‘La extensión de la desigualdad’

infoLibreinfoLibre publica un adelanto de 'La extensión de la desigualdad' (Catarata, 2015), último libro de Carles Manera. El epílogo de este ensayo, bajo el título 'En busca del sentido común', recoge las conclusiones a las que llega el reputado catedrático de Historia e Instituciones Económicas.

Las páginas anteriores han tratado de ofrecer una explicación razonada sobre la Gran Recesión. El trabajo ha tomado como espacios geográficos esenciales, en los diferentes capítulos, a China, Estados Unidos, la Unión Europea y España. Esta opción no ha eludido otras realidades: África y las más importantes economías asiáticas, si bien no han sido tratadas con la misma profundidad que los grupos y países citados anteriormente. El motivo de esta elección radica en un relato muy concreto y estilizado, cuya exposición telegráfica es la siguiente: en la nueva globalización, un líder se perfila como alternativa plausible, China; la principal potencia, Estados Unidos, se encuentra en una etapa de pérdida de influencias de todo tipo, en la que, por tanto, se cuestiona su liderazgo mundial, agravado además por la irrupción de la Gran Recesión. Esta se expande hacia Europa, espoleada a su vez por causas endógenas de cada país; y, en ese marco, el ejemplo de España ilustra el fracaso estrepitoso —junto a los casos griego, irlandés y portugués— de la política económica que han desplegado las instituciones económicas y los gobiernos para hacer frente a la crisis.

La globalización está prefigurando nuevos líderes económicos, con China como protagonista fundamental. En China, los treinta años que van de 1979 a 2010, de grandes reformas y cambios económicos, suponen el proceso de industrialización y de crecimiento urbano más importante en la Historia de la humanidad. En 1979, el PIB chino representaba tan solo el 9% del norteamericano; pero los datos que el FMI proyecta hacia 2020 indican que ese porcentaje llegará al 25% junto a un PIB que superará al de Estados Unidos. En otras palabras: China consolidará un liderazgo económico completo. Estas previsiones, como las del BM —que augura un menor crecimiento chino entre 2026 y 2030 por el acercamiento del país a la “frontera tecnológica”— o las del BBVA —que proyecta, entre 2011 y 2021, un protagonismo de crecimiento dirigido por China, la India y Estados Unidos—, deben verse con precaución, de forma que solo se pueden tener en cuenta las que se han corroborado con datos reales actuales y con el análisis de trayectorias estudiadas. Lo que sí se ha demostrado, como también se ha recogido en este trabajo, es que China es ahora líder en el movimiento comercial del mundo. El poderío asiático se ha mantenido con el estallido de la Gran Recesión. La expansión de China se ha consolidado, entre 2008 y 2013, en el comercio de mercancías, en la gestión de fondos de inversión y en la captación de las deudas públicas de los países más avanzados. Al tiempo, el coloso asiático se reafirma en los mercados internacionales —principalmente africanos y latinoamericanos— para obtener la energía y las materias primas perentorias para su descomunal proceso de crecimiento. Este, sin embargo, no está exento de amenazas y debilidades, que radican en los mismos dos elementos que han llevado a las economías desarrolladas a la crisis económica: exceso de formación bruta de capital y, como derivadas esenciales, sobreacumulación y caída en la tasa de beneficio; y posibles burbujas inmobiliarias y financieras, auspiciadas por un crecimiento urbano y espacial desconocido en esas dimensiones. A ello debe añadirse un aspecto netamente endógeno: el raquitismo de la demanda interior y la desarticulación de sus diferentes mercados internos, un proceso que requerirá inversiones mejor canalizadas y unas políticas que supongan, de entrada, un incremento de los salarios.

Ahora bien, la emergencia de nuevos países, la consolidación de liderazgos distintos, junto al mantenimiento del resto de la economía del mundo, se basan en un vector clave: el elevado consumo de energía. Este va ser, sin duda, uno de los aspectos que inferirá desafíos a los científicos sociales y experimentales. Mantener unas pautas de consumo como las presentes en los países más avanzados no será posible por su extensión a las naciones que empujan en su crecimiento: el encarecimiento energético será una variable que no podrá ser contemplada como un elemento casi estático, que solo espasmódicamente nos sorprende cuando determinados intereses azuzan el problema. La dependencia de los combustibles fósiles, que reafirma el poder económico y político de países productores —independientemente de sus regímenes—, constituye un factor que, curiosamente, se ha arrinconado en el curso de la Gran Recesión. El alza de los precios del petróleo ha quedado sepultado por otros indicadores que han estado más presentes en las agendas políticas, subrayados y difundidos por los medios de comunicación: las cifras del déficit público, de las primas de riesgo, de la deuda pública y del paro. La energía es un decorado de fondo que se enaltece cuando se vincula a negociaciones políticas o a conflictos bélicos. Pero representa una pieza seminal de todo proceso de crecimiento sobre las bases en las que está establecido: su encarecimiento, toda vez que el petróleo barato se ha terminado ya, va a condicionar también la salida de la crisis económica, y el dominio de sus flujos —y de sus stocks— apremiará reestructuraciones en la geografía económica.

