Dos mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja y expareja este fin de semana. Ambas se añaden al listado de víctimas mortales de la violencia machista, que ya comprende 1.043 mujeres desde el año 2003 y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no quiere reducir a cifras". Así lo explicó Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, este lunes en comparecencia antes los medios de comunicación. "Para este Gobierno feminista la igualdad es una prioridad y hay políticas que son de supervivencia", remachó la delegada. En ese sentido, expresó su voluntad de trabajar sobre medidas concretas que se dibujan como prioridad absoluta en la batalla contra la violencia. Entre ellas, desarrollar los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado en septiembre de 2017, relativos al acompañamiento judicial, la independencia –económica, emocional– de las mujeres y la acreditación de la condición de víctima sin necesidad de denuncia previa.
"Entre las primeras medidas ya previstas" de cara a "terminar con la violencia de género" se llevarán a cabo algunas de las "medidas esenciales" contenidas en el acuerdo estatal. Rosell mencionó el punto relacionado con el acompañamiento judicial de las mujeres y "también medidas concretas que permitan salir de ese círculo de dependencia que describen las expertas". Aunque la delegada quiso igualmente "insistir en lo que funciona", como los dispositivos de seguimiento, la formación en igualdad, en perspectiva de género y la coordinación interministerial. admitió su voluntad de dibujarse como interlocutora de la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para recabar datos, avanzar en el diagnóstico y mejorar las soluciones.
También recuperó un avance que ya adelantó el anterior Gobierno socialista, vinculado a la acreditación de la condición de víctima mediante un título habilitante que no requiera denuncia previa. Rosell explicó que convocará una Conferencia Sectorial de Igualdad con las comunidades autónomas en el primer trimestre del año para dar los últimos pasos en ese sentido. "Las políticas contra la violencia de género van a volver a ser cuestión de Estado", prometió.
Acompañamiento judicial
Victoria Rosell pone la vista sobre la medida 114 del Pacto de Estado, cuyo propósito es el diseño de un plan de acompañamiento personalizado y asesoramiento de la víctima, de manera que se tenga en cuenta la "asistencia de las víctimas y sus hijos e hijas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento", que además irá "acompañado de medidas de formación obligatoria a todos los agentes". El punto conlleva una revisión del protocolo en el ámbito de los juzgados competentes en violencia de género, para "hacer accesible la información a las mujeres víctimas" en lo que se refiere al "itinerario y procedimiento, asegurando el conocimiento efectivo del recorrido judicial, desde el momento en el que se interpone la denuncia hasta el final del proceso".
En ese sentido, la delegada recordó que un "13% de las mujeres no denuncia por miedo a no ser creídas", pero además "el 28% manifiesta mucha inseguridad a la hora de afrontar un proceso judicial", de acuerdo a los últimos estudios confeccionados por su departamento. Por este motivo, continuó, "hay que dar seguridad a las mujeres para que denuncien" por el camino de "más derechos", no por la vía de "encerrar a las personas y tirar la llave", expresó en un alegato contra los enfoques exclusivamente punitivistas protagonizados por la extrema derecha.
La fiscal valenciana Susana Gisbert pone en valor el blindaje del acompañamiento para las víctimas. "Es una medida prevista en el Estatuto de las Víctimas" y se pone en marcha "cuando ellas quieren o se les ofrece" a través de "personas de su elección", explica en conversación con infoLibre. "Si lo que se pretende es fomentar esta medida, podría darse la posibilidad de ofrecer personal de servicios sociales", reflexiona la fiscal.
Las ventajas, dice taxativa, son todas. "En primer lugar porque una denuncia por violencia de género no es como una denuncia por robo", sino que cuenta con importantes particularidades. Una mujer que denuncia haber sufrido violencia "vuelve a su casa y su vida ha dado un vuelco", de manera que tendrá que tomar decisiones "que afectan al rumbo de su vida". Todas esas decisiones llevan un mensaje implícito, relacionado con el "fracaso de un proyecto vital". Contar con una figura que "ayude a reflexionar" sería positivo para las mujeres que inician el recorrido judicial. Para Gisbert, "el trago de pasar por un juzgado es duro" y de hecho se configura, para muchas mujeres, como "esa barrera entre denunciar o no hacerlo".
Sobre las especificidades de la violencia machista habla también Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. La violencia sobre las mujeres tiene una serie de características que redundan en "culpabilizar a la víctima, que se siente responsable y percibe que no siempre es creída del todo". Todo ese proceso "se traduce en una serie de inseguridades, desconfianza y en una duda: si incluso confiando y creyendo se resolverá la situación". Una duda, reconoce el exdelegado, "razonable, porque no siempre la respuesta se ajusta a la realidad de la violencia de género".
En el camino, marcado por la "duda y la desconfianza", se conjugan toda una serie de fenómenos, como "la prolongación en el tiempo, los elementos de vulnerabilidad para que la mujer retire la denuncia o la influencia de terceras personas", que finalmente "se vuelven en contra de la propia víctima". Que exista un acompañamiento "más interactivo y más dinámico", debe conllevar que "la mujer se vea protagonista del proceso y no una víctima en el proceso".
