Prácticamente desde su nacimiento, la financiación de Podemos ha estado en primera plana. La tormenta, que ha vuelto a arreciar con la denuncia presentada el pasado mes de diciembre por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, fue especialmente intensa durante los primeros compases de vida del partido. Se abrían periódicos, televisiones y radios con las últimas informaciones relativas a supuestos fondos procedentes de Venezuela o Irán. Una rueda que se retroalimentaba a medida que todas estas cuestiones intentaban judicializarse. Es lo que en el partido liderado por Pablo Iglesias se llamó directamente “la máquina del fango”. Sin embargo, ninguna de todas esas acciones judiciales que asociaciones vinculadas a la ultraderecha iniciaron en su día terminaron llegando a buen puerto. Sin embargo, algunas de ellas sí que llegaron a provocar situaciones de notable indefensión. El caso más paradigmático fue, sin duda, el que afectó a la reputada magistrada Victoria Rosell, que tuvo que soportar que una querella que le impidió presentarse a las generales del 26-J. Finalmente terminó en nada y ella está de nuevo en primera línea, pero momentáneamente tuvo que apartarse.
El primero en querellarse contra Podemos fue el Partido Socialista de la Justicia, liderado POR José Emilio Rodríguez Menéndez. Este abogado acudió al Tribunal Supremo sólo nueve meses después de la creación de la formación acusándola de haber recibido financiación de Venezuela. La querella se sostenía sobre una noticia publicada en el diario El País en la que se señalaba que la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), considerado el germen del partido y en cuyo consejo ejecutivo figuraban tres de sus dirigentes, había recibido desde 2002 unos 3,7 millones de euros del Gobierno de Venezuela. El Alto Tribunal ni siquiera la admitió a trámite. “Alude a la relación de los querellados tanto con la Fundación CEPS como con el partido político Podemos; y de esta sola mención es de la que parece que extrae la conclusión de que por medio de la primera se financia el partido citado”, señalaba el auto, que añadía que no se desprendía del relato de hechos “indicio alguno de acción delictiva”.
Las acciones judiciales relacionadas con la financiación del partido se intensificaron en los primeros meses de 2015, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y con Podemos subiendo como la espuma en los sondeos. En febrero, el pseudosindicato ultra Manos Limpias volvió a acudir al Supremo acusando a Pablo Iglesias de delitos de desobediencia, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal, apropiación indebida, tráfico de influencias o un delito contra la Hacienda Pública por, entre otras cosas, utilizar la productora Con Mano Izquierda para gestionar fondos que tendrían como origen Venezuela e Irán. De nuevo, el caso ni siquiera llegó a judicializarse. Fue archivada por considerar los magistrados que los hechos, opiniones y sospechas vertidas se exponían “confusamente en un totum revolutum” en el que resultaba “difícil advertir” la presencia de los múltiples delitos que se ponían sobre la mesa.
No fue la única ocasión en la que el colectivo liderado por Miguel Bernard intentó que los tribunales investigaran las actividades de Pablo Iglesias como productor y presentador de televisión en La Tuerka. También probaron suerte en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid. Los argumentos eran exactamente los mismos. Y los delitos que se ponían sobre la mesa, también. Sin embargo, el pseudosindicato ultra volvió a chocar contra este muro. Ni siquiera se admitió a trámite la querella. Recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. Y, de nuevo, batacazo. La Sección Decimoquinta confirmó la decisión tomada en primera instancia. “No se ha aportado indicio alguno diferente”, sostuvieron los magistrados.
Poco tiempo después, Manos Limpias volvió a intentarlo con otra querella en la que se incorporaba el famoso informe Pisa, ese documento sin membrete policial y sin firma, difundido a bombo y platillo por varios medios de comunicación, que posteriormente se demostró falso. Era comienzos de 2016. Por aquel entonces, la formación liderada por Pablo Iglesias acababa de entrar en el Congreso con 69 diputados y las negociaciones para conformar Gobierno estaban en plena ebullición. En abril de ese mismo año, tras horas y horas de debates televisivos sobre esta cuestión, el Supremo volvió a dar carpetazo al asunto. Lo hizo a través de un auto en el que, de nuevo, recordaban que las “meras afirmaciones” sin estar “mínimamente avaladas” por algún elemento que respalde su “verosimilitud” no justifican la apertura de una causa penal. Y en este caso, sostenían los magistrados, no se aportaba “fundamento acreditativo mínimo”.
Ese mismo informe fabricado terminó también en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia interpuesta por la formación política Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP). De nuevo, el caso terminó siendo archivado. El magistrado Alejandro Abascal Junquera decidió hacer suyos los argumentos puestos sobre la mesa por el Ministerio Público, que tachó el documento aportado de “conjunto desordenado de reproducciones de noticias”. “No existe el más mínimo sustento documental o de otro tipo que acredite su existencia [la de delito fiscal o blanqueo de capitales]”, recogía el auto.