Por otra parte, las medidas aplicadas en la Gran Recesión por la Comisión Europea, el FMI y el BCE han tenido unas consecuencias básicas en la Unión Europea: el recorte del gasto público, el rescate de entidades financieras, el aumento del paro, la caída de la demanda agregada y la deflación. Los déficits públicos se han corregido parcialmente; no así la deuda pública, que sigue en aumento precisamente para enjuagar los primeros. Estas recetas, de una severísima austeridad, no están impulsando un crecimiento económico sostenido, al contrario; este proceso está siendo muy frágil, habida cuenta de que a los problemas existentes en las economías privadas —incertidumbre, falta de crédito, quiebras, crisis de inventarios, necesidad de capital circulante, inversión anémica— se le añade la demonización de la economía pública, presentada como la causante de los desequilibrios económicos, despilfarradora e ineficiente, de manera que la solución radica en adelgazarla o en generar formas de privatización de los servicios esenciales (sanidad, transporte, energía). Es así como la Gran Recesión, que se inicia en la esfera privada, se acaba trasladando a la pública con un objetivo esencial: el desmantelamiento del Estado del bienestar, observado como una fuente de gasto —y no de inversión— que apenas genera beneficios. Recortar se ha convertido en el verbo más conjugado por los políticos y los economistas, como una especie de mantra cuya consecución final pondrá los fundamentos para una recuperación efectiva del crecimiento económico. No existen datos empíricos que avalen tal planteamiento, pero no parece importar: el mensaje de que se ha hecho necesario ajustar la economía pública, ligado a la idea de que se ha vivido con excesos, son la justificación perfecta que, además, cuenta con el beneplácito del mainstream académico. Ahora bien, en la Gran Recesión:

Por consiguiente, la realidad económica es tozuda. De entrada, las políticas que se han adoptado han diferido: en Estados Unidos, la actuación de las instituciones públicas ha sido más decidida que en la Unión Europea, dominada por un diseño en el que la potencia germánica ha marcado, sin fisuras, la hoja de ruta. Esta óptica de una dividida eurozona entre un Norte rico, ahorrador, industrial y exportador, y un Sur menos desarrollado, gastador y terciario, se ha consolidado en la Gran Recesión, a causa de las medidas económicas desarrolladas. Se ha perpetrado un engaño deliberado, nada inconsciente: que la salida de la crisis descansaba sobre la capacidad de exportar, y esta, a partir de una economía competitiva que necesitaba, a su vez, de costes más bajos. La patraña se ha divulgado desde cátedras, platós de televisión, emisoras de radio y tabloides reconocidos, aparte de las plataformas políticas: exporte usted más y verá cómo sus problemas se resolverán. Es el modelo alemán de crecimiento que, como el sentido común aconseja, es imposible que sea emulado por todo el mundo. Es así como se ha elaborado una teoría de la devaluación interna —por la vía de rebajar los costes laborales unitarios—, toda vez que en el marco europeo no pueden darse devaluaciones nacionales monetarias. El engranaje es simple, pero de una profundidad mayúscula, sobre dos ejes básicos: los recortes salariales en la Unión Europea deben allanar la competitividad en una globalización muy concurrida, con líderes económicamente agresivos —China, Estados Unidos, Alemania, sobre todo—; y los ajustes draconianos en las economías públicas mezclan deliberadamente inversiones y gastos, si bien la idea que se vende es racionalizar el sector público frente al presunto despropósito de desequilibrios excesivos. El resultado es el incremento del paro, el desplome de los salarios y, a la vez, la mayor participación de los excedentes empresariales en la formación de la renta, mientras que la masa salarial pierde enteros. Dicho de otro modo mucho más directo: la explotación laboral crece en un contexto en el que la tasa de beneficio se ha estancado. La estrategia se ha sustentado en dos pilares básicos:

Con estas premisas, una vez más el sentido común nos hace entender que va a ser muy difícil recuperar la economía: las medidas llevadas a cabo por la Unión Europea están ralentizando la actividad y penalizan la recuperación de la demanda. Además, se agudizan los desequilibrios sociales.

En efecto, la desigualdad crece. El crecimiento económico ha beneficiado sobre todo a un estrato social cada vez más reducido. Este planteamiento no es ideológico, sino empírico. Las investigaciones recientes, que incorporan una potente base de Historia Económica, concluyen de manera solvente que la desigualdad ha aumentado entre 1982 y 2014, bajo los preceptos del paradigma neoliberal. La utilización de otras fuentes estadísticas —relacionadas con la productividad del capital—, que se han incorporado en este libro, van en la misma dirección: la extensión de la desigualdad se correlaciona con una caída de la productividad del capital, un avance en la productividad del trabajo, el incremento de la desocupación y, a su vez, la constatación de dos procesos inversos: la caída de la tasa de ganancia y, con seguridad, el crecimiento de la masa de ganancia. Esto es lo que posibilita seguir con el modelo económico, en un escenario en el que no se acaban de concretar con claridad nuevos nichos de inversión productiva.