Para Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, es importante que todas las aspiraciones expuestas por los expertos queden plasmadas en un plan formal. "El derecho a asistencia jurídica es un elemento que se ha venido trabajando", pero lo cierto es que "uno de los problemas de las mujeres está en la denuncia", repara Soleto. Muchas veces, agrega, "no hay información suficiente" y elementos como el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la dispensa de declarar, "son un factor de riesgo en la retirada de la declaración", uno de los resortes que dificultan la resolución de los casos.
Para trabajar sobre el acompañamiento judicial, recalca la presidenta de la fundación, es primordial la puesta a disposición de recursos efectivos. "Las organizaciones feministas siempre hemos insistido en que el acompañamiento sea especializado y específico", subraya Soleto, quien recuerda que de hecho se han venido firmando acuerdos con colegios de abogados o consejos profesionales, pero "todavía existe un margen de mejora".
Título habilitante
Otra de las medidas que Victoria Rosell ha dibujado como prioridad es la de dar luz verde a un título habilitante de la condición de víctima que no dependa estrictamente de una denuncia. En abril de 2019, estando en funciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ya reunió a las comunidades autónomas para aprobar en la Conferencia Sectorial de Igualdad el instrumento planteado. Se trataba de un paso más en el proceso ya iniciado con el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2018.
Rosell activa ahora los últimos mecanismos para terminar de coordinar y consensuar la herramienta, de manera que las víctimas sean reconocidas como tal a través de "los servicios sociales, los servicios especializados y otros que se pacten".
La acreditación de la condición de víctima, recuerda Soleto, "es necesaria para el acceso a las medidas de protección", de manera que el hecho de desarrollar "medidas previas a la denuncia es interesante". "Hemos de recordar que cuando hablamos de mujeres asesinadas, en torno al 80% nunca había denunciado", subraya la presidenta de la fundación, quien sin embargo añade un matiz al dato: no haber presentado denuncia no implica necesariamente que el entorno desconociera la situación de maltrato.
Para Lorente, es fundamental recordar que la situación de víctima es la que abre la puerta a los recursos para salir adelante. "Si el problema que sufren es la violencia, no podemos esperar a que esa condición la defina el delito de violencia", razona el experto. "El machismo es el que genera una violencia que se normaliza, se invisibiliza y que consigue que el 80% no denuncie", por lo que la judicialización del caso no se puede presentar como requisito inesquivable, porque "esa construcción ya está viciada y la propia estructuralidad de la violencia impide que se denuncie". La acreditación de víctima mediante otros títulos habilitantes, por tanto, se plantea como una "fórmula para romper con los muros que impiden a las mujeres salir de esa violencia" y como una "vía esencial para avanzar en la solución de la realidad de la violencia machista, no sólo de la denunciada".
Gisbert recalca que la pretensión dibujada por la Delegación del Gobierno no depende sólo del Ejecutivo central, sino que las comunidades tienen un papel protagonista. En ese sentido, expresa, "las hay que tienen criterios más amplios", pero lo cierto es que "dar un marco legislativo para que en ningún sitio se exija una denuncia es positivo". Todo ello, puntualiza, se hará para "acceder a ayudas y beneficios sociales", ya que en el ámbito penal ya existe la posibilidad de "perseguir el delito siempre que haya indicios, incluso sin denuncia".
Diez crímenes en lo que va de año
Durante su comparecencia, la delegada quiso recordar a las diez mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas hombres en lo que va de año. La cifra tiene dimensiones alarmantes. Tan sólo se alcanzaron cifras parecidas, a 10 de febrero, otras tres veces en la historia desde que existen datos oficiales: en el año 2003 (once asesinatos), en 2006 (doce) y en 2019 (once). El año no trae buenos presagios en lo que respecta a la batalla contra la violencia machista, e instala una alerta: reeditar el repunte experimentado ya el pasado año.
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Entonces, las organizaciones feministas ya advirtieron de una escalada de las agresiones como consecuencia del discurso de la extrema derecha. Victoria Rosell recuperó el lunes el mismo planteamiento. "Estamos oyendo demasiadas voces que dicen que la Ley 2004 no funciona", algo que la delegada equiparó a culpar al Código Penal de la existencia de asesinatos o al Código de Tráfico de los accidentes en carretera. La norma, quiso recalcar, "tiene varios títulos que hacen referencia a la prevención y uno solo, el cuarto, que alude a la protección penal". El problema de la violencia machista "terminará con menos trabas, más recursos y más implicación de toda la sociedad".
En ese extremo, el de la responsabilidad social, quiso detenerse. Sólo insistiendo en ello se combatirá el machismo de raíz, frente a la "irresponsabilidad de grupos de opinión y formaciones políticas que insisten en datos falsos", zanjó la delegada.
Dos mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja y expareja este fin de semana. Ambas se añaden al listado de víctimas mortales de la violencia machista, que ya comprende 1.043 mujeres desde el año 2003 y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no quiere reducir a cifras". Así lo explicó Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, este lunes en comparecencia antes los medios de comunicación. "Para este Gobierno feminista la igualdad es una prioridad y hay políticas que son de supervivencia", remachó la delegada. En ese sentido, expresó su voluntad de trabajar sobre medidas concretas que se dibujan como prioridad absoluta en la batalla contra la violencia. Entre ellas, desarrollar los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado en septiembre de 2017, relativos al acompañamiento judicial, la independencia –económica, emocional– de las mujeres y la acreditación de la condición de víctima sin necesidad de denuncia previa.