán. Por las redes sociales circulaban vídeos de enfrentamientos entre jóvenes ataviados con esteladas y banderas españolas.
Mientras, en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, alertó de comportamientos "mafiosos" de los ayuntamientos en Cataluña y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó que ERC y la CUP están deseando que haya muertos para imponer su proyecto "nacionalista con 'z'".
Las consecuencias de esta situación son impredecibles, pues en Cataluña ya están sucediendo hechos que apuntan a una ruptura de la convivencia entre sus ciudadanos, según confirman sociólogos consultados por infoLibre. "Las espirales de polarización llevan a esta clase de situaciones. Los ciudadanos empiezan a encerrarse en su espacio de confort ideológico y social, desconfiando del otro; los políticos de ambos bandos deciden aprovecharlo o piensan que no tienen otra opción sino alimentarlo porque, en situaciones de ruptura, se penaliza a quien no toma partido claro", explica Jorge Galindo, investigador de la Universidad de Ginebra.
Luis Miller, sociólogo de la Universidad del País Vasco, también alerta de que en Cataluña se están empezado a consolidar elementos recurrentes en crisis sociales de calado: la creación de bandos y la simplificación de la realidad a través de la utilización de prejuicios. "En casos dramáticos como el de Yugoslavia también hubo esa definición entre quiénes son los míos y quiénes son los otros, a los que se demoniza", explica. Todo ello, además, con el añadido de que en la actualidad el entorno digital favorece la utilización "estratégica" de ciertas imágenes.
A su juicio, el 1-O fue el punto culmen de la estrategia del independentismo catalán que ha tenido en la "inclusividad" uno de los grande éxitos. "A diferencia de lo que ocurría en el caso vasco, donde cuestiones como la lengua o el origen familiar eran relevantes, los independentistas han conseguido que calara el mensaje de que da igual quien seas porque si estás con la democracia es que eres de los suyos", sostiene.
Alberto Penadés, sociólogo de la Universidad de Salamanca, hace un relato más optimista de una situación que no se atreve a calificar de "grave". Insiste en que no hay que olvidar que el conflicto social está siendo protagonizado "únicamente" por "personas que pertenecen a las fracciones más movilizadas y sensibilizadas de un lado de una sociedad" y se muestra convencido de que prevalecerá la "masa social" que está en medio de ambas, que además es hegemónica.
"No es una cuestión social. Hemos llegado a esta situación por los errores de ciertas élites políticas, pues ni los líderes unionistas quieren aceptar la enorme cantidad de ciudadanos que están demandando un cambio en las actuales reglas del juego ni los líderes nacionalistas están dispuestos a aceptar que no todos los catalanes están con ellos. La cuestión es que ninguno de los dos son hegemónicos aunque ambos tengan derecho a ser escuchados", subraya.
Para Miller, las consecuencias de esta situación sí son "muy negativas", pues aunque es posible que las tendencias que están en los extremos pierdan fuerza, la convivencia entre catalanes quedará muy resentida. Por otro lado, destaca que también es muy grave la pérdida de confianza y el no reconocimiento de las instituciones del Estado. "Creo que es el momento de que, desde la política, se empiece a explicar que vivir al margen de las instituciones y la legalidad tiene unas consecuencias muy negativas", asevera.
"Quienes se dedican a gestionar situaciones de posconflicto suelen decir que una de las cosas más complicadas es la memoria del conflicto pasado: la acumulación de recuerdos que refuerzan y recuerdan las posiciones pasadas", añade Galindo.
Vías de salida
Por otro lado, lo vivido estos días ha hecho crecer el temor entre sectores de la población de que los últimos acontecimientos provoquen que las posiciones más radicalizadas, tanto independentistas como unionistas, incrementen su base social de una manera estable.
Galindo, sin embargo, cree que sobre todo existe el riesgo de radicalización de quien ya tiene una posición tomada. Es decir, de que se produzca una "profundización" de la dinámica actual sin necesariamente ganar adeptos a un lado o al otro. "La politización de la sociedad es una buena noticia siempre: toma de conciencia, posicionamientos... El problema es cuando se mezcla con polarización extrema. Entonces ese dominio total de la política se convierte en un motor de fragmentación social", añade.
¿Qué habría que hacer para detener esta escalada de acción-reacción? A corto plazo, Galindo cree que ninguno de los dos bandos tiene incentivos para ser responsable y dar un paso a un lado, al menos no en bloque. "El problema es que es un círculo vicioso, se alimenta a sí mismo. Romper esta cadena requiere de un esfuerzo colectivo sobrehumano. La alternativa de que se pare la escalada cuando uno aprecia los costes que conlleva es más atractiva en teoría pero menos probable en la práctica porque cuando el conflicto se enroca, se entiende que el otro también quiere destruirle a uno", señala Galindo.
Más a largo plazo, Miller cree que lo único que puede evitar que este conflicto se enquiste es la búsqueda de una solución acordada que venga de actores políticos que sean tenidos en cuenta por ambos bandos. En este sentido, cree que sería interesante apostar por coaliciones transversales más basadas en eje izquierda-derecha que en el debate identitario.
Esta vía, claro está, solo podría llegar tras la celebración de elecciones tanto en Cataluña como en España y, a su juicio, tendría que contemplar cambios en el modelo territorial e incluso podría explorar la opción del derecho a decidir con garantías. "Esto que ahora parece muy lejano puede cerrar heridas en el futuro", sentencia.
El empeño del Govern de la Generalitat de realizar un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y sustentado por una ley en cuya tramitación no se respetaron los derechos de la oposición parlamentaria y la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy intentando desmontarlo por la fuerza a través de la actuación policial han sumido a Cataluña en una situación de crisis social inédita en el período democrático.