La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no sólo no servirá para conseguir esa mejora y elevar los niveles educativos sino que además acarreará más desigualdad. Es lo que opinan reputados expertos críticos con el proyecto cuyo borrador podría quedar aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha defendido la LOMCE como la norma que fomentará la "excelencia y la calidad para todos" y el marco legal que pondrá freno a las actuales altas tasas de abandono temprano y la "pérdida de exigencia" en la escuelas. No es lo que sostienen sindicatos, partidos de la oposición y buena parte de la comunidad educativa, que el próximo jueves está llamada de nuevo a la huelga contra esta ley y los tijeretazos que viene sufriendo el sector con la excusa de la crisis económica.
Uno de los aspectos más criticados de la reforma es su concepción segregadora, pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar. Rafael Feito, profesor de Sociología de la Educación en la Complutense, señala que en los países que segregan a edades tempranas –como, por ejemplo, Alemania– hay una relación más estrecha entre la situación socioeconómica de la familia y el rendimiento en la escuela, lo que se traduce en un aumento de la desigualdad.
Otro caso que vendría a cuestionar el éxito del adelantamiento de la elección de itinerarios es el de Polonia, que con una una inversión modesta en educación está logrando resultados similares a los de países más acomodados como EEUU o Noruega. Feito y otros expertos críticos consideran que el hecho de haber retrasado un año la elección entre FP y bachillerato es una de las razones del reciente éxito educativo polaco, que ha promovido también otras reformas estructurales. Aunque hay países que ocupan las primeras posiciones en los informes PISA que separan en una red académica y otra profesional a los 14 años, un informe sobre equidad y calidad en la escuela publicado por la OCDE en febrero de 2012 señala que hay otros como Australia, Canadá, Finlandia o Nueva Zelanda que tienen a sus alumnos en un tronco común hasta los 16 años y consiguen muy buenos resultados.
Asociaciones como Soy Pública denuncian que adelantar en un año la elección entre la vía académica y la profesional hace que "los alumnos de familias con menor renta" se inclinen por la última opción y sean menos los estudiantes de familias con peores niveles socioeconómicos los que acceden a estudios superiores.
Tampoco existen evidencias de que la implantación de "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa", tal y como propone la 'ley Wert', mejore los estándares educativos. De hecho, los países con mejores resultados académicos en las estadísticas internacionales, como Finlandia, pasan pocas pruebas externas. Y otros con resultados más mediocres, como EEUU, tienen evaluaciones externas todos los años de escolarización. "Lo que se acaba haciendo es preprarar a los alumnos para esos exámenes, lo que acarrea una perversión del sistema", analiza Feito.
Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidade da Coruña, critica, además, la "obsesión" del proyecto por avanzar hacia un sistema educativo "al servicio de las necesidades de la economía productiva". En este sentido, censura el hecho de que "las escasas revisiones e innovaciones que se plantea la Administración educativa sobre los contenidos y competencias obligatorias de los currículos se centren en este tipo de dimensiones economicistas". "Pasamos de formar ciudadanos a formar empresarios de sí mismos que en vez de crear relaciones cívicas establecerán vínculos mercantiles", añade..
Torres recuerda que países con un notable Estado del bienestar y con exitosos resultados en los informes de la OCDE –de nuevo Finlandia, Suecia, Noruega o Dinamarca– han decidido no participar en la evaluación de destrezas en temas financieros que incluye la edición de 2012 del informe PISA.
"Esta no es una reforma más. Rompe con la idea de igualdad para defender la del talento individual", resume Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga e impulsora del Foro de Sevilla, un grupo de docentes opositores a la LOMCE de todo el país. Para Rodríguez, el proyecto del ministro José Ignacio Wert pone en juego la cohesión social porque promueve "el retroceso del sistema público".
El varapalo del Consejo de Estado
En un informe hecho público a finales del pasado abril, el Consejo de Estado enmendó buena parte las propuestas de la 'ley Wert'. Así, reclamó el mantenimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía y censuró que las autonomías con lengua cooficial tengan que pagar un centro privado en el caso de que un alumno demande clases en castellano como prevé el borrador.
No obstante, este informe no vinculante no es muy claro con la protección a los conciertos de los colegios que separan por sexo –promovidos fundamentalmente por organizaciones ultraconservadoras–que consagra el proyecto y pasa de puntillas por la posible colisión con la Constitución que supone legislar en contra de un principio fundamental. En este sentido, se limita a pedir “medidas académicas a favor de la igualdad”. Este aspecto ha sido también muy criticado por los docentes agrupados en el Foro de Sevilla, que consideran que "la escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género".
El ejemplo de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid es el laboratorio en el que el PP ha ensayado buena parte de las medidas que recoge la llamada 'ley Wert'. A saber: pruebas externas similares a las tres reválidas que incluye el proyecto y que amenazarían con dejar atrás a alumnos con dificultades; conciertos que segregan por sexo como los que plantea prorrogar el borrador o apuesta sin matices por la escuela subvencionada en la línea que recoge la futura ley, que contempla garantizar la enseñanza concertada allá donde tenga demanda. Padres, docentes y alumnos llevan años rebelándose contra el espíritu privatizador que, según ellos, persiguen los conservadores para la educación en la región. El Foro de Sevilla viene denunciando que la madrileña es la comunidad "donde más ha retrocedido la escuela pública y dónde han caído de forma notoria los indicadores de calidad del sistema público".
Según un informe de CCOO, Madrid, que presentaba hasta 2011 una reducción del abandono temprano, ha experimentado a partir de esa fecha un repunte porcentual de un 2,4%. Para Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, este dato "pone de manifiesto las consecuencias de las políticas en educación de las que fue pionera Madrid y que finalmente se están aplicando en toda España, un hecho que terminará haciendo mella en la escolarización en la ESO, el Bachillerato o la FP de los jóvenes sin formación postobligatoria".
Una reforma que mima a la concertada
Un informe alerta de un crecimiento “sin precedentes” de la desigualdad en España
A pesar de experiencias como la de Madrid y de que el panorma es oscuro –la previsión del Gobierno es reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015– los expertos consultados no creen que la educación en España vaya a sufrir un proceso de privatización tan claro como el que experimenta la sanidad, aunque sí creen que existe un riesgo "muy alto" de degradación de la pública. "Detrás de estas políticas hay un intento de crear nuevas formas sociales de separación, de segregar a la gente y de crear escuelas de varias categorías", señala Rodríguez.
De hecho, el borrador de la LOMCE sí recoge alguna de las reclamaciones tradicionales de la escuela concertada. Entre ellas, prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la pública o abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. No es ningún secreto que la privada subvencionada, a la que asiste el 25% de los alumnos, recurre a barreras económicas (complementos de formación, seguros médicos, actividades extraescolares, gabinete psicopedagógico...) para, de alguna forma, cribar a los alumnos a través de la capacidad adquisitiva de sus familias. De hecho, según un informe de la OCU, el 91% de los colegios concertados obliga al pago de cuotas a pesar de que la educación en estos centros debe ser totalmente gratuita porque reciben fondos públicos.
"En España, la clase media es defensora de lo público. Pero si ve que hay un exceso de población deprimida en las aulas, comenzará a escapar. De hecho, ahora estamos viendo cómo regresan a la pública los que se marcharon en tiempo de bonanza y ahora tienen problemas económicos", concluye Jurjo Torres.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no sólo no servirá para conseguir esa mejora y elevar los niveles educativos sino que además acarreará más desigualdad. Es lo que opinan reputados expertos críticos con el proyecto cuyo borrador podría quedar aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes.