Expulsiones y discriminación por origen: las políticas de migración que el PP pacta con Vox pero critica a Junts

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lleva desde la semana pasada, cuando Junts y el PSOE alcanzaron un acuerdo para transferir a las comunidades autónomas las políticas integrales sobre migración, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de alentar el discurso “xenófobo” del partido impulsado por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Se trata, sostiene el líder de la oposición, de un paso más en el “desguace” de la soberanía nacional, porque conduce a la expulsión de Cataluña de la Policía Nacional, además de abrir la puerta a una “política migratoria xenófoba”. “No tiene nada de progresista entregar la gestión de las fronteras a quien el señor Sánchez consideraba el Le Pen de la política española”, repitió Feijóo este fin de semana en referencia a unas declaraciones de mayo de 2018 con las que el presidente español, entonces líder de la oposición parlamentaria, se refirió en esos términos no a Junts sino al entonces presidente catalán, Quim Torra.

No tiene “nada de europeísta” fracturar la política migratoria en 17 partes si se cede a las comunidades autónomas que la reclamen porque es “política europea única” y “no tiene nada de constitucionalista subastar la igualdad y las competencias exclusivas del Estado”, insistió el presidente del PP.

La paradoja es que el único partido que gobierna con una formación abiertamente xenófoba en España es el suyo. En su afán por criticar los planes del Gobierno dando por hecho que Sánchez está dispuesto a permitir que Cataluña o cualquier otro territorio que lo solicite pueda expulsar migrantes, decidir sobre las políticas de asilo o vigilar las fronteras, Feijóo olvida que su propio partido firmó con Vox compromisos territoriales en favor de la expulsión de migrantes y la discriminación por país de origen a cambio de su apoyo para hacerse con la presidencia de varias comunidades autónomas.

De hecho, Vox no se cree ni que Sánchez vaya a transferir la competencia ni que Junts la quiera. Según el secretario general de la formación de extrema derecha, Ignacio Garriga, “el separatismo no es creíble hablando de esta materia porque han convertido Cataluña en la cuna de los yihadistas europeos”. “La única política migratoria del separatismo es atraer inmigrantes ilegales y expulsar a los nacionales”, acusó. “Es una auténtica farsa y una mentira que ahora los separatistas se preocupen por querer controlar la migración ilegal en Cataluña, es una maniobra electoralista”, abundó haciendo valer su tesis de que solo Vox está por ese objetivo.

Acuerdos en materia de migración

La realidad es que PP y Vox llevan años firmando acuerdos en comunidades autónomas comprometiéndose a implementar políticas migratorias que incluyen desde favorecer su expulsión hasta dar prioridad a los católicos sobre los musulmanes. Juanma Moreno consiguió su primera investidura en 2018 gracias a un pacto con Vox. La extrema derecha exigió entonces que la Junta colaborase con la policía en la identificación de personas en situación irregular. “La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la policía”, recogía el documento puesto sobre la mesa del PP por la formación de Santiago Abascal.

Aquella cifra coincidía al milímetro con la que unas semanas antes había dejado escrita la Unión Federal de Policía (UFP) en un comunicado en el que se pedía al nuevo Ejecutivo andaluz, que por los resultados electorales se intuía que sería de derechas, que facilitase “las copias de pasaportes de todos aquellos extranjeros irregulares que sustentan tanto la tarjeta sanitaria como el documento de reconocimiento temporal sanitario”.

Es decir, el partido ultra hizo suya una propuesta de un sindicato policial que, en la práctica, exigía al Servicio Andaluz de Salud facilitar las identidades de aquellas personas en situación de irregularidad administrativa de las que tuviera constancia por haber recibido atención sanitaria. Al final, hubo acuerdo de investidura. Y aunque el documento final no hablaba directamente de requerir al sistema sanitario información de todas estas personas, ambas formaciones se comprometían a “apoyar material, humana y documentalmente” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar “una inmigración ordenada”.

Y no solo eso. El PP aceptó, de hecho, discriminar la llegada de migrantes a Andalucía favoreciendo a los católicos y castigando a los musulmanes. Lo dice el punto 28 del acuerdo con Vox: será un objetivo de la Junta “garantizar una inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental”, que es la forma en la que la derecha se refiere a la religión.

En 2019, el acuerdo de Gobierno que hizo presidenta por vez primera a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, suscrito por PP y Ciudadanos, incluyó también un punto relativo a la colaboración en materia de inmigración. "Colaboraremos, teniendo en cuenta nuestro marco competencial, con la Administración General del Estado para favorecer una inmigración ordenada y legal y se garantizará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la Administración regional relativa a los extranjeros en situación irregular", rezaba el punto 51 de aquel pacto, que abrió el camino a la investidura con el voto favorable de Vox.

“Repatriación” de migrantes

Lo mismo aceptó el PP en Illes Balears el pasado verano. El acuerdo con Vox para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern incluyó el compromiso de aprobar un plan de choque que ponga en marcha una “colaboración documental” de las instituciones autonómicas con las Fuerzas de Seguridad para identificar a migrantes en situación irregular y poder proceder a su “repatriación”.

En Aragón, el PP también aceptó, a petición de Vox, “la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento” para acceder a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón”,

Junts defiende que el pacto con el PSOE es para la "gestión integral" de la migración

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Los de Feijóo aceptaron en todos los gobiernos que comparten con Vox que las comunidades autónomas y los ayuntamientos desarrollen políticas activas contra los migrantes. A todos los niveles. Extremadura y Murcia son la excepción.

En el caso de la Generalitat Valenciana, la decisión del PP supone asumir también un compromiso para denunciar ante “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas”, entre las que la ultraderecha incluye a las ONG de rescate y auxilio de migrantes, a las que el nuevo Govern tratará de asfixiar económicamente: “Eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”.

Hay en estos pactos una evolución a partir de lo enunciado en el de Andalucía en 2018 y en el de Castilla y León en 2022, donde el acuerdo prometía promover “una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales”.