Combatir los abusos sexuales a menores se enfrenta a un problema enquistado en los pasillos de los juzgados. Así lo ha señalado la Fiscalía General del Estado en su Memoria anual, publicada este lunes [consultar en este enlace]. En el documento, el organismo analiza las complejidades de los abusos a menores, las trabas en cuanto a la investigación y las posibles mejoras en la respuesta. En ese contexto, ha levantado especial polémica la propuesta de instalar cámaras de videovigilancia en las aulas. Sindicatos, padres y expertos en violencia contra los menores rechazan la medida y sugieren cambiar de perspectiva. Trabajar por la prevención y la igualdad es, aseguran, la única receta válida.
"Un relevante número de estos delitos –dice el Ministerio Público– se lleva a cabo por personas cercanas a la víctima, a lo que se une que no se trata de actos aislados sino repetidos durante apreciables períodos de tiempo". Son, desgrana, entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que de forma más frecuente se presentan como denominador común. Esta realidad supone un lastre en relación a la actividad probatoria y en ocasiones conlleva "resultados procesales adversos ante la imposibilidad de poner de manifiesto indicios derivados de un ilícito que se mueve en un entorno de extrema intimidad, donde además se añade una connotación de vergüenza". Esa situación, reza el texto, puede llevar a que los menores expresen un "claro rechazo hacia la intervención de la administración de justicia".
Es ahí donde surge el conflicto, ya que ese rechazo "propicia incluso la desaparición de pruebas". En ese escenario, "la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos", añade la Fiscalía, "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas…), que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho".
Las reacciones no se han hecho esperar y no se traducen precisamente en elogios hacia los fiscales. La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, rechazó el planteamiento y lo comparó con un "Gran Hermano permanente". En declaraciones a Onda Cero, la ministra tachó la medida de "terrible", aunque matizó que todas las ideas pueden ser objeto de debate. El mismo martes, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, aseguró que no se trata de un "enfoque educativamente adecuado" y no se presenta como la solución idónea, sostuvo, para acabar con los abusos.
Desde el plano sindical las objeciones también han sido prontas. CCOO considera la medida "ineficaz y contraria a las libertades", pero además recalca que no resuelve el problema de fondo, "la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recortes de los últimos años". Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, coincide en el diagnóstico. A preguntas de infoLibre, la sindicalista reconoce que se trata de "un tema delicado", cuya solución no exige medidas de videovigilancia. Una propuesta que, además, ignora la Ley de Protección de Datos y esquiva la vulneración de derechos fundamentales como la privacidad o la intimidad. Especialmente "en el caso de los menores, un bien jurídico más protegido por ser un colectivo vulnerable", apostilla.
Aunque Loranca entiende que, de forma excepcional, la instalación de cámaras podría ser una salida en casos de abuso acreditados, de ninguna manera debe convertirse en una "medida generalizada" que además "parece poner en cuestión la generalidad del comportamiento de los compañeros".
Actuar primero
Es en la fase previa a una posible agresión donde deberían apuntar las autoridades. Así lo consideran los expertos consultados. La propia Loranca apuesta por introducir "medios que sean menos intrusivos en la intimidad" y que pasen por la "prevención, la formación afectivo-sexual y la educación en valores".
No solo desde los sindicatos miran con recelo la propuesta, sino que también las familias evitan acogerla como alternativa plausible. Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), igualmente cree que la tejida por la Fiscalía "no es la solución para erradicar los problemas de las aulas". La fórmula para acabar con el abuso sexual, entiende, tiene que ver con "empezar a trabajar en protocolos de convivencia, formar al profesorado para que no se vea desbordado" y sobre todo "actuar primero".
Alexandra Membrive preside la Asociación El Mundo de los ASI contra el abuso sexual infantil. Al otro lado del teléfono, recibe con sorpresa la propuesta de la Fiscalía, que no tarda en calificar de "indecente". Membrive denuncia la "escasez de personal que sepa tratar estos casos" en los contextos educativos, de manera que aboga por la formación para que el profesorado esté preparado. "Su función es educar, hacer prevención y detección, no son policías", reflexiona. El aprendizaje para los docentes debe ser "obligatorio y estar en el currículo" para abordar correctamente los casos de "abuso, maltrato y bullying". A día de hoy, sostiene, toda buena práctica tiende a depender del compromiso particular de los educadores.
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Y en esa labor, resulta fundamental trabajar por "una educación sexual y afectiva sana", además de impulsar el "diálogo dentro de las aulas cuando se detecten casos de bullyingbullying". Para Membrive, es urgente enseñarle a los niños "lo que es la violencia" precisamente como requisito para hacerle frente.
Carmela del Moral concreta algunas de las medidas por las que claman los expertos. Ella es analista jurídico de derechos de la infancia en Save the Children y, en conversación con este diario, recalca que medidas como la videovigilancia "nunca pueden sustituir a las medidas de prevención". Su asociación, afirma, lleva tiempo pidiendo una acción clara dirigida a todos los espacios donde conviven menores. Esa estrategia pasa por definir "un código de conducta que firmen todas las personas en contacto con niños y que establezca qué actitudes tener y no tener". También contemplaría "un análisis de riesgo" con el propósito de entretejer "espacios seguros con normas de comportamiento".
Además, añade, se hacen necesarios "lugares donde los niños puedan contar las situaciones que suceden" y desarrollar "mecanismos de reporte adaptados a la infancia o a los trabajadores que puedan percibir" episodios de violencia. De nuevo, la educación afectivo-sexual resulta la gran asignatura pendiente, también para Del Moral. "Los niños y niñas tienen que entender desde bien pequeños lo que es el consentimiento, la autonomía de su propio cuerpo o diferenciar entre los afectos", subraya. Para su correcta ejecución, todo ello debe quedar blindado por una ley orgánica de protección a la infancia, guardada en un cajón desde principios del presente año.
Combatir los abusos sexuales a menores se enfrenta a un problema enquistado en los pasillos de los juzgados. Así lo ha señalado la Fiscalía General del Estado en su Memoria anual, publicada este lunes [consultar en este enlace]. En el documento, el organismo analiza las complejidades de los abusos a menores, las trabas en cuanto a la investigación y las posibles mejoras en la respuesta. En ese contexto, ha levantado especial polémica la propuesta de instalar cámaras de videovigilancia en las aulas. Sindicatos, padres y expertos en violencia contra los menores rechazan la medida y sugieren cambiar de perspectiva. Trabajar por la prevención y la igualdad es, aseguran, la única receta válida.