"He pasado de dar a luz en un hospital privado a un hospital público". Así comenzaba Laura, una usuaria de TikTok, el vídeo que la semana pasada empezó a correr como la pólvora por todas las redes sociales. Su testimonio se convirtió en viral por lo que lo hacen casi todos: la indignación que generó. Según contaba en las imágenes, todo su embarazo había sido controlado a través de su seguro médico privado. Paga "religiosamente" 51 euros al mes desde hace cuatro años, "una bestialidad", denunciaba. Sin embargo, poco antes de dar a luz, descubrió que el parto no estaba incluido en ese precio. "Nos dicen que un parto vaginal son 6.000 o 7.000 euros y un parto por cesárea son 9.000 o 10.000 euros más los extras y todo pagado de golpe, o sea, de un solo pago", continuaba. Entró "en pánico" y, finalmente, decidió acudir a la sanidad pública.
El caso de Laura no es una excepción ni un caso aislado. "Hay muchas trampas en el sector asegurador", afirma el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Aun así, el negocio está en auge. En 2022 subió un 18%, situando el volumen de las primas por encima de los 10.500 millones, según los datos de la patronal Unespa. Fueron nueve las compañías que acapararon el 80% de esos beneficios y tres las que obtuvieron una facturación conjunta de más de 6.000 millones, el 57,6%: Segurcaixa Adeslas, Sanitas y Asisa.
Esas buenas cifras, además, coinciden con el boom de los seguros médicos low cost. "Extenso cuadro médico desde 8 euros al mes", llegan a promocionar algunas compañías. Se dirigen, sobre todo, a los más jóvenes y a las personas con menos recursos económicos. Constituyen, según los estudios de mercado, el mayor nicho de mercado donde conseguir ampliar el negocio.
La consultora Bain & Company, en una encuesta realizada durante la pandemia a más de mil personas de entre 18 y 65 años, constató que sólo el 7% de los menores de 25 tienen un seguro médico privado, pero que el 18% de los que tienen intención de contratar uno son de esa franja de edad. Por su parte, sólo el 11% de los que ganan menos de 1.000 euros al mes está asegurado, pero hasta el 23% de los que piensan en contratar están en esa banda de ingresos.
Sin embargo, los expertos alertan de los peligros de no leer la letra pequeña de estas pólizas. Lo explica Juan Simó, especializado en análisis económico del sistema sanitario y autor del blog Salud, dinero y atención primaria. "Actualmente, el gasto sanitario público por español rozará los 2.000 euros. Si a esto le sumas el gasto sanitario privado promedio por habitante, de unos 1.000 euros, tenemos un total aproximado que casi llegará a los 3.000 euros sanitario total por español", dice. Por ese precio, indica, nadie "puede tener un servicio sanitario mínimamente decente".
¿Por qué? Por esas "trampas" de las que alerta Facua y que ejemplificó Laura. Son los llamados copagos, que se producen también, explica Sánchez, cuando el paciente se ve obligado a pagar por someterse una prueba concreta. "Lo que los seguros deben cubrir son, precisamente, las complicaciones. No deberían de existir las pólizas en las que el cliente sólo paga por los tratamientos menores", critica el presidente de Unipromel, Ignacio Guerrero. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada en 2020, el principal problema de los asegurados con sus compañías fue que "un determinado tratamiento no estaba cubierto". Lo respondió el 18% de los 7.500 encuestados.
Pero los copagos no son lo único. Dentro de esa letra pequeña de las pólizas también se encuentran los periodos de carencia, el tiempo mínimo que marcan las aseguradoras para poder someterse a un tratamiento. Por ejemplo, en Asisa, según explican en su página web, el paciente debe esperar seis meses desde el momento de contratación de su póliza hasta poder someterse a ciertas pruebas diagnósticas o a una cirugía ambulatoria. En Adeslas, este plazo es de tres meses para pruebas de alto diagnóstico, de seis meses para pruebas intervencionistas, y en general de ocho meses para hospitalización e intervenciones quirúrgicas.