En tal aspecto, algunos de los indicadores que se han manejado en este libro, como la productividad del capital y la tasa de ganancia, hacen pensar en la visibilidad de inversiones productivas a corto plazo que resulten atractivas para las empresas. Las transformaciones tecnológicas o tecnoeconómicas han ido emparejadas a posibilidades inversoras que permitían remontar las caídas en la productividad del capital por la vía del progreso técnico, de manera que se sentaban las bases para una nueva fase de acumulación. Yo no veo esto en la economía actual. Las salidas parecen inexistentes si se analizan desde la óptica productiva. Se nos pueden ocurrir muchas opciones: energías renovables, nanotecnología, ingenierías genéticas y ambientales; pero la realidad es que los capitales fluyen hacia negocios especulativos y se encuentran más cómodos en los vericuetos de las finanzas: aquí, algunas operaciones pueden ser arriesgadas, pero su retorno es rápido y los procesos de amortización son igualmente expeditivos. Por tanto, en la fase económica en la que se ha producido la Gran Recesión no auscultamos tampoco liderazgos productivos. Los grandes crecimientos económicos se están generando en países emergentes, y a partir de la producción de commodities cuyos procesos han sido deslocalizados por empresas occidentales, de forma que no estamos ante sectores nuevos, como sí aconteció en otros cambios históricos relacionados con revoluciones tecnológicas. Las TIC tienen sin duda una función esencial en el campo inversor, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Pero no son una panacea que vaya a resolver los graves problemas de los mercados laborales en Europa y, en menor grado, en Estados Unidos.

Las economías más desarrolladas presentan ahora un rasgo definitorio: se han terciarizado. Esto complica todavía más el análisis de la salida de la Gran Recesión. Los economistas se han enfrentado a graves crisis económicas en el pasado y han tenido que aprender sin experiencias previas (el caso de la crisis energética de la década de 1970 es ilustrativo: la estanflación nunca se produjo, de forma que esto representó un reto para académicos y políticos). Pero un nexo común definía las estructuras económicas durante las grandes crisis de 1873, 1929, 1973 y 1979: eran industriales, claramente. La Gran Recesión supone la primera crisis grave que asalta economías de servicios, en los que no siempre existen homogeneizaciones y en donde la mercancía está ausente. Los posibles nichos de inversión tendrán aquí un protagonismo esencial, y no siempre estarán relacionados con cambios en las pautas tecnológicas: la intensidad laboral persistirá y lo que sería razonable es que esta se canalizara hacia actividades que tengan una relación directa con el mantenimiento de los resortes básicos del Estado del bienestar. En tal aspecto, los procesos de educación deberían resultar cruciales, sobre todo en el área de la formación profesional: sanitarios, asistentes, monitores, cuidadores…, trabajos que no requieren necesariamente estudios universitarios, cuya aplicabilidad se vincula a relaciones con la infancia —escuelas primarias, por ejemplo— y con la vejez —residencias geriátricas— y que suponen una mayor intensidad de la fuerza de trabajo.

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Pero todo esto debe ser factible si el empresariado participa, y lo hace con criterios no especulativos: he aquí un aspecto microeconómico que los grandes modelos macroeconómicos tienden a ignorar. Los empresarios actúan bajo la lógica del beneficio, y es normal. Pero también debe decirse sin tapujos que buena parte de ellos no se plantean más retos que los que les facilite el amparo del sector público. Joseph Schumpeter puede pasearse con parte de estos capitanes económicos, pero seguro que no se encontraría cómodo con muchos de ellos. Máxime cuando algunas de sus pretensiones radican en obtener subvenciones públicas u otras regalías, y eso les permite mantener negocios y romper así con un principio teológico liberal: el desarrollo del mercado sin distorsiones. Porque los empresarios saben algo que los economistas convencionales —que son legión— se empecinan en ignorar, absortos por su religión: que ese mercado no funciona en competencia perfecta, que las presiones y las influencias son esenciales y que los puntos de equilibrio no se construyen más que con manos bien visibles. Privatizar, desregular, relajar impuestos, flexibilizar las normativas laborales, todas las peticiones empresariales se concentran en acotar sus costes laborales unitarios; todos los discursos pueden ser, incluso, políticamente muy correctos, como por ejemplo la inquietud por la investigación y la innovación, la formación de los jóvenes o la preocupación por el desempleo, elementos que, no obstante, raramente se trasladan a las cuentas de explotación de las empresas. En la Europa del Sur, la premisa es clara: se busca el menor coste laboral, independientemente de la formación del trabajador. Ese es el objetivo. Y la Gran Recesión lo está rubricando.

A la par, también se deben tener en cuenta otros factores de cara a una nueva política económica que supere las estrecheces y los bloqueos de la actual:

Dos conclusiones de carácter general —cuyos argumentos de base han recorrido todas estas páginas— sirven para poner fin al libro:

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