Los emigrantes españoles piden a la Junta Electoral Central (JEC) que prorrogue hasta el viernes o el sábado el plazo para enviar las papeletas y facilitar así que más personas puedan ejercer su derecho al sufragio el 20-D. La petición la hicieron este miércoles en una rueda de prensa en Madrid en la que integrantes de la plataforma dosmillonesdevotos –su nombre alude al número de españoles registrados como residentes fuera de España– y el colectivo Marea Granate exigieron no ser tratados como "ciudadanos de segunda".
Precisamente este miércoles la JEC accedió a prorrogar hasta el viernes el plazo del envío del voto por correo –que vencía este miércoles– aunque sólo para los electores que votan en España. En el caso de los españoles que viven de forma permanente en el exterior, es decir, los que están dados de alta en el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA) el plazo para votar por correo postal acabó este martes 15 de diciembre. Para los que están de forma temporal, que sólo tienen la opción de votar por correo, el plazo acaba este miércoles 16 de diciembre. No obstante, el voto de la emigración puede contabilizarse hasta el 23 de diciembre, tres días después de la celebración de los comicios.
Los problemas para recibir las papeletas constituyen una de las principales quejas de los emigrantes que, tras cumplir con los trámites de ruego del voto a los que les obliga la reforma de 2011, tienen que enfrentarse a la incertidumbre de saber si sus papeletas llegarán o no a tiempo. María Almena, portavoz de la Marea Granate, explicó que la demora se acrecenta cuando hay impugnaciones de candidaturas –algo que sucede de forma habitual– y que en estos comicios ha ocurrido en Barcelona, Valencia, Alicante, Baleares, Badajoz y Guadalajara. "Cuando hay impugnaciones, las papeletas tardan más en salir, lo que prácticamente se come los plazos para que llegue a donde estamos los emigrantes", se queja.
Ambas organizaciones consideran que las trabas que se están encontrando los expatriados para votar están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a la ciudadanía en el exterior y que está provocando una "masacre" de la participación electoral de la emigración española. Los datos no dejan lugar a dudas. En las generales 2008 –las últimas antes de la implantación del voto rogado– votaron el 31,7% de los expatriados. En 2011, ya con la reforma, sólo lo hicieron el 4,9%. Para estos comicios, un total de 149.849 de los 1.875.272 electores españoles con derecho a voto desde el exterior han manifestado su voluntad de votar, si bien eso no quiere decir que consigan hacerlo.
Más de 2.300 emigrantes españoles votarán gracias a abstencionistas voluntarios
Trabas administrativas
Los emigrantes atribuyen gran parte de esa caída de la participación a los problemas a la reforma electoral que, desde 2011, les obliga a rogar expresamente el voto. Pero no es el único obstáculo detectado. Denuncian que las trabas empiezan con la propia inscripción en el censo porque el procedimiento no es uniforme y son excepción los consulados en los que se permite la inscripción a distancia.
También se quejan de los fallos que ha dado la aplicación informática puesta en marcha para rogar el voto –que sólo pueden usar los inscritos como permanentes–, de la falta de información institucional y reclaman que al igual que dentro del territorio nacional se hacen campañas informando de la cita electoral, se pueden utilizar herramientas telemáticas (redes sociales, correo electrónico...) para informar a los españoles que residen en el extranjero, así como de las dificultades para recuperar el coste del envío de las papeletas desde sus lugares de residencia así como el hecho que los importes recuperados no suelan ser del 100%.
Los emigrantes españoles piden a la Junta Electoral Central (JEC) que prorrogue hasta el viernes o el sábado el plazo para enviar las papeletas y facilitar así que más personas puedan ejercer su derecho al sufragio el 20-D. La petición la hicieron este miércoles en una rueda de prensa en Madrid en la que integrantes de la plataforma dosmillonesdevotos –su nombre alude al número de españoles registrados como residentes fuera de España– y el colectivo Marea Granate exigieron no ser tratados como "ciudadanos de segunda".