Por último, existen las llamadas preexistencias, algo que Guerrero califica de "secuestro de pacientes mayores o patologías". Lo denunció precisamente un informe publicado el pasado mes de marzo por académicos de la Cátedra Extraordinaria Salud sostenible y responsable de la Universidad Complutense de Madrid y promovido junto a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). El documento se elaboró a partir de 29 entrevistas a profesionales pertenecientes a 24 organizaciones, instituciones y empresas y comprobó que el ciudadano puede encontrarse con dificultades, incluso con la negativa, para acceder al sistema privado de salud en el caso de contar con una enfermedad preexistente o haberla sufrido en el pasado.
Según especificaron los académicos, existen patologías como la diabetes, el cáncer, cardiopatías o enfermedades cerebrovasculares que las aseguradoras consideran que tienen un riesgo "muy alto" por los costes que previsiblemente tendrían que asumir. Por ello, por norma general, explica el comparador Rastreator, "ninguna aseguradora cubre enfermedades que tuvieras antes de contratar tu seguro ni las dolencias derivadas de estas".
Algo parecido pasa con la edad. Según un análisis de Acierto.com citado por 65ymás, un asegurado de 22 años podría tener un seguro de salud completo con hospitalización desde 20 euros, mientras que si el asegurado tiene 59 años, iría de los 40 a los 60 euros, como mínimo.
La pública como 'salvavidas' de la privada, y no al revés
En ese caso, claro, al paciente no le queda otra opción que acudir a la sanidad pública. "Tenemos un sistema sanitario público que recoge los malos riesgos del sistema privado, por supuesto", critica Simó. "Los precios de los seguros médicos en España serían mucho más altos si no existiera esa red pública que se hace cargo. Esto es de cajón", continúa. Por eso, explica, el papel "complementario" que se ha otorgado a la privada en realidad no es así. Según dice Simó, las pólizas se destinan, fundamentalmente, a consultas ambulatorias o especialistas, además de a ingresos hospitalarios por cuestiones menores.
La pandemia precipita una carrera de seguros médicos 'low cost' con pólizas de hasta 8 euros para jóvenes
Lo dicen hasta los datos. El Barómetro Sanitario de 2019 reveló que los ciudadanos prefieren acudir a la sanidad privada excepto para "Un tratamiento para una enfermedad grave o compleja (por ejemplo, un cáncer, una operación de corazón, etc.)". En concreto, el 58,2% de los encuestados prefieren la pública en estos casos, frente a un 30,2% que escogería la privada. Para cuestiones como "Un síntoma que le preocupa pero no es urgente ni grave (por ejemplo, un dolor en la rodilla)", el 56,3% echaría mano de la sanidad privada, mientras que un 35,3% acudiría a la pública.
La razón, dice Guerrero, es la rapidez que pueden ofrecer las compañías aseguradoras, algo que sí las revelaría verdaderamente como complemento de la sanidad pública. El último Barómetro Sanitario, publicado el pasado mes de febrero, cifró en un 74,4% el número de encuestados que aseguró que la principal razón por la que contrataron una póliza para ellos mismos fue por "la rapidez con la que atienden". Sólo un 2,6% lo hizo "como complemento a la sanidad pública".
El resultado es que, al final, las listas de espera del Sistema Nacional de Salud no disminuyen. Y eso que es uno de sus objetivos, como indica la patronal Unespa en su página web. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2022, reflejaron un empeoramiento en casi todos los indicadores con respecto a junio de 2022. Así, en esa fecha había 793.521 pacientes en espera quirúrgica estructural para todas las especialidades, 86.781 más. Para consultas externas, había 79,3 pacientes por cada 1.000 habitantes esperando a ser atendidos; seis meses antes eran 85,43.
"He pasado de dar a luz en un hospital privado a un hospital público". Así comenzaba Laura, una usuaria de TikTok, el vídeo que la semana pasada empezó a correr como la pólvora por todas las redes sociales. Su testimonio se convirtió en viral por lo que lo hacen casi todos: la indignación que generó. Según contaba en las imágenes, todo su embarazo había sido controlado a través de su seguro médico privado. Paga "religiosamente" 51 euros al mes desde hace cuatro años, "una bestialidad", denunciaba. Sin embargo, poco antes de dar a luz, descubrió que el parto no estaba incluido en ese precio. "Nos dicen que un parto vaginal son 6.000 o 7.000 euros y un parto por cesárea son 9.000 o 10.000 euros más los extras y todo pagado de golpe, o sea, de un solo pago", continuaba. Entró "en pánico" y, finalmente, decidió acudir a la sanidad pública.