¿Cobro en Granadinas?
En julio de ese mismo año, volvió a caer otra denuncia más contra Podemos por financiación ilegal. En este caso, las acciones judiciales las había iniciado ante el Supremo un particular a raíz de una información publicada en mayo –sólo quedaba un mes para la repetición electoral– por OkDiario en la que se aseguraba que Pablo Iglesias habría cobrado algo más de 272.000 dólares del Gobierno de Venezuela a través de una cuenta bancaria radicada en San Vicente y las Granadinas, una información que fue desmentida por la propia entidad financiera. De nuevo, los magistrados señalaron que las “simples noticias” no constituyen “verdaderos” indicios de delito. Presentar tres fotocopias, continuaba el Alto Tribunal, no “justifican” la apertura de un procedimiento penal.
Exactamente lo mismo pasó al partido ultraderechista Vox cuando acudió a los tribunales con esta misma información bajo el brazo y una querella contra el líder de Podemos por los delitos de blanqueo de capitales, delitos electorales y delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. De nuevo, la jueza que se hizo cargo del caso inadmitió la querella por considerar que las “sospechas” eran insuficientes. Los artículos periodísticos puestos sobre la mesa no aportaban ningún elemento que sustentasen las afirmaciones realizadas.
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Errejón, Monedero y Rosell
Durante este lustro, las acciones judiciales también han tenido en el punto de mira a otros destacados dirigentes de la formación morada. Uno de ellos fue Íñigo Errejón, actual líder de Más País, por su famosa beca en la Universidad de Málaga. De nuevo, fue Manos Limpias la que intentó judicializar el caso a través de una querella por un delito de estafa. Y, de nuevo, no lo consiguió. El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga terminó acordando el sobreseimiento de las actuaciones “por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito”. La misma suerte tuvo el pseudosindicato unos meses antes con la denuncia que había presentado ante la Fiscalía del Principado de Asturias por las ayudas públicas que el entonces diputado de Podemos en la región, Daniel Ripa, había recibido para su tesis doctoral. Manos Limpias le acusaba de malversación y estafa por recibir 60.000 euros “sin que transcurrido el plazo fijado en las bases de la convocatoria hubiera sido presentada la correspondiente tesis”. “No está avalada por ninguna prueba”, concluyó el Ministerio Público.
También se ha intentado sentar en el banquillo de los acusados a otro de los fundadores de Podemos: Juan Carlos Monedero. En su caso, los tribunales rechazaron dos querellas –una de Manos Limpias y otra de la Asociación Pro Justicia Siglo XXI– por delito fiscal en las que se acusaba al político de no haber declarado al fisco por los trabajos de asesoría que había realizado para gobiernos latinoamericanos. En el momento en el que se iniciaron las acciones, Monedero ya había regularizado su situación. Junto a este, también causó mucho ruido el caso que afectó a la jueza Victoria Rosell, que decidió no presentarse a las generales del 26-J por el proceso judicial que entonces tenía abierto. La causa se inició a raíz de una querella interpuesta contra ella por el exministro de Industria José Manuel Soria por prevaricación, cohecho y retardo malicioso de un proceso penal. Sin embargo, el caso dio un giro cuando el empresario sobre el que giraba el asunto denunció que el sustituto de Rosell en el juzgado le había dado indicaciones de lo que tenía que decir para perjudicar a la magistrada. Con esta información sobre la mesa, el TSJ de Canarias no dudó en dar carpetazo al asunto.
Prácticamente desde su nacimiento, la financiación de Podemos ha estado en primera plana. La tormenta, que ha vuelto a arreciar con la denuncia presentada el pasado mes de diciembre por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, fue especialmente intensa durante los primeros compases de vida del partido. Se abrían periódicos, televisiones y radios con las últimas informaciones relativas a supuestos fondos procedentes de Venezuela o Irán. Una rueda que se retroalimentaba a medida que todas estas cuestiones intentaban judicializarse. Es lo que en el partido liderado por Pablo Iglesias se llamó directamente “la máquina del fango”. Sin embargo, ninguna de todas esas acciones judiciales que asociaciones vinculadas a la ultraderecha iniciaron en su día terminaron llegando a buen puerto. Sin embargo, algunas de ellas sí que llegaron a provocar situaciones de notable indefensión. El caso más paradigmático fue, sin duda, el que afectó a la reputada magistrada Victoria Rosell, que tuvo que soportar que una querella que le impidió presentarse a las generales del 26-J. Finalmente terminó en nada y ella está de nuevo en primera línea, pero momentáneamente tuvo que apartarse.