La exjefa de prensa de Aguirre señala a la expresidenta tras el archivo de García Castellón
La ex directora general de medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego pone el foco sobre Esperanza Aguirre y el resto de "jefes" a los que acaba de exonerar el magistrado Manuel García Castellón en el marco de la pieza de Púnica sobre la caja B del PP madrileño. La periodista ha interpuesto un recurso de reforma contra el auto dictado el pasado viernes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el que salvó a la expresidenta madrileña del banquillo de los acusados, un escrito en el que califica de "injusto, parcial y discriminatorio" su procesamiento en la causa. Principalmente, porque aquellos cargos destacados que se beneficiaron de los trabajos de reputación que han terminado por dejar a la periodista a un paso del banquillo han salido indemnes finalmente de la instrucción.
"El auto ha de ser reformado por lo injusto, parcial y discriminatorio que supone que se haga pivotar la financiación del PP sobre la periodista que fue la encargada (Directora) de Medios de la Comunidad de Madrid, que no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor, a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos: desde funcionarios de carrera e interventores a presidentes de la Comunidad, pasando por consejeros y directivos del ramo con capacidad decisiva y firma necesaria", apunta la defensa de Gallego en su recurso.
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La periodista sostiene que todo aquello que EICO o cualquier otra firma de Alejandro de Pedro realizara para los expresidentes Aguirre e Ignacio González –también exonerados–, así como para los exconsejeros Salvador Victoria, Lucía Figar o Borja Sarasola "no era encargado, ni controlado, ni pagado por la Dirección General de Medios, si es que estuvo al margen de ese contrato de clippin"
"El auto sobresee la causa para los dos expresidentes, pero considera que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente. Para rebatir esa conclusión no vamos a ahondar en que ambos eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican y que era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejorase", arranca Gallego en el punto en el que analiza si es delito las labores de reputación online que se hicieron para González y Aguirre.
La defensa de la periodista no comprende por qué a ella se le procesa por los trabajos y al resto no. "Nos falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la Dirección General de Medios acerca de los presidentes de la Comunidad de Madrid, ni por qué estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada. Y ello, además de ser contrario al derecho a la igualdad, pone en jaque el derecho a la tutela judicial al faltar el razonamiento de por qué lo que para unos es lícito, para Isabel Gallego es delictivo", concluye el recurso.
